El Gobierno ralentiza el diálogo con la Generalitat y acelera la agenda social

El indulto a los líderes independentistas era un trago que inquietaba al Gobierno, pero una vez dado el paso, en Moncloa creen que la estrategia ha ido bien y que será una decisión que a la larga se entenderá, aunque tenga un cierto coste electoral para los socialistas. La sensación en el Ejecutivo es que se abre una nueva etapa en Catalunya, pero esperan que el independentismo mueva ficha tras el gesto de la medida de gracia, que fuentes gubernamentales consideran que ha servido para eliminar un “obstáculo” que enrarecía las relaciones y complicaba el diálogo. Ese es el siguiente paso al que se enfrentan el Gobierno y la Generalitat. Ambas partes sostienen que no va a ser fácil e incluso en Moncloa admiten que no tienen garantías de éxito al 100%, pero sí la determinación de intentarlo, al igual que ERC. Lo que consideran en el Ejecutivo, no obstante, es que no hay prisa para la convocatoria de la mesa de diálogo. “El independentismo está madurando una nueva realidad”, expresa un ministro, que considera que “cambiar de rasante tan rápido cuesta mucho”.

“Como ya tienen quitado ese obstáculo [señalan fuentes gubernamentales sobre la situación de prisión de los líderes independentistas], tienen que ir trabajando con lo que les toca, que es reconstruir Catalunya”. “A Pere Aragonès, como presidente, le va muchísimo en que Catalunya funcione todos los días”, agregan esas fuentes. En el Gobierno creen que es necesario un gesto del independentismo, aunque admiten que ha ido dando pasos como la normalización de la presencia del rey en Catalunya, y también que se desinflame la actual situación en la que la salida de los presos ha ido acompañada de reivindicaciones de amnistía y referéndum, dos líneas rojas para Pedro Sánchez.

Pero en el Gobierno admiten que ERC no lo va a tener fácil por la presión de Junts y esperan que haya “ruido” cuando se acerque la convocatoria de la mesa de diálogo. Por eso enfrían la primera reunión que inicialmente se planteó para julio. El Gobierno no ve ahora con malos ojos que se retrase a septiembre y ERC no pone objeciones. En cualquier caso, los detalles los pulirán Sánchez y Aragonès en la cita que tendrán el próximo martes en Moncloa.

Aunque en el Gobierno dan por descontado que el independentismo –o al menos la parte más “hiperventilada”– saque toda su “simbología” cuando se convoque la mesa, advierten de que las posiciones maximalistas conducen al fracaso. “No tiene sentido repetir esquemas que han tenido un coste brutal”, dice una de las fuentes consultadas en referencia al procés. “Perdonar no implica olvidar, perdonar supone darse otra oportunidad para hacerlo mejor”, afirmó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la sesión de control al Gobierno.

En ERC están determinados a que el diálogo empiece a fluir y creen que los indultos son un buen primer paso, pero no el único. Los republicanos recuerdan que se ha aliviado la situación de los principales líderes, pero que aún quedan cientos de cargos pendientes de causas más pequeñas por el 1-O, tal y como recordó Dolors Bassa a su salida de Lledoners. De ahí que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, haya sacado a relucir en su cara a cara con Sánchez durante la sesión de control al Gobierno la situación del Tribunal de Cuentas –donde algunos independentistas tienen asuntos pendientes y es una institución manejada por la derecha–, el Tribunal Constitucional –también pendiente de renovación por el bloqueo del PP–, la ley mordaza o el Código Penal. “Hay muchísima represión aún en Catalunya y fuera de Catalunya”, expresó Rufián, que se refirió así al “camino que queda por recorrer”.

Una de las cosas que tiene sobre la mesa el Ejecutivo –y que será objeto de negociación con ERC– es la reforma del Código Penal con la que, entre otras cosas, pretenden adecuar el delito de sedición a otros países del entorno tras los varapalos de los tribunales europeos. Esa modificación podría beneficiar judicialmente a al expresident Carles Puigdemont y otros cargos independentistas que se fueron de España para sortear a la Justicia. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aseguró este martes en TVE que es un compromiso de legislatura, pero no ha querido poner un fecha. De hecho, el Gobierno ha ido dilatando el asunto. Algunas fuentes lo fían para largo y reconocen que dependerá de las mayorías para sacarlo adelante. Incluso se han llegado a plantear desgajar esa parte de la reforma integral ante la dificultad de armar mayorías para todo el texto. ERC, que es un socio ya imprescindible para el Gobierno, está dispuesto a abordar el asunto aunque considera que se debería negociar como un todo.

Impulsar la agenda social antes de agosto

En todo caso, a Moncloa tampoco le interesa que Catalunya cope toda la actualidad diaria y menos ahora que se acerca el hito de la inmunización de grupo gracias a la vacunación, que espera que suponga un espaldarazo a la economía junto a los fondos europeos. El Gobierno ha intensificado, además, la agenda social en las últimas semanas y pretende dar un acelerón antes del parón estival. En pleno debate antes de los indultos, Sánchez anunció uno de los alivios más esperados de la pandemia: el fin de la mascarilla en los espacios al aire libre a partir del 26 de junio. La decisión se adoptará formalmente en un Consejo de Ministros extraordinario este jueves en el que también se aprobará la bajada del IVA de la luz ante el crecimiento exponencial de los precios.

Por delante quedan varios consejos de ministros intensos. El próximo martes se aprobará la ley LGTBI que se le ha atragantado al Ejecutivo durante meses, pero que finalmente se ha desbloqueado con la cesión de la parte socialista, que asume la autodeterminación de género al permitir que las personas transexuales puedan cambiar de sexo legal en el Registro Civil con su mera voluntad, aunque tendrán que ratificar la decisión tres meses después. Al introducir ese anteproyecto en la reunión del martes 29 para que la norma coincida con el Orgullo, Calvo tiene que retrasar la ley de memoria histórica, que será aprobada en otra sesión.

En el Ejecutivo también esperan que la ley de vivienda esté lista próximamente ante los avances en una negociación que se ha enquistado durante meses, a pesar de que los miembros de la coalición se han ido dando plazos que han sido constantemente incumplidos por la falta de acuerdo. El principal escollo es la regulación de los precios del alquiler dado que el PSOE no ve la fijación de precios máximos que reivindica Unidas Podemos. Fuentes socialistas aseguran que están a la espera del visto bueno del socio minoritario a un documento en el que se perfilaba la propuesta que dan por definitiva, que incluye el sistema de bonificaciones fiscales por el que apostaba el PSOE y la congelación de los contratos de alquiler en las zonas tensionadas que se incorporó posteriormente a la negociación. No obstante, Unidas Podemos ya advirtió de que no renuncia a que se establezca un techo máximo a los precios del alquiler que el PSOE descarta porque considera que sería “contraproducente” para la bajada de los precios dado que, según los socialistas, desincentivaría la salida de viviendas al mercado.

El otro gran asunto en el que Moncloa quiere centrar la atención es en el reparto de los fondos europeos a los que fían una recuperación que permita a Sánchez remontar a las encuestas. Ocho meses después de la última conferencia de presidentes, y a pesar de la promesa de convocarla periódicamente mientras durara la pandemia, Moncloa quiere un encuentro en el mes de julio de todos los jefes de ejecutivos autonómicos para abordar el reparto entre las comunidades. Todo ello mientras en el Gobierno aguardan los cambios que Sánchez ha ido planificando para reforzar el gabinete en esta segunda etapa.