No podemos celebrar esta Ley de Vivienda

Por fin ha pasado. Parecía que nunca iba a llegar. El embrión para una futura Ley de Vivienda ya se encuentra en el Consejo de Ministros. En el país de la especulación y donde la economía del ladrillo se convirtió en la principal industria nacional. El país que quería propietarios y no proletarios, y donde el Estado intervenía para que los precios de la vivienda siempre subieran. Aquí, por fin, vamos a tener una Ley de Vivienda. Pero nuestros problemas no se acaban. El Gobierno ha presentado una Ley de Vivienda que se queda a medio camino. Es como si no se atreviera a regular. Se ven ganas, pero faltan normativas. Esta ley no acaba con los desahucios. No pone fin a los alquileres abusivos. No detiene los abusos inmobiliarios de los bancos y de los fondos buitre. Esta ley no es la Ley de Vivienda que necesitamos y nos merecemos.

Seguirá habiendo el mismo número de desahucios

La Ley de Vivienda no paraliza los desahucios. Con la nueva legislación los desahucios se retrasan dos o cuatro meses, según el caso. Pasado este plazo, se ejecutan. Esto podría permitir a las familias ganar tiempo y buscar alternativas, pero no es real. Cuando se ha llegado a este punto es porque se han agotado todas la vías y la única solución es que intervenga la administración (algo que aunque debiera, no va a ocurrir con esta ley). Seguiremos viendo imágenes de desahucios. Cada poco habrá un vídeo de menores desahuciados que inundarán las redes y los grupos de WhatsApp. El Gobierno dirá que hay que aplicar nuevas medidas para que esto no se repita. Llevan años diciéndolo y el momento es ahora. Pero no va a suceder. 

La ley no bajará el precio de los alquileres

Esta Ley de Vivienda no va a bajar los precios de los alquileres. El Gobierno por fin reconoce que los precios de los alquileres se han disociado de la economía del país y de los hogares, y de que hay que regularlos por ley (como ya hacen muchos países europeos). Para dicho fin, propone que aquellos municipios donde la población destina más del 30% de su renta al pago del alquiler, sean declarados como mercados tensionados y los precios se limiten por ley. Pero esta normativa, según la propuesta actual, va a ser ineficiente y no va a conseguir que bajen los precios. 

El primer problema es que deja en manos de las comunidades autónomas la aplicación de la ley. En comunidades como Madrid, el Gobierno autonómico ya ha anunciado que no aplicará la medida, aunque el conjunto de la capital y la mayoría de los municipios del sur sean mercados tensionados y los precios se deberían limitar por ley. Si el objetivo es poner fin a los alquileres abusivos y limitar los precios en los mercados tensionados, el Gobierno debería establecer los factores que hacen que un municipio se considere como tal. Pero una vez se cumplan los requisitos, la regulación se debería activar de manera automática. De lo contrario, la medida no será efectiva y aumentará la desigualdad entre regiones.

El segundo problema es que esta ley solo reduce el precio de los alquileres de las entidades jurídicas que tengan más de 10 viviendas. Por ejemplo, un particular con 20 viviendas alquiladas en un mercado tensionado, no tendrá que bajar el precio de sus alquileres al quedar fuera de la normativa. Aunque durante los últimos años este casero haya subido los alquileres un 50% en sus 20 viviendas porque el ciclo de especulación se lo permitía. La ley no actuará sobre sus precios y podrá seguir cobrando alquileres abusivos. Por eso el Gobierno debería rectificar y extender la regulación al conjunto de los contratos de alquiler vigentes, para que todos los alquileres estén limitados por el índice de referencia de la zona. La actitud del Gobierno con esta medida es muy contradictoria. Por un lado, reconoce que es problemático que los hogares dediquen más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler. Pero si se busca solucionar esta cuestión, la legislación se tendrá que extender a todos los contratos vigentes en mercados tensionados, al margen de que el titular de la vivienda sea una entidad jurídica o que tenga menos de 10 viviendas. De lo contrario, la regulación no solucionará el problema. Este planteamiento no es nada nuevo, porque así es como funciona el control de precios de Catalunya. 

