Delito de lesa inanidad política
La verdadera división no es la que hay entre conservadores y progresistas sino entre autoritarios y libertarios
¡Por favor, un político que tenga una idea, una sola, o aporte una solución que no pase por el Código Penal! Es tremendamente significativo el recurso al delito como única aportación política, ideológica e intelectual. ¡Venga, que entre todos son capaces de pensar algo más adecuado, más elaborado, más político y más efectivo! Es desmoralizadora la poca imaginación y el poco esfuerzo del que hacen gala nuestros próceres, sumidos en ese pensamiento mágico de que el Código Penal está para arreglar o prevenir cosas y no para intervenir cuando no hay remedio y el daño está ya hecho. El derecho penal es en sí la constatación de un fracaso social o de un fracaso político o personal y por ese mismo motivo no constituye una solución y menos que pueda servir para refrenar las ideas o reivindicaciones que no te gustan.
Es perfectamente lógico que el Partido Popular esté en contra del proyecto de Ley de Amnistía. Lo ha estado siempre. Les recuerdo que yo les conté a finales de agosto que el primer contacto de Junts había sido con los populares y que salieron de él sin negociar nada. Lo digo porque hay a quien ahora le parece nuevo. No están ni estaban por la labor y casa con sus planteamientos -hay que saber reconocer la coherencia de los adversarios- pero esperaba de ellos algo más a la hora de presentar enmiendas al proyecto que salir con el Código Penal a dar unos garrotazos a los independentistas. Otra vez. Lo más grave es la ligereza con la que se maneja la idea de ilegalizar partidos, de suspender sus actividades, como si tal paso no fuera de una gravedad máxima en democracia y como si en nuestro ordenamiento no fuera una línea roja que se traspasó con HB, la razón de Estado de los muertos podía mucho, pero que nadie hubiera osado franquear hasta el gobierno con mayoría absoluta de Aznar.
Hasta 2002 España vivió convencida de que sólo las formaciones que incurrieran en el delito de asociación ilícita tenían vedado funcionar como partidos o bien cuando sus actividades fueran contrarias a los principios democráticos. No ponía más barreras la breve, concisa y contundente ley de Partidos de 1978. Como casi todo era más abierto y más libertario en plena Transición de lo que se pretende ahora. No fue hasta 2002 cuando se produce la carrera agosteña entre el juez Garzón -para suspender HB dentro de uno de sus procedimientos- y la decisión de la Sala del 66 del Tribunal Supremo para aplicar la nueva ley de partidos legislada ad hoc e ilegalizarla. No obstante, esa norma a medida para el considerado brazo político de ETA, afirmaba que “cualquier proyecto u objeto se entiende compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Ni Aznar se atrevió a más ni los socialistas se lo hubieran consentido. En aquella época todavía la sociedad conservaba la medida de lo que era grave en un estado democrático y de los muros que no se podían saltar. “No se trata de prohibir la defensa de ideas o doctrinas por más que estas se alejen o pongan en cuestión el marco constitucional”, dice esa ley. ¿Queda claro que defender la independencia o pedir un referéndum de autodeterminación no está prohibido? Ni Aznar se atrevió a más.
Por eso resulta inconcebible que la idea genial de los juristas y asesores áulicos de Feijóo pase por modificar el Código Penal y crear un nuevo delito de “deslealtad constitucional”, concepto jurídico altamente indeterminado y por lo tanto muy peligroso. Ni siquiera quieren reformar la ley de partidos -que ya sería para llevarse las manos a la cabeza- sino que pretenden disolver a aquellas organizaciones que promuevan consultas de independencia. No sé cómo encaja eso en “actividad que vulnere los principios democráticos” porque pedir votaciones no lo hace y por ese motivo han debido elegir la vía aparentemente fácil pero intolerable del Código Penal. Y eso para soslayar también coincidir con Vox en la aplicación de la ley de Partidos a los partidos independentistas. Ni es democráticamente aceptable ni van a conseguir anular los deseos de independencia de parte de los vascos y los catalanes con esa estrategia. Está claro que en materia de unidad de España, siguen apostando por una represión del disidente que no sólo no soluciona sino que encrespa y encabrona. Lo de siempre vamos.
No, el Código Penal no está para acabar con los incómodos indepes. Tampoco está para castigar a los que odian al presidente del Gobierno, dicho sea de paso. Si la amplia comprensión de la libertad de expresión abarca algo es, desde luego, la manifestación así sea grosera o burda del rechazo a la figura de quien encarna el poder. Así lo ha expresado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la quema de efigies del Rey. Y si se puede quemar al rey, del rey abajo entra también Sánchez. No es delito golpear o incendiar o apalizar muñecos, como ya lo dijeron los tribunales en el caso de la quema del monigote de Puigdemont o del ahorcamiento de Carmen Calvo.
Los políticos actuales deben abandonar la deriva restrictiva en la que se adentran. Desde luego tampoco hay que ilegalizar al espectro facha. Llevamos un huevo de años de democracia con los ultras, los falangistas y hasta los neonazis dando vueltas por ahí y hasta presentándose a las elecciones y aquí seguimos y seguiremos. No dejan de escucharse por ahí voces que pretenden ilegalizar a Vox o a estos o aquellos. Al final hay partidarios del autoritarismo en todo el espectro ideológico, pero lo que más arriba expliqué aplicable a los independentistas, también es aplicable a los voxeros. Créanme, es mucho mejor para todos que puedan entrar en el juego político, mucho mejor que intentar prohibirlos o sacarlos del sistema. Ante la duda, siempre más libertad. Así se encauzó la transición y así hemos llegado hasta nuestros días. Si este país no reventó en violencia social durante aquel periodo en el que los muertos reales víctimas de la violencia política regaban las calles -de ETA, del GRAPO, de los Guerrilleros de Cristo Rey, del Batallón Vasco Español, de los GAL, de la policía, de los Grupos Armados Españoles, del Comando Antimarxista, de la Triple A, Fuerza Nueva y otros- si la democracia aguantó, también aguantará ahora que nadie está dispuesto a complicarse la vida por ninguna idea y la violencia afortunadamente no llegará. Ya lo verán.
Dejen de proponer retrotraernos a lugares menos libres y peores que los que disfrutábamos desde hace décadas. Es pura inanidad política e intelectual.
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