Tres buenas razones para un pacto social

Hace unos días, cuando Pedro Sánchez habló de unos nuevos Pactos de La Moncloa, no tuve nada claro si se trataba de un movimiento táctico, que tanto gusta a la política de hoy, un globo sonda o una propuesta de calado.

En aquel momento pensé que la referencia a los Pactos de la Moncloa no ayudaba mucho, pero he de reconocer que después me han asaltado las dudas. Más allá de las grandes diferencias de contexto y de protagonistas, y de los riesgos de lecturas ucrónicas de la historia, la propuesta del Gobierno pretende, como destaca Enric Juliana, crear un marco mental del que sea muy difícil escapar. En situaciones excepcionales, las respuestas requieren de un elevado consenso social y eso es lo que la ciudadanía en general espera. Quienes se opongan van a tener problemas para explicarse.

Sin conocer aún los detalles de la propuesta: metodología, actores, perímetro y naturaleza de los acuerdos, me atrevo a pronunciarme en su favor. Hay, a mi entender, tres poderosas razones para intentar un amplio pacto social.

En primer lugar: la respuesta a esta catástrofe no puede venir solo del ámbito institucional, se precisa de la participación concertada de muchos sectores sociales, especialmente organizaciones sindicales y empresariales (a las que por cierto la CE en su art.7 encarga esta función). Además no hay ningún gobierno ni mayoría política, por muy amplia que sea, que pueda abordar por sí solo unos retos de esta magnitud. Y en un Estado compuesto como el nuestro no basta con la intervención del Gobierno central, se hace imprescindible implicar a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Una segunda razón: el impacto de esta pandemia ha hecho emerger algunos de los valores presentes en nuestra sociedad, pero que hasta ahora vivían intimidados por la hegemonía ideológica ultraliberal. Durante cuatro décadas hemos asistido a la sacralización de la superioridad del mercado para distribuir de manera “eficiente” los recursos; las personas hemos visto mutar nuestra condición de ciudadanos por la de clientes, al mismo tiempo que derechos básicos como la salud se convertían en mercancías; se ha beatificado la meritocracia como gran justificadora de desigualdades; se ha sustituido el esfuerzo solidario y laico de la fiscalidad por la individualista y religiosa caridad de las donaciones.

La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto los peligros de estas políticas ultraliberales y ha revalorizado muchas ideas que durante años han permanecido agazapadas y atemorizadas: la superioridad de lo público cuando se trata de garantizar derechos fundamentales como la salud o los bienes comunes; la función socializadora de la escuela para equilibrar el diferente capital social de las familias; el papel clave del sector público como pagador de último recurso a las personas y facilitador de oxígeno a las empresas; la centralidad social del trabajo (mejor sería decir los trabajos, porque esta crisis ha realzado lo imprescindibles que son los trabajos de cuidados); la importancia de un equilibrio entre lo colectivo y lo individual; las virtudes de la cooperación frente a la competitividad a ultranza.

Todos estas ideas se encuentran en estos momentos instaladas en el terreno de las emociones y nada garantiza que salgan vencedoras de la crisis del coronavirus. Las personas y las sociedades tenemos memoria de pez y nada nos asegura que, cuando pasemos página a la crisis de salud pública, la memoria no flaquee y se nos olviden toda estas enseñanzas. Después de dramas colectivos como estos, los humanos buscamos, porque lo necesitamos, olvidar y el olvido de los sufrimientos puede arrastrar también el olvido de las enseñanzas.

Si queremos que haya un antes y un después de la pandemia hay que trabajar para que este estado emocional se convierta en un cambio de valores y de orientación de las políticas. Y eso requiere generar un gran consenso social, que es como se construyen las hegemonías culturales. Hoy estas ideas las comparten sectores sociales muy amplios, que votan cosas muy distintas pero que en estos momentos parecen tener claro la importancia de la solidaridad, la cooperación y el papel clave del sector público, al que todos, sin distinción de ideologías, le exigimos que venga a salvarnos del naufragio.

Hay que trabajar para incorporar a este cambio de valores a sectores sociales que hasta ahora no los defendían o incluso los despreciaban. Un pacto social podría contribuir a generar consenso sobre estas ideas que la crisis ha hecho emerger pero que aún son débiles.

Por supuesto no se trata de imponer un modelo cerrado de sociedad, los acuerdos siempre comportan equilibrios y los países, cuanto más inclusivos, mejor. Pero si queremos crear una Renta Garantizada de Ciudadanía o ampliar la universalización y gratuidad de la etapa escolar de 0 a 3 años, dignificar el trabajo de cuidados y atención a personas dependientes; si queremos dar apoyo a las empresas para que encaren la recuperación y en muchos casos su reconversión o abordar los costes de transición que impone un cambio en el modelo productivo que sea respetuoso con el medio ambiente nos urge avanzar en una fiscalidad suficiente y más justa. Y lo más importante, necesitamos consolidar unos valores que la crisis ha hecho emerger y que hoy comparten amplios sectores sociales. El pacto social es un buen camino para canalizar todas estas necesidades, ordenarlas, acompasarlas y hacerlas viables.

Una tercera y muy importante razón. Esta crisis múltiple tendrá graves consecuencias en el terreno económico y social. Se hace necesario afrontar la destrucción que una catástrofe como esta provoca, buscando un equilibrio lo más justo posible en el reparto de los costes. No es fácil porque los intereses en juego son diversos y los conflictos son más complejos de lo que dibuja la simplista imagen de lucha entre “los de arriba y los de abajo”. Ese reparto de esfuerzos siempre se puede hacer mejor desde un pacto que dejando que las fuerzas del mercado impongan sus reglas. Ya tenemos experiencias muy duras en este sentido. Esta razón es especialmente importante para los que están en una posición de mayor debilidad y no disponen de resortes para hacerse oír.

Es verdad que los pactos sociales, como todos los acuerdos, visibilizan las contrapartidas y por tanto también los sacrificios, que quedan al albur de las críticas. Cuando no hay acuerdos explícitos la responsabilidad de estos sacrificios se resuelve con el reparto de culpas, muchas veces a entes impersonales que no deben dar nunca explicaciones: el sistema, el capitalismo. Igual esa manera de analizar las cosas nos deja más tranquilos, porque señala unos culpables –que peligroso es el judeocristianismo de los ateos– pero no más protegidos.

Hay que intentar embridar a la bestia que se nos avecina. No hace falta mucha capacidad de prospectiva para saber que una crisis de esta naturaleza dejada de la mano invisible del mercado puede provocar un aumento brutal de la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Y las mayorías de gobierno para hacerle frente tampoco son para tirar cohetes. Como reitera Daniel Innerarity, la política requiere combinar momentos de conflicto con otros de acuerdos. El actual es uno de esos momentos en que se necesitan pactos.

Estas son a mi entender tres grandes razones para impulsar un amplio pacto social y darle apoyo. Pero las razones a favor no bastan y los equilibrios en un pacto nunca caen del cielo sino que son fruto de las fuerzas que cada sector social pueda o sepa movilizar. No es nada fácil, nunca lo ha sido y no va a serlo en el futuro inmediato, pero con un amplio pacto social tenemos la posibilidad de gobernar los efectos del tsunami que se nos avecina. Vale la pena arriesgarse.