No regula la actividad de los bancos, de los fondos buitre ni de la SAREB

En 2017 Naciones Unidas publicaba un informe donde anunciaban que la actual crisis de vivienda no se parece a ninguna otra crisis anterior, ya que no se caracteriza por una carencia de vivienda, sino por los usos a los que se destinan los inmuebles. Señala que la principal causa de esta crisis tiene que ver con la compra masiva de viviendas con fines especulativos, por parte de fondos buitre como Blackstone.

Este proceso ha tenido en España un alcance mayor que en otros países. La crisis de los desahucios supuso una crisis de liquidez para los bancos. Sus carteras se llenaron de activos tóxicos y se convirtieron en las grandes inmobiliarias del país. Solucionar la crisis bancaria pasaba por forzar la entrada masiva de los fondos buitre para que compraran las viviendas de los bancos a precio de saldo e impulsaran un nuevo ciclo de subidas. Una solución producida políticamente por el PP desde distintas administraciones en las que gobernaba con mayoría absoluta. En solo unos meses se intervino el sistema financiero-inmobiliario español: se modificó la ley de las socimis para facilitar la entrada de inversiones especulativas y de los fondos, se reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos para reducir los derechos del inquilinato y así facilitar la actividad de los fondos, se facilitaron los desahucios y se vendieron a precio de saldo casi 5.000 viviendas públicas a dos prominentes fondos de inversión (como forma de transmitir confianza y generar expectativas sobre el resurgimiento del mercado inmobiliario español).

La Ley de Vivienda no revierte ninguno de estos procesos ni limita la función especuladora de las entidades financieras. Los bancos y los fondos van a poder seguir desahuciando. No van a tener que ofrecer alquileres sociales a las familias que no tengan alternativa habitacional. También podrán acumular viviendas vacías, incluso en los mismos edificios donde desahucian. Tampoco se eliminan sus privilegios fiscales y esta ley tampoco incluye la dación en pago. Sí, España seguirá siendo una excepción en Europa, y aquí las familias desahuciadas perderán la vivienda, pero mantendrán la deuda.

La Ley de Vivienda no les obliga a nada de esto. Tampoco a las entidades que han recibido dinero público. El caso más estrepitoso es el de la SAREB, el banco malo. La nueva ley no hace referencia a la entidad, aunque esté financiada y avalada con dinero público. El requerimiento mínimo debería ser que la SAREB no desahucie, obligarla a ofrecer alquileres sociales y que tenga que movilizar toda su vivienda vacía para ampliar el parque de vivienda social. Pero no. La Ley de Vivienda no incluye nada de esto. ¿Cómo se atreve el Gobierno a hablar de construir vivienda pública antes de recuperar la vivienda que ya hemos pagado a la SAREB y a otras entidades bancarias? 

Una ley que olvida medidas fundamentales

Hay muchas otras medidas que esta Ley de Vivienda se deja fuera. Aunque tengamos el parque de vivienda vacía más grande de Europa, no habrá un impuesto contra la vivienda vacía. Habrá recargo del IBI cuando el municipio lo considere, pero no un impuesto que de verdad sancione y movilice las más de 3 millones de viviendas vacías que hay en España. Respecto a las comisiones inmobiliarias, las seguiremos pagando los inquilinos. Da igual que sea el arrendador quien contrate los servicios de la agencia y que esta sea cómplice de que firmemos contratos con cláusulas abusivas. Seguiremos siendo los inquilinos quienes las paguemos. Estas, y muchas otras medidas, faltan en la Ley de Vivienda. El Gobierno debería fijarse en la propuesta de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, registrada el pasado mes de septiembre en el Congreso por el movimiento de vivienda y centenares de organizaciones de la sociedad civil. Esta ley sí que podría marcar un antes y un después en nuestro país. Esta ley debería ser el referente del Gobierno. 

A pesar de suponer un cambio respecto a la situación precedente, este texto deja mucho que desear, porque no aborda los principales retos en materia de vivienda a los que nos enfrentamos. Pero no está todo perdido. Hoy el anteproyecto de ley llega al Consejo de Ministros. En los próximos meses llegará al Congreso, comenzará el debate parlamentario y el periodo de enmiendas. Es nuestra responsabilidad presionar y movilizarnos para que esta ley no se quede en nada. Es una oportunidad única para que la vivienda sea por fin un derecho y deje de ser un bien de inversión. Pero esta ley no se puede aprobar así. Hay que mejorarla. Hay que hacerla más garantista. Hay que convertirla en una Ley de Vivienda de verdad.