El Supremo oculta “una explotación inaceptable”

Mater semper certa est

Esta misma semana el Supremo ha vuelto a hacerlo: colar de rondón lo que la legislación prohibe. La Sala Civil, tres magistrados varones, ha aprobado el borrado del rastro de nacimiento de un niño nacido mediante vientre de alquiler en un país extranjero, de modo que a partir de ahora en el registro aparezca como nacido en el lugar de domicilio de sus padres. Borrada la madre, borrado el país, borrado el origen, el alto tribunal acaba por consagrar una práctica expresamente prohibida por la legislación española: puedes hacerlo y si lo logras, no dejará rastro.

La misma Sala I que consideró hace solo dos años que los vientres de alquiler “entrañan una explotación inaceptable para el niño y para la madre”, se descuelga ahora borrando la huella de esa gestación en el extranjero o, lo que es lo mismo, aceptando que si se sortea la ley española comprando la capacidad reproductiva de una mujer en el extranjero, no sólo no habrá inconveniente en España sino que todo indicio de tal práctica será borrado de la documentación ya que, como afirman los interesados, “la propia mención del lugar de nacimiento extranjero puede suponer un menoscabo de la intimidad y puede atentar contra el libre desarrollo de la personalidad del menor”. Pasmoso. ¿No es tan normal y adecuado y posible y benéfico comprar la gestación de bebés en los cuerpos de mujeres pobres? No se entiende entonces qué menoscabo puede suponer que el menor en su día lo sepa. ¿No tiene derecho a saberlo, por otra parte?

Hay que dejar constancia de que el Tribunal Supremo aceptando este cambio del lugar del nacimiento del menor está adoptando el papel de legislador. Entre otras cosas porque el Código Civil sólo acepta este cambio al registro del lugar de residencia de los padres para la adopción internacional y, obviamente, no menciona en modo alguno los vientres de alquiler. Los tres magistrados deciden hacer la analogía -legislar, sin paliativos- revocando así las sentencias de la Audiencia Provincial y del juzgado de Primera Instancia que, con toda lógica, denegaban esa alteración de los datos. “No puede considerarse que existan semejanzas con la adopción ya que la gestación por sustitución está expresamente prohibida”, dijo la juez de Instancia. “No puede darse la analogía con la adopción ya que el Código Civil (art. 4) recoge que tiene que existir un supuesto regulado por ley y éste lo está, está prohibido”. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía se opusieron a las pretensiones de estos padres, hasta llegar al TS donde la Fiscalía apoyó la alteración del lugar de nacimiento. 

“Lo que no nos ha dado el Parlamento nos lo ha dado la Justicia” ha proclamado exultante la abogada que ha llevado este pleito estratégico. Tiene tan claro como yo que los jueces han legislado saltándose la voluntad del legislador. Que el pleito es estratégico y tiene detrás toda una gestión para lograr regularizar el mercado de los vientres de alquiler, también lo reconoce a su manera al afirmar que entre 5000 y 6000 familias podrán beneficiarse ahora de esta ficción legal. Y las que vengan.

La cuestión es que esto ha sido posible, efectivamente, por la inacción del Parlamento que está dejando que su voluntad soberana sea suplida por directivas o por sentencias judiciales hasta conseguirse que lo que se considera una violencia contra la mujer acabe siendo no sólo natural sino legal en nuestro país. Y es que la violencia se comete igual en el lugar de nacimiento y falsear ese origen implica blanquearla y, además, impedir al menor conocer en algún momento su origen. Insisto, ese origen tan aceptable que lo quieren legalizar, pero del que luego tienen que borrar las huellas.

¿Qué hace mientras el legislador? Mirar para otro lado. Es curioso que un gobierno progresista formado por partidos que proponían castigar penalmente a las agencias de vientres de alquiler -PSOE 2019- o que hablaban sin ambages de violencia contra las mujeres y explotación reproductiva -Gobierno, 2023- o que están o han estado apoyados por otros partidos que han levantado la voz contra estas prácticas -Irene Montero contra Ana Obregón- no hayan movido un solo dedo para hacer efectiva la petición de los grupos feministas que solicitan la derogación de la instrucción sobre registro de 2010 y la reforma de 2019 y que apuestan por una prohibición total, previa moratoria para los casos que ya estén en marcha. Estos colectivos consideran que sólo el no reconocimiento de la inscripción a favor del comitente de las violencias y la explotación en el extranjero, frenaría el incremento de esta práctica. Prohibir en España y admitir de facto, como hacen las directivas y ahora el Supremo, supone lanzar el mensaje de que protegemos contra la explotación a las mujeres de aquí pero que, oiga, si puede explotar a las de otro lugar, no sólo haremos la vista gorda sino que le facilitaremos hasta hacer desaparecer las pruebas. El PP es el único partido que se muestra de perfil en esta cuestión: “Es un aspecto complejo que merece debates profundos”, alcanzó a proferir Cuca Gamarra cuando el caso de Ana Obregón.

Los litigios estratégicos que se llevan a cabo están desde luego apoyados por el lobby de empresas que obtienen beneficio de esta práctica inhumana. Las organizaciones de mujeres explican que lo que intentan, para conseguir el visto bueno total a su negocio, es fragmentar el proceso: la gestación y el parto son un trozo y la inscripción y filiación y vida del menor otro. En el fondo se trata de negar que la maternidad quede determinada por el parto -Mater semper certa est- y conseguir que sea un proceso desvinculado de la realidad biológica de las mujeres que pasan así a convertirse en meros receptáculos incubatorios sin que de ello se derive realidad humana o jurídica alguna. 

Hay muchas fuerzas y grupos de presión en liza. Los partidos prefieren no enfrentarse, unos a unos lobbys y otros, a otros. Lo cierto es que poco a poco se va a instalar la tolerancia legal y social a la explotación reproductiva de mujeres pobres y, ya puestos, si es posible hacerlo con total garantía con las extranjeras ¿por qué no darles la oportunidad de entrar en ese fantástico mercado altruista a las españolas con problemas económicos? Es sarcasmo, claro. Debátanlo, vótenlo, aclárense, lo que no puede suceder es que tres señores con toga le den la vuelta ahora de facto y con melindres técnicos a toda una política legislativa y de estado.