CRÓNICA | El Estado soy yo o cómo Pedro Sánchez ha vuelto a darse un castañazo en una entrevista

Lo malo para Pedro Sánchez de celebrar dos elecciones en un año es que tenía la posibilidad de tropezar y caer de bruces en dos campañas diferentes a nada que se le complicaran las entrevistas. Ocurrió en abril cuando dijo que desde luego que la presencia de Pablo Iglesias en el Gobierno de coalición era el único problema que impedía un acuerdo con Podemos. Al retirarse Iglesias de la ecuación, Sánchez se vio obligado a iniciar unas negociaciones que no quería afrontar. Te calientas en una entrevista y luego quedas prisionero de tus palabras.

Ahora vuelve a ocurrir algo similar y esta vez la cosa es más delicada, porque tiene que ver con el funcionamiento del poder judicial y la conducta de la Fiscalía. Después de la sentencia del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado pidió la reactivación de la euroorden para la entrega de Carles Puigdemont. Resulta que esto último es un ejemplo de lo que Sánchez llamó el miércoles “lo estamos haciendo” en una entrevista en RNE. El periodista Íñigo Alfonso le recordó que la Fiscalía representa al Estado y le preguntó por lo que él personalmente va a hacer. Es una promesa que hizo en el debate del lunes (“Yo me comprometo, hoy y aquí, a traerlo [a Puigdemont] de vuelta a España”).

“Como lo estamos haciendo. Es que la Fiscalía ¿de quién depende?”, dice Sánchez.

Breve silencio mientras el periodista piensa: cómo le digo a este hombre que la Fiscalía no está al servicio de la campaña electoral del PSOE. O que el fiscal y el juez instructor pedirán la entrega del expresident sin que sea necesaria la intervención política del Gobierno en funciones.

Sánchez (insiste): ¿De quién depende?

Alfonso: Depende del Gobierno.

Sánchez: Pues ya está.

El líder del PSOE dijo también que “estamos trabajando para suministrar toda la información a la justicia belga” para que Puigdemont sea obligado a regresar a España y puesto a disposición de la justicia. Las extradiciones y las entregas a causa de la euroorden forman parte de las relaciones entre estados, pero se supone que son jueces y fiscales los que llevan la iniciativa.

Esta confusión entre Estado y Gobierno es un tema recurrente en el sistema político español. La preponderancia del poder ejecutivo sobre el legislativo y judicial en múltiples frentes ha originado todo tipo de polémicas a lo largo de décadas. En el caso de la Fiscalía, esto se hace más evidente, ya que el fiscal general es elegido a dedo por el Gobierno y luego se supone que de forma mágica opera con absoluta independencia sin verse concernido por las necesidades políticas del partido del Gobierno. Y, como es natural, la magia no existe en la política.

Eso ha calado tanto que es frecuente escuchar a los políticos en el Gobierno hablar de la Fiscalía como si fuera su bufete jurídico particular. Y lo mismo si están en la oposición. “Quiero ser presidente para meter en la cárcel a los que intenten romper nuestro país”, dijo Albert Rivera en Barcelona el 20 de octubre estirando hasta el infinito las competencias del jefe de Gobierno. Fuentes de Ciudadanos se apresuraron después a matizar que se refería a que solicitaría a la Fiscalía que se ocupara del asunto en un nuevo ejemplo de pensar que los fiscales están para cumplir lo que hayamos prometido en campaña electoral.

En el caso de Ciudadanos, eso no sorprende tanto, porque sus dirigentes visitan la Fiscalía General con mucha frecuencia –foto en la puerta con gesto grave y enseñando un papel– para presentar denuncias contra sus adversarios. Si haces eso en la oposición, qué no harás si estás en el Gobierno y has nombrado al fiscal general.

Las palabras de Sánchez han sido un bonito regalo propagandístico para los independentistas catalanes, para los que los problemas legales de Puigdemont proceden de una persecución política por el Gobierno, y no de un proceso judicial del que huyó a Bélgica para no correr el mismo destino que los demás responsables del Govern que acaban de ser condenados.

El compromiso personal del líder socialista en el debate sonaba a que iba a contratar cazarrecompensas para que capturaran a un peligroso forajido escondido en territorio comanche. A veces, es conveniente recordar cosas obvias en los artículos: Puigdemont regresará a España si así lo decide un tribunal extranjero, no porque un candidato a la presidencia prometa en un debate televisado que eso va a ocurrir porque yo lo digo.

Al enterarse de las protestas de las asociaciones de fiscales, Sánchez intentó ponerse otra vez el traje institucional, pero esta vez en Twitter donde no hay periodistas que te hacen preguntas incómodas: “Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo (a Puigdemont) con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general”.

A quién se le habrá ocurrido que era una buena idea repetir las elecciones en medio de todo este vía crucis jurídico.