Curso intensivo para graduarse como país fascista

España vive una muy preocupante aceleración de la ofensiva ultra que bordea ya lo antidemocrático. Dos escandalosas sentencias judiciales, el asesinato con tintes homófobos de un joven en A Coruña y sus respuestas vienen a demostrar que nuestro país opta a lograr con nota el título más nefasto para una sociedad. Viene de muy atrás, de problemas fundamentales no resueltos y se inscribe en una ofensiva internacional en la que participan activamente los filofascistas españoles, pero su fuerza real es menor que la de una mayoría social que apuesta por la democracia.

Ocurre cuando peor está la derecha, con el PP más desnortado de la historia, fracasadas las fotos desestabilizadoras de Colón y con apenas otro logro que ofrecer que el triunfo de Ayuso sostenido por dos millones de seres –si se suman sus socios y colegas–, magnificados al máximo por sus propios promotores mediáticos, en un país con casi 37 millones de electores.

Y ocurre cuando el Gobierno progresista aprueba proyectos de leyes largamente aplazadas como está haciendo en las últimas semanas en el Congreso, tal como contaba aquí Aitor Riveiro, y este mismo martes en Consejo de Ministros.

El problema está en los tumores latentes que condicionan la salud democrática de cualquier país. Y España está gravemente afectada en dos pilares tan básicos como la justicia y la información y lo que el deterioro de esta desfigura a la sociedad.

Empezamos la semana con la Audiencia Provincial de Madrid avalando el cartel electoral de Vox, sobre los menores extranjeros no acompañados, en una decisión aparentemente política y alineada con el partido ultraderechista español. El cartel contiene datos falsos, pero el tribunal se permitió decir en la sentencia que “con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, [los menores] representan un evidente problema social y político”. Y, añade, que no se trata de “ideas a prohibir” mientras han de admitirse “otras de signo contrario, pero tan criticables o más que estas”. Los datos son manifiesta y demostrablemente falsos.

El hecho es de una gravedad extrema y no ha temblado el país como debiera, porque forma parte de ese todo que va pudriendo los cimientos de España. Como la otra sentencia, esta del Tribunal Supremo, en la que la alta instancia judicial ratifica la condena a Isa Serra, dirigente de Podemos, por su participación contra un desahucio, en 2014. Bajo unos parámetros legales de pura estupefacción. Sin pruebas concluyentes, tal como figura en el auto. Seleccionada por estar allí. En este caso la condena “se construye” –vean– como grupo, cuando en el juicio de El Tarajal optan por “individualizar” la conducta, y como no lo logran, al parecer se archiva el asunto. Habían muerto ahogadas 15 personas a las que se impidió llegar a la orilla.

Un poder judicial, esencial en los nombramientos, caducado desde hace casi tres años, porque a Pablo Casado no le da la real gana renovarlo. Que no responde ni a la petición de que dimitan del sector progresista de la judicatura. Que es vapuleado a menudo por instancias internacionales como ocurrió hace pocas fechas con la Asamblea Plenaria del Consejo de Europa en su tratamiento de los indultos y el procés catalán. Y a donde hay que recurrir con sentencias como la de Isa Serra para que los Tribunales Internacionales resuelvan, tal vez, en varios años. Un poder judicial que no responde ante nadie y ya en numerosas ocasiones tuerce la mano del poder ejecutivo. Con el reiterado aplauso mediático de la prensa ultraconservadora. Tenemos un gran problema.

Llevan razón quienes aseguran que todo esto ha ocurrido durante años en Euskadi y Catalunya y que ni mucho menos todo el resto de España se quejó. Ni siquiera contemplan algunos a los que sí lo hicimos y lo hacemos. Pero, desde luego, el mal de muchos no avala que continúen estas prácticas.

En este clima, con la ultraderecha sentada ya en las instituciones y altavoz abierto en los medios, los postulados machistas, homófobos, fascistas en general se expanden como el aceite. El crimen de Samuel en A Coruña ha desatado una oleada de protestas contra la violencia que sufren las personas LGTBI. Las agresiones homófobas ya menudean. El joven gallego fue apaleado hasta la muerte, por no menos de siete hombres según testigos, en una discusión que se inició por un malentendido pero culminó en brutal ensañamiento al grito de “maricón”. 200 metros huyendo en viacrucis sin dejar de recibir golpes durante 15 minutos hasta que ya no pudo más.

