El Supremo da tres días a la Fiscalía para que diga si el caso 'procés' se debe juzgar en el TSJ catalán
El Tribunal Supremo ha dado este miércoles tres días a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox para que se pronuncien sobre la petición de los 18 líderes soberanistas acusados para que el juicio al 'procés' se celebre en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en vez de en el Alto Tribunal.
Además de pedir la recusación del presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, por su “vinculación” con el PP, las defensas de los líderes soberanistas plantearon que el Supremo no es el tribunal competente para juzgar el caso, sino que lo es el TSJC. Previsiblemente tanto las acusaciones como el tribunal rechazarán que la causa se juzgue en Catalunya en los escritos que presentarán los próximos tres días. El Supremo ha dado el mismo plazo para que las defensas aporten la documentación que sustenta su petición.
Una vez presentados todos los escritos, el Supremo dirá qué documentos acepta o no, y fijará una fecha para que las partes expongan sus argumentos en una vista. Un día después, el tribunal decidirá si el caso se mantiene en el Supremo –algo que las propias defensas creen que ocurrirá– o si pasa al TSJC. A partir de entonces se darán 10 días más a los acusados para que presenten sus escritos de defensa, aunque algunas defensas, como la de Sànchez, Rull y Turull, han pedido que el plazo sea de 90 días, mientras que la de Santi Vila, Jordi Cuixart o Joaquim Forn han solicitado 30 días.
Por otro lado, la Fiscalía ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que archive de plano las recusaciones por parte de la expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, la exmiembro de la Mesa de la Cámara Anna Simó y el que fuera presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart contra el presidente del tribunal que juzgará el 'procés', Manuel Marchena, informa Europa Press.
Los fiscales abogan por rechazar sin más trámites las recusaciones presentadas por el líder de Òmnium también contra el resto de magistrados del tribunal enjuiciador, a los que Cuixart quería apartar del juicio basándose varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), entre ellas la que concluyó Arnaldo Otegi no había tenido un juicio justo por el caso Bateragune por la animadversión contra él de la presidenta del tribunal que lo juzgó, Ángela Murillo.
El ministerio público ya emitió este lunes un informe oponiéndose a la recusación de Marchena presentada por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsejero Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez. Los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal argumentaron que no hay ni un solo “dato objetivo sobre la conducta o disposición del Magistrado que permita fundar alguna sospecha”.
Los procesados denunciaron que Marchena había perdido la falta de imparcialidad al revelarse el pacto entre el PP y el Gobierno para ponerle al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el 'whatsapp' enviado por el portavoz de los 'populares' del Senado presumiendo que este nombramiento permitiría controlar “desde detrás” la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la encargada de juzgar a los líderes independentistas.
