La tarifa plana de los 100 euros: una medida cara, regresiva y corto-placista

El Ejecutivo acaba de aprobar la que será sin duda su propuesta estrella para el fomento del empleo y la contratación indefinida de la legislatura. En concreto, la medida consiste en una reducción de las cotizaciones sociales para nuevas contrataciones de carácter indefinido realizadas en lo que queda de 2014 que mantengan el empleo neto dentro de la empresa durante al menos tres años.

La reducción es tal que el pago por contingencias comunes (23,6% de la base de cotización) se limita a 100 euros (pudiendo reducirse hasta los 50 euros si la contratación es a tiempo parcial). Se trata de una medida generalizada a todas las contrataciones, con el único compromiso de mantenerlos en el empleo por tres años. No hacerlo implicaría un reembolso de parte de la bonificación percibida.

Antes de entrar a valorar la medida, me gustaría poner de relieve que no he sido capaz de encontrar la memoria económica de ésta. Hasta donde yo sé, aunque se ha usado la vía del real decreto ley, es obligatorio presentarla y, por lo tanto, estoy seguro de que aparecerá. Pero no parece serio, o cuando menos indica un cierto grado de improvisación, que no se haya publicado en paralelo a la salida de la medida en el BOE.

La medida presenta tres problemas fundamentales: es cara y es regresiva y es corto-placista. Para un mayor detalle técnico, recomiendo leer el siguiente post que hemos sacado recientemente en el blog Nada es Gratis.

Por un lado, no sólo se trata de una media excesivamente cara, sino que además tiene un elevado coste o peso muerto. Hablamos de peso muerto en el sentido de que se van a beneficiar muchas empresas por hacer lo mismo que hubieran hecho sin que la tarifa plana estuviera en vigor.

En otras palabras, el año pasado, cuando no existía una medida similar, se hicieron 1.135.000 contratos indefinidos. Es importante tener en cuenta que las economías, aunque destruyan empleo neto, que es la cifra que normalmente se observa, siempre crean empleos nuevos. Lo que ocurre es que esos empleos creados por las empresas que van bien son compensados por los despidos de las que van mal. Y además normalmente se trata de empresas distintas.

Por lo tanto, todas esas empresas que sabemos van a contratar, pase lo que pase, se van beneficiar de esta medida. ¿Cuántas pueden ser estas contrataciones que se hubieran producido igualmente? En Nada es Gratis estimamos que la cifra estaría en torno a los 850.000 empleos y que el coste rondará los 2.500 millones al año.

Es decir, dado que estas contrataciones se iban a producir igualmente, el coste hundido de la medida asciende a 5.000 millones por dos años. ¿Tiene sentido regalar a las empresas 5.000 millones por hacer algo que iban a hacer igualmente? En cierto que algunos expertos defienden lo que se denomina devaluación fiscal, pero para ello la medida tiene que ser permanente y compensar la caída en los ingresos con la subida del IVA.

Precisamente una devaluación fiscal se denomina así porque la subida del IVA aumenta el precio de las importaciones sin modificar el precio de las exportaciones. Cabe recordar que las empresas exportadoras están exentas de facturar el IVA por sus ventas al exterior y tienen derecho a la devolución del IVA soportado.

Por un lado, la reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social aligera el coste laboral, reduciendo el precio de producción doméstico. Como consecuencia, se abaratan las exportaciones y se encarecen las importaciones, igual que ocurría cuando se devaluaba la peseta. No quiero decir con esto que apoye la devaluación fiscal pero sí explicar que la medida aprobada, hasta lo que se ha anunciado, es temporal y no considera compensar a las arcas de la Seguridad Social por esta merma en sus ingresos, como sí debería hacer si estuviéramos hablando de una devaluación fiscal planificada.

Por otro lado, la medida es muy regresiva. Por ejemplo, para un sueldo bruto anual de 20.000 euros, la medida implica que el empleador se ahorrará 3.520 euros anuales de cotización a la Seguridad Social por cada empleo nuevo creado. Pero esto es en media. Si se contratara a un trabajador por la base mínima o el salario mínimo interprofesional (SMI) –9.036€–, la reducción es de 932.5 euros; mientras que si se contratara por la base máxima (41.108,4€), la reducción es de 8.501,6 euros.

Es, por tanto, una medida muy regresiva en la medida en que supone una rebaja de costes mucho mayor para salarios altos (donde se ahorra un 69%) que para salarios bajos (con un ahorro del 34%). Es decir, se trata de una bonificación para el empleo indefinido que es más generosa cuanto mayor es el salario del trabajador contratado. ¿Tiene esto algún sentido económico?

Es evidente que con la medida será mas barato contratar de forma indefinida y, por lo tanto, sabemos que muchas contrataciones temporales serán sustituidas por contrataciones indefinidas. Esto es, aparte de las contrataciones que se iban a producir igualmente, podemos esperar que, gracias a la medida, muchas contrataciones temporales se conviertan en indefinidas. No obstante, la evidencia empírica nos dice que este tipo de política de bonificaciones generalizadas no tiene efectos tan favorables, ya que sus efectos son temporales o corto-placistas.

En primer lugar, porque en muchos casos las bonificaciones no son más que una forma de subvencionar el coste de despido que pagan las empresas. O dicho de otra forma, aunque se contrate un trabajador de forma indefinida para despedirlo después, el empresario ahorra dinero. Según nuestros cálculos, aunque al cabo de tres años se le despida, existe incluso ahorro de costes respecto a la contratación vía contrato temporal.

Y, en segundo lugar, porque sabemos que las medidas resultan más efectivas cuando se aplican con mayor generosidad a los colectivos con mayores problemas de empleabilidad. La medida es tan regresiva que por el dinero gastado en bonificar la contratación de un alto ejecutivo que iba a ser contratado igualmente, se podrían bonificar a nueve trabajadores con salarios similares al SMI (probablemente, en colectivos más sensibles al desempleo).

En conclusión, esta medida no sólo es cara y regresiva, sino que además sólo tendrá efectos temporales, por lo que debería rediseñarse en función de sus objetivos de la siguiente forma:

– Si el objetivo es mejorar la empleabilidad de forma permanente, deberíamos diseñar una medida que favoreciera únicamente a los colectivos con mayores dificultades de empleabilidad, y no a trabajadores muy cualificados que van a ser contratados con y sin medida.

– Si el objetivo es reducir la temporalidad, creo que tendría mas sentido la introducción de un contrato único con coste indemnizatorio creciente, como defendí en eldiario.es no hace mucho tiempo (ver aquí).

– Si el objetivo es mejorar el empleo, es fácil encontrar un mejor uso de los 5.000 millones de euros que se pretende regalar a las empresas con esta medida.

No voy a entrar a discutir si en términos de rédito electoral es mejorable pero, en términos económicos, creo que nadie pone en duda que utilizar esos recursos para potenciar las políticas activas tendría un efecto mas permanente sobre la creación de empleo.

Es cierto que el Gobierno ha anunciado medidas para mejorar su gestión pero, tal como apuntan los expertos, esto no es suficiente. La recuperación de muchos de los parados de larga duración sólo va a ser posible con inversión en su formación, apoyo y reciclaje profesional. Seguro que para esto no habrá dinero…