Fiscales conservadores contra la memoria democrática

Las asociaciones conservadoras de la carrera fiscal alientan una campaña de desprestigio contra la propia Institución y contra su fiscal general, al que llegan a pedir que dimita, politizando el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y negando la facultad de dirección que el estatuto orgánico le otorga. Y lo airean de ese modo en medios, encantadas de ampliar el eco de lo que no es otra cosa que desprestigiar las instituciones cuando ellas no las gobiernan

La Disposición final primera de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y en su artículo 20 se introduce un nuevo apartado que establece que en la Fiscalía General del Estado existirá un fiscal en materia de derechos humanos y memoria democrática, con la categoría de fiscal de Sala, que ejercerá las competencias que la ley señala.

Cumpliendo con este mandato, y para proveer la Fiscalía de Sala, el fiscal general del Estado (FGE) convoca el Consejo Fiscal para someter a su informe los nombramientos que considere, conforme autoriza la ley que regula el Estatuto (art. 13.1 pº 2º). El fiscal general está en pleno ejercicio de su autoridad hasta el día en que cese el Gobierno que le nombra, el 23 de julio próximo (art. 31.1 e de la ley).

Es evidente que, tal y como están actuando estas asociaciones conservadoras, no es solo el fiscal general, que cumple escrupulosamente con la Ley que regula el Ministerio Fiscal y con la Ley de Memoria Democrática, el objetivo de la descalificación al proponer al o los candidatos que considere -en este caso a la fiscal Dolores Delgado-, sino que lo es también la propia ley que ha prometido derogar el señor Núñez Feijoo si llega a ser presidente del Gobierno.

Una ley que reivindica la memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representa, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia.

Estas asociaciones de fiscales, con su actuación y sus descalificaciones, se alinean con la derecha política, entorpecen la puesta en marcha de la ley, de sus objetivos, de reconocer, reparar y dignificar a las víctimas del franquismo y la protección jurídica de los derechos humanos, seguramente a la espera de su derogación como se afirma, porque su visión de la sociedad española y de su realidad parece ser la única válida.

Una lástima este no saber estar, ni respetar, ni a la memoria ni a la legítima voluntad mayoritaria del Parlamento, actuando, además, con grave perjuicio de la institución del Ministerio Fiscal y de la sociedad a la que se deben como funcionarios públicos.