La presidenta transparente y el silencio de la Asamblea de Madrid

El sistema parlamentario se basa en la elección del gobierno por mandato del poder legislativo. El Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos son, en sus respectivos ámbitos, los depositarios de la voluntad popular. Los gobiernos no son más que mandatarios, literalmente titulares de un mandato, encargados de gestionar los asuntos de quien tiene de verdad, al menos formalmente, el mando, que no es nadie más que el pueblo a través de sus representantes parlamentarios.

Durante mucho tiempo el sistema político español nos acostumbró a otra cosa. Un sistema electoral diseñado para garantizar amplias mayorías (y el sistema de listas cerradas y bloqueadas, dicho sea de paso) llevaba a que los parlamentos fueran relevantes el día que se invistiera un presidente del gobierno y pasaran a vegetar durante años. Pero a partir de 2015, las mayorías absolutas son cosa del pasado. Y esto es una buena noticia para la democracia; cualquier gobierno, para desarrollar su programa, tiene que alcanzar acuerdos y consensos, necesita representar a algo más que a sí mismo. Lo estamos viendo con la gestión del COVID-19: el gobierno de España, ya de por sí plural y multicolor, debe ir al Congreso de los Diputados periódicamente a alcanzar las mayorías necesarias para adoptar sus medidas. Esto dificulta, claro, la actuación, pero supone una garantía frente al despotismo. El gobierno se explica ante la oposición, se expone a su escrutinio, a su crítica y, lo que es más importante, se muestra ante sus ciudadanos.

Un gobierno que prescindiera del parlamento, no es sólo un problema técnico o un argumento de crítica, es, pura y simplemente, un gobierno que escapa de la democracia. Y, en estos momentos de crisis, mientras vivimos debates parlamentarios a nivel estatal que se televisan y levantan pasiones, en tiempos de forzoso apagón futbolístico, oímos, si fuésemos Albert Rivera en un debate electoral, un clamoroso silencio: el de la Asamblea de Madrid.

La Comunidad de Madrid es, dramáticamente, el epicentro de la crisis del COVID-19 en España. Nuestra región tiene la tasa de incidencia y de letalidad más altas del mundo. Su gobierno, un gobierno de PP y Ciudadanos en minoría, lleva 44 días sin someterse al control parlamentario.

Debemos decir, en honor a la verdad, que los grupos parlamentarios de la oposición pecamos de inocentes. En contraste con el acoso y derribo que ha protagonizado el PP con el gobierno de la nación, cuando empezó esta crisis aceptamos la suspensión temporal de la actividad parlamentaria poniendo énfasis en la seguridad y salud de los trabajadores parlamentarios y confiando en el gobierno –quien se comprometió a mantener informada a la oposición fuera de las formalidades parlamentarias–. Había que confiar en el gobierno, esperando reciprocidad en su actuación: transparencia y responsabilidad.

Tengo que decir que nos equivocamos, porque el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha mantenido reuniones telemáticas con la oposición, es cierto; pero las mismas no han sido periódicas, han sido suspendidas sin previo aviso y, lo que es más sangrante, la información transmitida en las mismas ni era coherente ni era fidedigna. Por poner un ejemplo: durante la reunión de portavoces parlamentarios con Isabel Díaz Ayuso en la que le preguntábamos por la situación de las residencias y donde no nos daba cifras, vimos cómo aparecía en la prensa una filtración de su gobierno contándonos que en las residencias de la Comunidad de Madrid habían fallecido más de 3000 personas (cifra que ha resultado, dramáticamente, quedarse corta).

¿Cómo ha conseguido el Gobierno de la Comunidad de Madrid sortear esta ausencia absoluta de control estando en minoría? Pues por la vía de aplicar varias estratégias:

1. Elusión de la responsabilidad. Tergiversando las circunstancias reales ha querido hacer ver que las competencias en los elementos más sensibles de la crisis (sanidad y políticas sociales) habían abandonado su ámbito pasando al gobierno central; pues eso es simplemente falso. El gobierno central ha asumido competencias de coordinación entre administraciones autonómicas y ha aportado recursos (como la actuación de la UME) y fondos extraordinarios a las Comunidades Autónomas –que deberían haber tenido recursos propios si se hubieran gestionado bien– para afrontar la crisis. Ni más ni menos. Las competencias siguen siendo autonómicas; quien no se lo crea que se lea los artículos 6, 12 y 13 del RD 463/2020 que declara el estado de alarma.

Así pues, dónde van los recursos sanitarios o si se medicaliza o no una residencia, si se contrata personal, son responsabilidades exclusivas de los gobiernos autonómicos; los resultados de estas decisiones también.

