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El Congreso apoya derogar la prisión permanente revisable, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos
El PNV ya presentó en la pasada legislatura una proposición de ley en la misma línea, pero en la presente ha decidido recuperarla, en forma de proposición no de ley, porque considera “irresponsable” la reforma impulsada por los 'populares' que, a su juicio, no hace más que “encubrir la pena de prisión de por vida o prisión perpetua”, vulnerando así el principio de legalidad y el mandato de resocialización, ambos contenidos en el artículo 25 de la Constitución.
Pero además, añaden, “atenta contra la dignidad de los seres humanos y contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes”. Según abundan, la propia Constitución ha descartado por “inhumana” la pena de muerte y establece que las penas “no sean inciertas, no atenten contra la dignidad humana, no resulten inhumanas y proscribe la cadena perpetua cuando incluye el mandato de la reinserción de las penas”.
SUSTUIRLA POR UNA PENA “PROPORCIONAL”
Horas antes, en la Comisión de Justicia de la Cámara, el PSOE también conseguía sacar adelante una proposición no de ley con el mismo objetivo que el PNV. En su iniciativa, los socialistas instan al Ejecutivo a impulsar una reforma del Código Penal para sustituir la prisión permanente revisable por otra pena se adecue a lo previsto en la Constitución y que constituya una respuesta sancionadora “adecuada” y “proporcional” a la conducta que se castiga.
El texto aprobado subraya que la reforma del PP, que entró en vigor en junio de 2015, no es más que una cadena perpetua encubierta, una pena que, además de no ser éticamente aceptable, contraviene el artículo 25.2 de la Constitución.
“Más allá de la reeducación y reinserción social que este artículo contempla como fines de la pena, lo que la Constitución y el Estado Democrático exigen del derecho penal es la tutela de los bienes y derechos de los individuos y la sociedad”, argumenta en el escrito.
Pero, además, los socialistas denuncian que la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy vulnera el artículo 9.3 de la Carta Magna ya que su “imprecisión” no garantiza el principio de legalidad y seguridad jurídica.
