La Junta Electoral lleva a Torra a la Fiscalía a cinco semanas de las generales con la amenaza de inhabilitarlo
A solo cinco semanas de las elecciones generales la Junta Electoral Central (JEC) amenaza con abrir una nuevo frente en los tribunales para el independentismo. La decisión del presidente catalán, Quim Torra, de desafiar el mandato de retirar de los edificios públicos los lazos amarillos, que piden la libertad de los presos independentistas, ha derivado en una denuncia ante la fiscalía por la posible comisión de un delito de desobediencia.
El ministerio público deberá estudiar ahora los argumentos de la Junta Electoral Central, para determinar si judicializa el asunto de los lazos y lleva a Torra ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el órgano competente para juzgar al presidente autonómico, por su condición de aforado.
Hasta la fecha, Torra nunca había sido señalado por la presunta comisión de ningún delito y la disputa por el uso de los símbolos en apoyo de los presos podría, en caso de llegar a juicio, acarrearle una condena de inhabilitación para cargo público. Y todo a las puertas de unas elecciones generales, para las que quedan cinco semanas y a las que el independentismo acude fracturado y con los políticos presos como principal argumento electoral.
Si la Fiscalía acaba actuando ante el desafío de Torra se abriría un nuevo punto de tensión a las puertas de la campaña electoral, que daría munición a ambas partes y que previsiblemente no concluiría hasta después de los comicios. A la tensión judicial en el Supremo se le añadiría otra en el Tribunal Superior autonómico, y todo ello cuando el independentismo acude a las generales reservando los puestos principales en sus listas para los políticos presos: Oriol Junqueras encabeza la lista de ERC mientras el PDeCAT apuesta por Jordi Sànchez.
Como ya ocurriera con Artur Mas tras la consulta del 9 de noviembre de 2014, la denuncia a Torra contra la Fiscalía por desobediencia volvería a dejar el futuro de la primera autoridad de la política catalana en manos de la Justicia. El artículo 410 del Código Penal asegura: “Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.
El nuevo escenario se abre después de unos días de órdagos del presidente catalán a cuenta de los lazos y las esteladas en los edificios públicos que ha bordeado la provocación en todo momento. El Govern ha incumplido cada plazo que la Junta Electoral le ha ido dando (primero 48 horas y después 24) para retirar los símbolos, pero siempre ha respondido con escritos exculpatorios solicitando más tiempo e introduciendo al Sindic de Greuges como árbitro para la toma de una decisión que el órgano electoral ya había comunicado por la vía imperativa.
A pocas horas de iniciarse la reunión en la que la Junta Electoral debía tomar su decisión definitiva, Torra hizo su último movimiento: tapar los lazos amarillos con otros de diferente color pero igual significado. La estratagema ni siquiera ha sido considerada por la JEC, que ajena al cambio cromático de los símbolos ha decidido denunciar ante la Fiscalía la posible desobediencia que relata el artículo 410 del Código Penal. Además, la Junta ha dado una orden administrativa al conseller de Interior para que ordene a los Mossos la retirada de las polémicas telas.
La Junta Electoral ha decidido usar todos los mecanismos que estaban en su mano como respuesta al nuevo reto del presidente catalán. Con la multa y la orden a los Mossos (da hasta las 15 horas del viernes para retirar todos esos símbolos) hubiera bastado para sacar lazos y esteladas de los edificios, pero los jueces de la Junta Electoral Central han decidido en el uso de sus competencias denunciar ante la Fiscalía a cinco semanas de las elecciones.
La Junta Electoral Central es el órgano encargado de velar por el correcto cumplimiento de las normas durante los procesos electorales. Se reúne en el Congreso de los Diputados y está integrada por magistrados del Tribunal Supremo. Luciano Varela y Ana Ferrer, dos de esos magistrados que la integran forman parte del tribunal que está juzgando a los líderes del Procés, pero en el caso de los lazos se han inhibido para no contaminar las decisiones de uno y otro proceso.
Torra se enfrenta a una denuncia por desobediencia, un delito que conlleva penas de inhabilitación para cargo público, una condena que ya apartó de la política a Artur Más. Entre ambos, ejerció el cargo Carles Puigdemont, que se encuentra sin posibilidad de entrar en España para evitar ser encarcelado por su papel durante el procés.