Hemos visto circunstancias grotescas; el Gobierno de la Comunidad ha llegado a inventarse una prohibición de compra de material por parte del gobierno estatal. No hay ninguna norma de ningún rango con esta prohibición. Y este invento ha venido de un intento de justificar las dificultades en las compras que se ha encontrado el gobierno autonómico en el mercado internacional. Los celebérrimos dos aviones por un importe de 46 millones de euros que iban a llegar en 48 horas y que la presidenta denunció vía twitter que el gobierno del Estado iba a bloquear, tardaron varias semanas en llegar y el material, sospechamos (ningún dato tenemos), no alcanza ni de lejos los millones mencionados.

2. Atribución de las virtudes ajenas. Hemos observado, atónitos, cómo portavoces municipales del PP de forma coordinada, han anunciado que “Isabel Díaz Ayuso ha aportado a tal o cual municipio una cierta cantidad de dinero para los servicios sociales”. Todo bien si no fuera porque ese dinero provenía de la aportación del Gobierno de España (que no tiene competencias) a las Comunidades Autónomas. Este dato se omitía. La propaganda, cuando no se cohonesta con la verdad, no es más que un embuste.

Mientras todo esto ocurría Isabel Díaz Ayuso se ha colocado como principal opositora al gobierno progresista del Estado. Sucesivas visitas –con sesión de fotos incluida– al pabellón del IFEMA, desplante al Presidente del Gobierno llegando dos horas tarde a la conferencia de presidentes, quejas (¡óigase bien!) de falta de transparencia; esto representa una estrategia muy pensada de potenciación de la figura de la presidenta como nueva dama de hierro de la derecha española.

Hay muchos comentarios que minusvaloran a Isabel Díaz Ayuso. Me parecen profundamente erróneos. Ella –y sus asesores– saben perfectamente lo que están haciendo. Dos estrategas como Miguel Ángel Rodríguez y Javier Fernández Lasquetty lo tienen claro: repetición sistemática de mensajes sencillos, batalla ideológica permanente, exaltación de la imagen de la presidenta y no preocuparse mucho si su relación con la verdad es algo “oblicua”. Repetir (quizás como farsa) lo que fue Esperanza Aguirre (como tragedia).

Pero hay un punto flaco en el plan: la debilidad parlamentaria del PP. Si ya necesita a Ciudadanos para gobernar (tratando a su socio con una deslealtad inaudita, intentando atribuir al Consejero Alberto Reyero la responsabilidad por la calamitosa situación de las residencias de la Comunidad de Madrid, derivada de décadas de gestión y privatización del PP), ahora necesita aún más a la Asamblea para tomar medidas.

El pasado 11 de abril, en Junta de Portavoces, acordamos reanudar la actividad parlamentaria (aunque fuera de forma telemática) y planteamos celebrar un pleno el día 23. En ese pleno debía comparecer Isabel Díaz Ayuso dando explicaciones de su gestión; días después la presidenta anunciaba su voluntad de comparecer, una vez más por twitter.

Un día después algo pasó, de nuevo a través de la red social del pajarito, Isabel Díaz Ayuso cambió de opinión. Ya no iría a la Asamblea el 23 de abril sino “en mayo” y con el formato del debate del Estado de la región (un formato que no se ajusta a lo previsto en el reglamento y que la permite pasarse una sesión de las dos que dura hablando ella sola, sin réplicas de la oposición). Posteriormente suspendió la reunión telemática que tenía prevista para ese miércoles con los portavoces; la oposición nos enteramos por la prensa. Queda claro que para el PP, la propaganda está por encima del respeto a la institución.

Desde Unidas Podemos Izquierda Unida intentamos enmendarlo. Solicitamos que se celebrara una Junta de Portavoces el viernes 17 para garantizar que compareciera, pero la mayoría de la Mesa de la Asamblea (PP y Cs) la ha trasladado al lunes. Mucho nos tememos que se alegarán razones técnicas o de otro tipo para librar a la presidenta del control. Intentaremos, por todos los medios, que no sea así.

Nos jugamos, claro, la dignidad de la Asamblea de Madrid (tan apaleada desde los oscuros tiempos del Tamayazo) frente a un ejecutivo que la cree suya, pero nos jugamos más os jugamos la misma esencia de la democracia parlamentaria, un gobierno que pretende gestionar la mayor crisis de la historia reciente de la Comunidad de Madrid sin respaldo ni control parlamentario. Algo que los madrileños y madrileñas, sea cual sea su ideología, ni se merecen ni deben consentir.

La transparencia se está convirtiendo en un significante vacío que cada cual intenta llenar como quiere. Isabel Díaz Ayuso con tweets y videoconferencias sin saber su contenido; pero desde luego para la Asamblea de Madrid y ante los madrileños es muy transparente, tanto que ni se la ve.