La devolución a los minoristas deja en evidencia las maniobras del Estado para tumbar el caso Bankia
La sentencia del Tribunal Supremo que considera “gravemente inexacta” la información que Bankia ofreció a los inversores que participaron en su salida a Bolsa y la asunción hecha pública este miércoles por la entidad de que el fallo le aboca a devolver 1.800 millones solo a los minoristas, dejan en evidencia la estrategia del aparato financiero del Estado para tumbar el caso en la Audiencia Nacional.
La conjura de la Fiscalía, el FROB, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que el caso no llegue a juicio y evitar así que una sentencia condenatoria obligue a la devolución de los 3.000 millones de los inversores por la vía civil queda desvirtuada con los últimos acontecimientos.
Bankia va a devolver el 60% de la inversión, que corresponde a los minoristas, como consecuencia del fallo del Tribunal Supremo. Pero fuentes jurídicas afirman que la sentencia de la Sala de lo Civil es tan clara sobre las irregularidades de la salida a Bolsa que obliga a la entidad a alcanzar un acuerdo también con los inversores institucionales, lo que supone un montante de 1.400 millones, el equivalente al 40%. “Lo más probable es que ese acuerdo ya esté cerrado cuando el caso Bankia llegue a juicio”, añaden.
¿Modificará entonces la Fiscalía su posición? Las acusaciones del caso creen que no. A pesar de que el efecto negativo para Bankia -y también para el Estado como entidad nacionalizada- de una sentencia condenatoria queda diluido porque ya se ha decidido devolver el dinero a los minoristas y parece que no queda otro camino con los inversores institucionales, hay una segunda motivación en ese concierto del aparato financiero del Estado: salvar la reputación de dos de sus principales instituciones, el Banco de España y la CNMV.
La querellas de UPyD y 15MpaRato señalan al supervisor y el regulador por haber permitido y alentado la salida a Bolsa de Bankia, que precedió a la quiebra de la entidad y su posterior rescate con más de 23.000 millones de euros de dinero público.
El juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, no ha aceptado hasta ahora la imputación del Banco de España y la CNMV, pero fuentes del caso consultadas por eldiario.es consideran complicado que ambos organismos escapen de ser aludidos en una posible sentencia condenatoria por su responsabilidad en el desastre de la entidad y, por tanto, en las consecuencias que tuvo para el sistema financiero español y su reputación en el exterior.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es el instrumento financiero creado por el Gobierno en 2009 para canalizar la inyección de dinero público a los bancos rescatados. En el caso Bankia actúa, en consecuencia, como acusación particular. Pero solo formalmente. Durante dos años no ha solicitado una sola diligencia.
Hasta que despertó en el primer trimestre de 2015. Y lo hizo para presentar una suerte de contrainforme que exculpaba a Rodrigo Rato, Bankia y los otros cuatro imputados de las conclusiones que habían presentado los peritos del caso, la prueba de cargo del caso Bankia.
Los peritos, funcionarios del Banco de España que actuaron a las órdenes exclusivas del juez Andreu, habían concluido que Rato y el resto maquillaron las cuentas de Bankia para salir a Bolsa, en la línea de lo constatado ahora por el Supremo, que asegura que la información del estado de la entidad que ésta ofreció a los inversores era “gravemente incorrecta”. Pues bien, el contrainforme del FROB replicaba que ambos profesionales utilizaron una “metodología discutible” y que sus conclusiones plantean “debilidades” cuando no directamente “errores”.
En la elaboración del informe del FROB colaboró activamente el Banco de España, que movilizó a cuatro departamentos, y la CNMV, precisamente aquellos organismos que se verían retratados en una sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional. Una semana antes de su presentación, el fiscal del caso, Alejandro Luzón, presentó otro informe adelantando las conclusiones del elaborado por el FROB.
Al comparar ambos escritos aparecen coincidencias textuales de párrafos enteros. O se trata de una casualidad o el fiscal contó con el informe del FROB antes de que fuera presentado. Y todo ello a espaldas del juez.
Rodrigo Rato, también beneficiado
Pero aún faltaba un beneficiado en toda esta estrategia. Entró en acción en julio: Rodrigo Rato solicitó al juez que incorporara a la causa el informe del Banco de España que había servido al FROB para desacreditar a los peritos y sus conclusiones. La paciencia de Andreu se acabó y en noviembre ordenó al Banco de España que le remitiera de inmediato toda la información sobre cómo se fraguó esa operación.
La instrucción de la pieza principal del caso Bankia está agotada y el momento de la apertura de juicio oral cada vez está más cerca. Sobre todo ahora que el juez Andreu ha podido cerrar la pieza separada de las tarjetas ‘black’ y ya no tiene que resolver la montaña de recursos con la que los 66 acusados invadieron su juzgado.
Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan que el magistrado está decidido a enviar el caso a juicio, pero ante los previsibles recursos de las defensas, la decisión última estará en manos de la Sala de lo Penal. Si esta da la razón al juez, el fiscal se encontrará en una difícil tesitura para no presentar acusación contra Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Francisco Verdú, Bankia y la matriz de ésta, BFA.
