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La Fiscalía y el Gobierno estudian acciones contra la Mesa del Parlament por aceptar otra votación sobre la DUI
- Está previsto que mañana el Parlament debata esta iniciativa pero los independentistas negocian modificarla antes de que llegue al pleno
La Fiscalía General del Estado ha calificado de “extrema gravedad” la enmienda de la CUP aceptada por la Mesa del Parlament este miércoles para que en el pleno de este jueves se “reafirme y reitere la declaración de independencia” del pasado 27 de octubre. Por ello, está estudiando “posibles implicaciones penales” al respecto.
En un comunicado, la Fiscalía dice que promoverá “cuantas acciones sean procedentes para preservar el orden constitucional” ante la “total y absoluta oposición al ordenamiento jurídico y a las resoluciones reiteradas de Tribunal Constitucional”. Además, ha advertido que la “ilegalidad manifiesta” de esta propuesta “no puede ser desconocida por quienes la promueven o apoyan”.
El Gobierno también estudia posibles acciones
Por su parte, los servicios jurídicos del Estado también están estudiando las responsabilidades en las que han podido incurrir los miembros de la Mesa del Parlament.
Según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales, el Ejecutivo de Mariano Rajoy estudia emprender estas acciones contra la enmienda apoyada por JxCat y ERC por “su carácter ilegal y contrario a la Constitución y el Estatuto de Catalunya”.
“El Gobierno velará en todo momento por el cumplimiento de la ley, como ha venido haciendo hasta ahora. Y seguirá ejerciendo con la mayor eficacia posible la administración de los asuntos ordinarios en Catalunya, en tanto en cuando no haya un Presidente elegido de acuerdo con la ley y el reglamento del Parlamento”, han añadido estas fuentes.
La propuesta de la CUP
La propuesta de la CUP podría llegar al pleno como enmienda a la propuesta de resolución de JxCat para legitimar a Carles Puigdemont como presidente del Govern catalán y, con ella, pretenden una ratificación de la independencia. Con todo, los independentistas negocian una modificación del enunciado de la enmienda, por lo que el texto podría llegar al pleno sustancialmente modificado.
Inicialmente, la potestad de admitir a trámite las enmiendas recaía exclusivamente sobre el presidente del Parlament, Roger Torrent, pero ha decidido a última hora de la mañana compartir la decisión con el resto de miembros de la Mesa.
Fuentes independentistas han explicado a eldiario.es que no ven posible haber incurrido en acciones delictivas, al no pesar sobre ellos ninguna advertencia específica del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión. Según opinan, el delito de desobediencia requiere haber incumplido una advertencia concreta y nominal para cada miembro de la Mesa, como las formuladas en la legislatura pasada en diversas ocasiones.
En este momento y después de haber renovado a los diputados que participan en el órgano, el Constitucional solo les ha advertido sobre la prohibición de permitir la investidura de Carles Puigdemont en ausencia y sin que éste haya pedido permiso al Tribunal Supremo. La admisión de enmiendas, indican estas mimas fuentes, es un mero trámite parlamentario sin acto de fuerza jurídica y, por tanto, legal siempre que no haya resoluciones ni advertencias que lo impidan.
