El juez aprecia indicios de cooperación o complicidad en la infanta Cristina

El juez José Castro ha imputado hoy a la infanta Cristina al apreciar indicios de que pudo consentir que su parentesco con el rey fuera usado por Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, en las actividades de Nóos, lo que podría constituir “un supuesto de cooperación necesaria” o “complicidad” en los delitos por los que se les procesa a ambos.

En el auto de diecinueve páginas en el que cita a declarar como imputada a la infanta, el juez señala que no despejar en la instrucción del caso la duda de si ella conocía la aplicación que hacía Urdangarin de su presencia como vocal en el Instituto Nóos y en la empresa Aizoon SL sería “un cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos”.

El juez señala que dejar que esa “incógnita se perpetúe” sería, además, una contradicción con la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales.

El juez detalla en su escrito catorce indicios que hacen dudar de si la infanta conocía el uso de su presencia como vocal en Nóos y de su participación al 50 % con su marido en la inmobiliaria Aizoon.

Según el juez, esos indicios proceden de la declaración del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, de los numerosos correos electrónicos aportados a la causa por éste y de la versión ofrecida en sede judicial por el secretario de las infantas, Carlos García Revenga.

Añade que si bien esos indicios por sí solos y considerados de forma aislada carecen de “peso suficiente para sustentar una imputación” de la infanta y no constituyen “indicios racionales” de que “interviniera activa y decididamente” en la gestión cotidiana de Nóos y Aizoon, sí indican que “bastaba con que prestara su consentimiento a que su parentesco con S.M. el rey fuera utilizado”.

Señala que ese posible consentimiento, junto con la presencia también en la junta directiva de Nóos del secretario de las infantas, era suficiente para “propiciar un trato generoso” por parte de empresas privadas y para que las administraciones públicas prescindieran de los cauces y controles de rigor, “disfrutando junto con su marido de los beneficios obtenidos”.

Castro considera dudoso que empresas e instituciones se hubieran “aquietado tan pacíficamente” a las proposiciones de Urdangarin y Torres “sin contar con el aparente y consensuado refuerzo de la Casa de S.M. el rey”, que “intencionadamente se hacía desprender” de que en la junta directiva de Nóos figurasen los nombres de la infanta y García Revenga.

Si hubo “consentimiento y conocimiento presente y futuro” por parte de la infanta, “podría ser calificado como un supuesto de cooperación necesaria a los delitos supuestamente cometidos” por Urdangarin y Torres, o “cuando menos de complicidad”.

El juez considera “inevitable” que, ante tales indicios, la infanta preste declaración “al objeto de que, si ese fuere el caso, se despeje cualquier duda”, en el actual momento de la causa que describe como “la recta final de la instrucción”.

“No parece procedente que ésta se ultime gravitando la más mínima sombra de sospecha sobre la intervención que aquélla (la infanta) haya podido tener”, dice Castro.

El magistrado subraya que su citación no prejuzga actuaciones procesales ulteriores y deja abierto “todo el abanico de opciones procesales legalmente previsto”, desde el sobreseimiento a posibles “reproches penales” o civiles por parte de las acusaciones.

También recuerda que la infanta ha sido citada a declarar como imputada y asistida de letrado en garantía de sus derechos y al igual que se ha hecho con los restantes componentes de la junta directiva de Nóos.

El juez quiere que la infanta “facilite las explicaciones que tenga por conveniente” en una declaración que versará sobre su intervención en el Instituto Nóos y Aizoon, el manejo y destino de los fondos derivados de esas entidades y las cuestiones que se puedan desprender de ellas.