El dictamen que constata un sobrecoste de 80 millones en la contrata de comedores escolares de Euskadi enerva a PNV y PSE-EE

Con una semana de retraso para que todos los parlamentarios de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP estuvieran en sus escaños -la oposición en Euskadi suma un voto más que el Gobierno de PNV y PSE-EE en el Parlamento-, se ha aprobado finalmente el dictamen de conclusiones de la comisión que ha investigado las derivadas políticas del cártel de los comedores de los colegios públicos, un grupo de empresas que desde 2003 se repartieron el mayor contrato de la Educación vasca y que generaron un sobrecoste, según ese informe, de hasta 80,2 millones de euros, 48,5 de los cuales habrían salido de los bolsillos de las familias usuarias. Nacionalistas y socialistas, con un tono muy duro, han coincidido en criticar la alianza entre partidos tan dispares y han rebajado el asunto a una mera venganza política para desgastar al Ejecutivo de Urkullu.

El final de esta comisión de investigación, impulsada por la oposición, no ha sido sencillo. De hecho, la representante del PP en el foro, Juana Bengoechea, viró a última hora y cambió el criterio defendido hasta la fecha por su partido, que llegó a comparar este caso con los ERE de Andalucía. Bengoechea se abrió a pactar un documento menos contundente con los partidos del Gobierno pero fue desautorizada y, finalmente, los 'populares' aprobaron el borrador redactado de la presidenta de la comisión, Larraitz Ugarte (EH Bildu) ajustado con enmiendas del representante de Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra, cuyo trabajo para engrasar el dictamen final ha aplaudido el PP.

“Queda acreditado un sobrecoste no justificado en la gestión de servicio de comedores de entre 70,8 y 80,2 millones de euros entre 2003 y 2015, de los cuales entre 28,7 y 33,7 millones se habrían quebrantado al Departamento de Educación, y entre 42,1 y 48,5 millones de euros se habrían detraído a las familias o a través de las cuotas de comedor”, ha argumentado Carmelo Barrio, del PP, que asumió el tema en junio en sustitución de Bengoechea.

Los representantes de PNV y PSE-EE, David Latxaga y José Antonio Pastor, respectivamente, han insistido en que las cifras no se apoyan en “nada concreto”. El socialista, por ejemplo, ha remarcado que no encuentra por ninguna parte el perjuicio para las familias y que los números están sacados “por arte de birli birloque”. Desde la bancada de Elkarrekin Podemos, Becerra ha contraatacado: “Las familias empezaron 2003 pagando un 60% del servicio, y acabaron 2015 pagando un 75%. Eso no es ilegal, coincido con usted, porque el propio sistema puesto en su día en marcha decía que el servicio tenía que ir a una autofinanciación”

Los partidos del Gobierno, han coincidido también en que la oposición tenía “preparadas” las conclusiones de antemano -“medias verdades” que son peor que las mentiras, según Latxaga- y en que se han “filtrado” en estos meses a la prensa para erosionar al Ejecutivo. Sin embargo, los otros partidos han defendido que la comisión surge porque la Autoridad Vasca de la Competencia destapó estas irregularidades y porque después fueron confirmadas en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que rebajó las multas a las empresas (Auzolagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui, Gastronomía Baska, Gastronomía Cantábrica, Eurest y Tamar Las Arenas) por la falta de control por parte de la Administración. El dictamen señala las responsabilidades de varios responsables de Educación. Los consejeros en que se ha producido el cártel de los comedores han sido de EA (Anjeles Iztueta y Tontxu Campos), del PSE-EE (la hoy ministra Isabel Celaá) y del PNV (la actual titular de Educación, Cristina Uriarte).

Mirando directamente a EH Bildu, coalición que integra en la actualidad a EA, Latxaga ha señalado: “Es tal la inquina que le tienen al PNV que, con tal de echar porquería sobre los asientos de los grupos que apoyan al Gobierno, no tienen empacho ni escrúpulos en manchar el nombre de dos consejeros que ahora militan en su formación política. La trayectoria y los testimonios del señor Campos y la señora Iztueta fueron más que elocuentes, pero da igual, les endosa una responsabilidad política que solo ustedes ven, sin piedad”. Latxaga ha denunciado también el electoralismo del PP con este tema y ha rematado las críticas atacando personalmente a Becerra, miembro de Equo, e incluso ridiculizando el cambio climático. “Sí, sí, sí. Se está usted labrando un nombre fuera de su txoko, de su txokito medioambiental y apocalíptico”, ha llegado a decir Latxaga.

“Tengo una mala noticia para todos los que van aprobar hoy el dictamen que se somete a votación. Y la mala noticia es que se les ha acabado el chollo. No van a poder exprimir más jugo al tema de los comedores escolares. No van a poder manosear este trámite. No lo podrán alargar más. Llevan casi dos años a vueltas con esta comisión y algunas de las escenas protagonizadas por sus actores, son más propias de una comedia de enredo que de un Parlamento serio. Un esperpento, un auténtico despropósito que sólo perseguía darle una patada en el trasero al Gobierno de Urkullu. Perseguía su desgaste, no mejorar la contratación pública, ni la gestión de los comedores escolares, ni nada que tenga que ver con el servicio público o el servicio a los ciudadanos”, se ha desquitado el representante del PNV. El asunto, en todo caso, no se ha agotado este jueves. Y es que Becerra interpelará este viernes a la consejera Uriarte en la sesión de control al Gobierno -la primera en más de 100 días- por las medidas que se adoptarán para corregir las fallas en el sistema detectadas por la comisión de investigación.

Las palabras de Latxaga han recordado a otros discursos recientes del PNV en la Cámara, almacenados en las hemerotecas y en el diario de sesiones, cuando la oposición se ha unido para denunciar irregularidades. En un debate sobre la investigación en torno a las oposiciones de Osakidetza, la ya exportavoz Josune Gorospe denunció una “operación PNV” y avisó a oposición y medios de comunicación: “El cazador de hoy es la presa de mañana”. Cuando se habló de Epsilon e Hiriko también hubo dureza: “El informe es parcial, sesgado y tendencioso y responde al impulso político del PP”. Lo mismo ocurrió en el 'caso Margüello', en aquella ocasión denunciado por un Gobierno de los ahora socios del PSE-EE: “Llevan dos años levantando alfombras y vendiendo humo”. Y tras la comisión del 'caso De Miguel', en la que se habló de que los partidos buscaban “con saña” alimentar “juicios mediáticos” sobre la nada.