¿Izquierda? ¿Revolucionaria?
Eldiario.es informaba la semana pasada sobre un premio entregado a Ecuador “por sus políticas para lograr la igualdad de género”. Se refería la noticia al galardón que otorga el Foro Global de Mujeres Parlamentarias a los países que reducen la brecha entre hombres y mujeres en el ámbito parlamentario.
Premiar los esfuerzos para que las mujeres tengan presencia en los espacios de toma de decisiones está bien y cabe felicitarse porque el gabinete del gobierno ecuatoriano sea paritario, ya que la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones es una pieza clave de la agenda feminista.
Ahora bien, al igual que frente al antediluviano gobierno griego hemos dicho que “sin mujeres no es democracia”, tenemos que dejar claro que la mera presencia es insuficiente. Un proyecto solo es democrático, de izquierdas y revolucionario si estamos las mujeres… ¡y estamos con derechos!
En Ecuador, cada año, se pone en riesgo la vida y la salud de miles de mujeres al negar el acceso a servicios sanitarios para interrumpir embarazos no deseados. Un país que no respeta la libertad de las mujeres para decidir cuándo quieren tener hijos, cuántos y con quién no cumple los parámetros esenciales para ser premiado por promover políticas a favor de la igualdad de género.
¿Cuál es la situación?
- Ecuador es un país que no llega a 16 millones de habitantes.
- Se estiman unos 125.000 abortos anuales (clandestinos) según la OMS y su Ministerio de Salud Nacional.
- Los hospitales ecuatorianos indican que ingresan, anualmente, entre 20.000 y 30.000 mujeres por complicaciones resultado de abortos clandestinos.
- Tiene una tasa de 83 abortos por cada 10.000 habitantes frente a los 24 que tiene España.
- La tercera causa de muerte para las mujeres son las complicaciones derivadas de la clandestinidad de esas interrupciones de embarazos no deseados.
Con este panorama en Ecuador, desde 1971, el Código Penal estipula, bajo las secciones 441-447 del Artículo 149, que el aborto puede ser legal sólo en casos en que la vida de la mujer está seriamente en peligro, así como “si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o demente”.
En los demás supuestos, el personal médico que practique un aborto enfrenta una pena de entre dos y cinco años de cárcel, mientras que la mujer puede ser encarcelada entre uno y cinco años.
Las feministas ecuatorianas que conformaron lista en Alianza País, grupo que apoya al presidente Rafael Correa, iniciaron una campaña para legalizar el acceso a un aborto seguro para cualquier mujer violada.
La virulencia de Correa contra cualquier avance en materia de derechos sexuales y reproductivos le llevo a hacer casus belli, con amago de dimisión incluido y a ejercer fuertes presiones a las parlamentarias para que retirasen la iniciativa; ¡todo para impedir modificaciones que den seguridad sanitaria a las mujeres!
Perdieron las parlamentarias y el único cambio introducido ha sido reemplazar la terminología discriminatoria y ofensiva de “idiota y demente” por “discapacidad mental”.
Esto ocurre en un país donde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Ministerio del Interior calculan que en 18.000 hogares una de cada cuatro mujeres de más de 14 años ha sufrido abuso sexual, y seis de cada diez han sufrido abuso doméstico.
El pacto de Correa con el fundamentalismo anti-derechos, como ya hizo en su día Ortega en Nicaragua, le da la estabilidad que proporcionan los púlpitos ¡ y le ha llevado al extremo de designar, además, a una lobista del Opus Dei como responsable de las políticas de la “Estrategia Intersectorial de Prevención de Embarazo Adolescente y Planificación Familiar” (ENIPLA). Esta lobista del Opus Dei ha mantenido que lo mejor para lograr reducir los embarazos no deseados es promover la abstinencia sexual.
Son esas políticas desconectadas de la realidad las que ponen en riesgo la vida de muchas ecuatorianas y por tanto no parece que el país que las promueve sea merecedor de muchos premios.
