CyL luchará “hasta el último minuto” por modificar el proyecto de Reforma Local que “atropella” a la comunidad

De Santiago-Juárez ha apelado en todo momento al “optimismo” ante la posibilidad de aprovechar el “sprint final” para la presentación de enmiendas parciales a este proyecto de Ley, para lo que se han habilitado más días de lo habitual --el plazo concluye el 22 de octubre-- en un gesto que ha valorado ya que permitirá “ganar tiempo” en la negociación con los grupos parlamentarios, a los que la Junta remitió hace tres semanas sus enmiendas.

El portavoz de la Junta ha insistido en que el proyecto de Ley del Gobierno supone “un atropello” a los intereses de Castilla y León en materias como los consultorios locales --más de 3.600 en la Región--, servicios sociales o entidades locales --un tercio de las existentes en España están en la Comunidad, especialmente en León, Palencia y Burgos-- lo que demuestra, a su juicio, que en Madrid “se conoce poco el territorio” de la Comunidad Autónoma.

Como ya defendió el pasado 26 de septiembre cuando la Junta acordó en Consejo de Gobierno enviar varias enmiendas y una advertencia al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local del Gobierno de la nación, la actual propuesta y sus modificaciones competenciales costarían cerca de 382 millones de euros a las arcas autonómicas.

En concreto, una de las enmiendas busca mantener la actual competencia municipal respecto a la construcción, conservación y mantenimiento de los consultorios locales con dos opciones, suprimir la disposición primera del proyecto de ley que pasa esa competencia a las comunidades autónomas o contemplar la posibilidad de que esa competencia autonómica pueda ser delegada a los municipios en el supuesto que su ejecución material suponga un incremento del gasto, como calcula la Junta.

Según ha explicado De Santiago-Juárez, en Castilla y León hay más de 3.600 consultorios locales, que no centros de salud que gestiona y mantiene la Junta, cuyo mantenimiento, actualmente a cargo de los ayuntamientos y en algunos casos “de forma altruista” por los propios vecinos “porque lo sienten como suyo”, supondría un coste aproximado de 30 millones de euros.

De Santiago-Juárez ha aclarado que el mantenimiento de los consultorios es una competencia propia de los municipios mientras que la Junta se encarga de los centros de salud por lo que ha advertido de que futuros posibles cierres serían una decisión de los ayuntamientos y no del Gobierno autonómico. Del mismo modo, ha aconsejado no confundir competencias, que pueden tener varias adminitraciones, con funciones, que son las que no se deben duplicar.

Otra de las enmiendas que ha acordado el Consejo de Gobierno hace referencia a los servicios sociales, donde el Ejecutivo central propone la asunción de las competencias por parte de las autonomías en todo lo relativo a los servicios sociales residenciales.

El consejero de la Presidencia ha explicado que en el caso de Castilla y León el servicio de atención de proximidad que no sea residencial y la residencial se simultanea y se cubre por los 1.500 empleados que trabajan en los CEAS con cargo a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con un gasto en torno a los 51 millones de euros, que se duplicarían (102 millones de euros) de tener que seguir las indicaciones del Gobierno que aboga porque las comunidades contraten a otras tantas personas (1.500 en el caso regional) para la atención residencial.

MÁS PLAZOS PARA LAS RESIDENCIAS

Dicho esto, ha compartido que la atención residencial puede ser más eficiente atendida por la Junta dentro de una gran red residencial pública a lo largo de todo el territorio pero ha abogado por dilatar el periodo de adaptación hasta los 5 años, en lugar del año que contempla la ley nacional, para evitar duplicar gastos o eliminar servicios. A su juicio, “improvisar” este traspaso aumentará el coste en 150 millones de euros.

Según los datos de la Junta, en Castilla y León hay 9.900 plazas y 240 centros residenciales que actualmente suponen un coste de 226 millones de euros a ayuntamientos y diputaciones, con los que habrá que llegar a un acuerdo y cerrar un plan de reestructuración. Para la Junta, el traspaso de la gestión de estas residencias a la Comunidad supondrá incrementar el gasto en unos 201 millones de euros.

Respecto a la obligación de rendición de cuentas por parte de las entidades locales menores o juntas vecinales que obligará la norma nacional, la Junta cuestiona el plazo de tres meses fijado por el Gobierno y pide que se dilate este tiempo hasta el 31 de diciembre de 2014, como se ha dado a las empresas y fundaciones públicas que dependen de esas entidades menores y en las que “no hay tradición de dar cuentas”.

Además de estas enmiendas, la Junta hace una consideración o advertencia en materia de educación ya que, a pesar de que las trasferencias del mantenimiento de los centros, actualmente a cargo de los municipios, se tienen que hacer una vez esté aprobada la Ley de Hacienda Local y se haya modificado la financiación autonómica, estas funciones supondrán un gasto de al menos 100 millones de euros, que tendrán que ser aportados por el Gobierno autonómico.

José Antonio de Santiago-Juárez ha vuelto a aclarar que la Junta de Castilla y León no tiene miedo a gestionar ningún tipo de servicio pero ha advertido de que es imposible gestionar sin dinero, a lo que ha sumado su ironía respecto a aquellos que se alegran de perder una competencia.