Casado solo negociará con Sánchez si el Gobierno asume las políticas económicas y territoriales del PP

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha planteado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su reunión en la Moncloa, una suerte de ultimátum si quiere que los populares se sienten a hablar sobre pactos de Estado como el de las pensiones o la financiación autonómica así como para la renovación de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en situación de interinidad desde diciembre de 2018. Se trata de reformas que requieren de mayorías cualificadas en el Congreso y, por tanto, resulta imprescindible un acuerdo entre PSOE y PP que, sin embargo, de momento parece imposible.

Tras el encuentro, que se prolongó durante una hora y media y que escenificó la ruptura total entre ambos dirigentes, desde la dirección popular explicaban que la única manera de que Casado y los suyos se sienten a negociar con el Ejecutivo es que el Gobierno asuma las políticas económicas y territoriales del PP. El propio líder de los conservadores citó algunas de esas exigencias durante la rueda de prensa posterior a la reunión, como una bajada generalizada de impuestos, la ruptura del diálogo con las fuerzas independentistas o el fin de la política que Casado llama de “apaciguamiento” en Catalunya.

“Si rompe con los independentistas, aquí tiene al PP para sentarse a hablar de los problemas de la gente”, sentenciaba el mismo Casado que durante las negociaciones para formar gobierno no quiso ni siquiera entrar a valorar la posibilidad de facilitar con su abstención la investidura de Sánchez por su acuerdo con Unidas Podemos, forzando al líder socialista a buscar apoyos entre las fuerzas nacionalistas, al igual que hizo el PP –José María Aznar llegó a la Moncloa en 1996 con el apoyo de PNV y CiU– en el pasado.

Esta actitud del líder de los populares llevaba a la Presidencia del Gobierno a hacer público un comunicado, incluso antes de que Casado compareciera ante los medios, denunciando “que el PP sigue instalado en su estrategia de bloqueo”. Desde las filas del principal partido de la oposición culpaban en cambio al propio Ejecutivo del “bloqueo” por no querer romper con sus “socios”. Improvisaban, además, un argumentario sosteniendo que Casado había ofrecido a Sánchez un “compromiso por España”, pese a que sabían de antemano que iba a ser rechazado, por suponer de facto un giro de 180 grados en las políticas gubernamentales.

Una gran coalición económica

La dirección del PP plantea que el Ejecutivo renuncie a algunos de los ejes estratégicos de su acción de gobierno como el diálogo como base para superar el “conflicto político” en Catalunya o su plan fiscal, que implica subir impuestos a los más ricos. También que rechace derogar la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. A cambio, apuntan fuentes de Génova 13, los populares estarían dispuestos a negociar los Presupuestos Generales del Estado, en lo que consideran un “pacto para la legislatura”, que daría a Sánchez “estabilidad” para los próximos cuatro años a través de una especie de gran coalición económica entre PSOE y PP.

Siempre según fuentes de la dirección del PP, Sánchez habría trasladado a Casado que “no considera un disparate” ese posible apoyo de los populares a las cuentas del Estado. De hecho, dirigentes de la máxima responsabilidad en Génova 13 presumían de haber “sorprendido” al jefe del Ejecutivo con su propuesta y aseguraban que Sánchez incluso “agradeció” al líder del PP esa predisposición.

La lectura que se hacía desde el Gobierno era, sin embargo, bien distinta: “No hemos encontrado en el señor Casado la actitud de colaboración que entendemos que la situación de España requiere”, señalaba la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en rueda de prensa.

El equipo de Casado, que reconoce que mantiene una batalla con el Gobierno “por el relato” del encuentro entre el líder del PP y Sánchez, no quiere que en la mente de los ciudadanos se perciba a la formación conservadora como la que bloquea el entendimiento político y a primera hora de la tarde, lanzaba en redes una campaña bajo el hashtag #CompromisoPorEspaña para defender la labor de su máximo líder.

“Un partido de Estado”

Horas antes, Casado había utilizado el atril de la Moncloa para hacer un resumen del programa electoral con el que se presentó a las últimas elecciones generales, que volvió a ganar el PSOE. Sin moverse un ápice de esos planteamientos que propuso para el 10N, el líder del PP exigía a Sánchez la aplicación de varias de sus iniciativas para poder iniciar un diálogo. El líder de los populares pidió al jefe del Ejecutivo que “renuncie a la mesa de negociación con los independentistas” o que garantice “la inhabilitación” del president de la Generalitat, Quim Torra.

Casado también pedía a Sánchez que no modifique el Código Penal “para conceder indultos por la puerta de atrás” y que no nombre a la exministra de Justicia Dolores Delgado como próxima fiscal general del Estado. En materia económica, le solicitaba que mantenga la reforma laboral, que renuncie a la subida de impuestos y que “se preserve la caja única de la Seguridad Social”.

“El PP es un partido de Estado y de Gobierno, incluso estando en la oposición, y, por ello, no se puede quedar de brazos cruzados ante los problemas de los españoles”, aseguraba Casado en rueda de prensa, tratando de escenificar un nuevo viraje hacia la moderación, que contrastaba con el perfil que mostró hace tan solo una semana en el Congreso, donde acusó al Ejecutivo de pactar “con terroristas” o de ayudar a la “narcodictadura” venezolana. Ahora, el líder de los populares sostiene que “el PP es la fuerza tranquila de esa España que quiere” que los políticos se ocupen “de sus preocupaciones”.

En el PP son conscientes de que Sánchez y su Gobierno no van a cambiar sus políticas de forma drástica, tal y como exigen. Y reconocen que los acuerdos entre populares y socialistas no son su prioridad. “¿A quién le interesa la renovación del CGPJ? Los ciudadanos no están pensando en ello”, explican fuentes de la máxima responsabilidad en las filas populares.

El CGPJ seguirá con mayoría conservadora

El máximo órgano de los jueces está en situación de interinidad desde diciembre de 2018, cuando el PP hizo saltar por los aires el acuerdo que entonces alcanzó con el PSOE después de que se difundiera un mensaje de Whatsapp del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía del acuerdo alcanzado con el PSOE –que daba 11 puestos a magistrados progresistas y otros nueve a conservadores– al nombrar al juez conservador Manuel Marchena presidente del mismo.

Tras conocerse ese mensaje, Marchena renunció al cargo que se le iba a ofrecer y, tras constatar que la presidencia del CGPJ podía no estar garantizada para el bando conservador, el PP decidió romper el acuerdo y propuso “volver al sistema de elección judicial que consagra la Constitución Española”, es decir, que sean los propios jueces los que propongan una lista de 12 candidatos que deberían ser refrendados luego por el Congreso y el Senado. El CGPJ interino, cuya renovación el PP sostiene que no es una prioridad para los españoles, sigue siendo de mayoría conservadora.