Las protestas en Madrid se han saldado del modo habitual: a palos policiales. Para satisfacción y escarnio de los manifestantes por parte de la diputada de Vox.

Anuncia esta formación ultra que llevará a los tribunales a Juan Carlos Monedero por asociarlos al “fallecimiento” por odio de Samuel y ya vemos cómo respiran algunos tribunales. Y avanzando el día señala a la revista satírica 'El Jueves', dando el nombre, la foto del editor, y la zona donde se ubica su empresa “como sembrador de odio hacia millones de españoles”. “Es posible que muchos de ellos le pidan responsabilidades al salir de su despacho”, dicen. Es inadmisible. Por completo. No puede quedar así. La Fiscalía tiene la palabra.

Los fascistas españoles quieren aprobar con nota la reconversión de este país, volver a lo que nunca se limpió y tiene responsables hasta por inacción culposa. Y a la vez se sube al barco ultra europeo. Suspenden la manifestación LGTBI en Georgia, tras violentos incidentes y la opinión incendiaria del primer ministro. Hungría y Polonia prohíben hablar de homosexualidad y dictan leyes para perseguirla. Vox se alinea con Salvini y Orbán en el manifiesto antieuropeísta y filofascista. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, deja de subvencionar el Orgullo LGTBI y se pone de perfil como suele hacer con el machismo.

Está pasando mientras la corrupción del PP se desparrama por los juzgados. El Inspector Morocho entrega pruebas de cómo se protegía al Gobierno de Rajoy, dice que había conjura policial para salvar al PP al mínimo detalle, como quitar “presidente” y poner “persona”. Y tampoco cruje el país como debiera.

“Yo siempre estoy aquí. Ustedes, los políticos, son los que cambian”. Era una frase clave en Al filo de la democracia o La democracia en peligro, documental nominado al Oscar en 2020 y que narraba la peripecia destructora de Brasil. Ahí se explica con claridad cómo un país se vuelve fascista. Se precisa tirar de sus raíces podridas, manipular a la sociedad, hacer política y trampa desde los tribunales de justicia. Contra Lula Da Silva para llevarlo injustamente a la cárcel en una persecución lawfare implacable. Contra Dilma Rousseff hasta lograr destituirla. El gobierno de los hombres todos, blancos y ricos de Michel Temer. El aplauso de un pueblo al que despojan y ni se entera. Hasta llegar al ultraderechista Bolsonaro elegido en las urnas con su desastrosa y selectiva gestión de la pandemia. Brasil ya lo ha logrado. Y Hungría y Polonia, en buena parte. Y Eslovenia que nos coloca de presidente de turno de la UE a otro “populista” –de ultraderecha– según se les llama en eufemismo edulcorado. Aquí tenemos un Madrid, de momento.

Si miramos la carrera de España, vemos que en la política apenas cambian. Endogámica la derecha española, varios de sus dirigentes han ido teniendo hasta la voz o el tono de Franco. Con acento tejano José María Aznar desde que conoció a Bush para ponerse a la altura de su mesa baja de salón. En voz clasista a lo Aguirre en las punteras de la ultraderecha oficial y la del PP. Y quedan los que siempre están ahí. Los que controlan la economía. O las noticias que se surten y se ocultan. El poder judicial que hace política en flagrante contradicción con su esencia. Y las redes de extorsión con esos dossieres que dotan de poder de coacción a intermediarios y cloaqueros de diversos sectores.

Y esto con un gobierno progresista y el apoyo de una sociedad que no gusta a la derecha. A pesar de los impedimentos, hay una mayoría de votantes que saben lo que ocurre y quieren salir del lastre. Escandalizados de la impunidad de la que gozan delincuentes de cuello blanco y mano sucia y perturbadores de la democracia. Ese gobierno puede y debe hacer más para que ese magma putrefacto no nos engulla como es su propósito y quede de una vez arrinconado en el lugar que le corresponde en la historia.

Pero hay que hacerlo. Y ya. Y en todos los flancos. Con todas las consecuencias. Mañana empieza a ser demasiado tarde.