La manada y el silencio de la justicia
No seré yo quién cuestione la necesidad de mejorar la legislación para perseguir más y mejor los delitos contra la libertad sexual y las agresiones sexuales, la urgencia de educar a los jueces o la ciudadanía en materia de igualdad y libertad sexual o la utilidad de reforzar los recursos a disposición del sistema para una protección integral de los derechos. Tampoco seré yo quién cuestione la evidencia de que la justicia española destaca como uno de los ejemplos más relevantes y rutilantes de la pervivencia y preeminencia del patriarcado en nuestras instituciones, desde sus normas de formación y selección a sus procedimiento de funcionamiento o sus reglas de decisión.
Pero tampoco seré yo quién acepte sin más que semejantes evidencias, lejos de convertirse en poderosos incentivos para el cambio, se manipulen como coartadas para la inacción y justificaciones para no arreglar de manera inmediata aquello que puede corregirse hoy mismo. De cara a no afrontar sus responsabilidades presentes, nada más cómodo para cualquier gobierno o sistema judicial que refugiarse en el futuro de milagrosas reformas legales que despejaran todas las dudas, o en mágicos procesos educativos que volverán a todos los hombres buenos, justos y rectos. Los gobiernos no están para desear “reformas mentales” , se eligen para hacer política y gestionar políticas.
No hay manera mejor de respetar las sentencias judiciales que practicar la crítica jurídica. Resulta sorprendente que apenas nadie con voz y responsabilidad en el mundo de la Justicia se haya salido del discurso oficial que declara “ajustado a derecho” el auto que libera a la Manada. Solo faltaba; si no lo fuera, sería delito. No es de recibo que asociaciones profesionales de jueces y fiscales, responsables del poder judicial o lideres políticos y gubernativos se refugien tras semejante simpleza para eludir pronunciarse con la contundencia que merece un auto que no necesita de futuras reformas legales o programas de formación en perspectiva de genero para llegar a la conclusión de que carece de razón jurídica. Es mala justicia impartida por malos jueces; con las leyes de hoy, no las de mañana, puede y debe ser enmendada y sancionada ahora.
Existen dos razones para prologar la prisión preventiva: riesgo de fuga o de repetición del delito. Sostener que los miembros de la Manada carecen de medios para la fuga se basa en el hecho de probado de su insolvencia declarada y fundamenta jurídicamente considerar improbable la fuga; otra cosa sería la opinión que podamos tener sobre la veracidad o no de semejantes declaraciones de insolvencia frente a su notoria capacidad para reunir las exiguas fianzas en menos de un día. Pero los autos judiciales no resuelven opiniones sino hechos y fundamentos de derecho.
Sostener que no concurre riesgo de reiteración delictiva porque los condenados son conocidos y el rechazo social generado les impedirá siquiera tener la oportunidad de reincidir responde a una mera opinión y además temeraria. Por eso es criticable, revisable y, en su caso, sancionable. La hechos que la jurisprudencia ha admitido hasta la fecha como probatorios respecto a la posibilidad de reiteración delictiva siempre se han referido a la falta de antecedentes, el reconocimiento de los hechos y la culpa y la promesa de no reincidir. Jamás al grado de popularidad de los condenados o al rechazo social de sus delitos; mucho menos a las supuestas dificultades para reanudar su vida con normalidad.
Los condenados sí tienen antecedentes penales en algunos casos y en otros se le investiga judicialmente por otro presunto delito sexual, no solo no han reconocido los hechos o su culpa sino que persisten orgullosamente en denigrar a la victima y a quienes la defienden y proclamar rotundos la integridad de su comportamiento. No concurre un solo hecho probado o fundamento de derecho acreditados que sustente la conclusión de que no volverán a delinquir. Lo sabe la ministra, lo saben los miembros del poder judicial, lo saben los portavoces de las asociaciones profesionales y lo saben los colegas de los miembros del tribunal, empezando por su presidente.
El silencio no es respeto, es pasividad. Las reformas de mañana nunca han arreglado las injusticias de hoy. Esto no es una guerra entre hombre y mujeres, ni entre el populacho ignorante y la sabia magistratura. El auto resulta jurídicamente insostenible y así debe decirse y razonarse. No permitamos que el abogado de la Manada, Agustín Martínez Becerra, cite el código penal nazi para descalificar a todos cuantos cuestionamos la condena de sus clientes sin responderle con la contundencia intelectual que su ignorancia jurídica y su mala fe procesal merecen.
