Guerra sucia contra Podemos desde su nacimiento: “Si evitamos que llegue al Gobierno, mejor para todos”

Un veterano militante antifranquista suele decir que la Policía odia a Podemos desde antes que se fundara el partido y la trayectoria de los policías que han atacado al proyecto político viene a darle la razón. El primer comisario al que se encontró una prueba de las maniobras contra la formación política, un documento fechado cuatro meses después de su creación en 2014, es José Manuel Villarejo, quien había ingresado en el Cuerpo en 1973. Algunos jóvenes que empezaban a vestir el uniforme en los estertores del franquismo o en plena transición ansiaban alargar el hilo negro de la represión que nació con Roberto Conesa, en la posguerra, y continuó décadas después con Billy el Niño. Los métodos cambiaron en democracia pero el objetivo era el mismo: los supuestos enemigos de España. 

Esta semana un juez de la Audiencia Nacional ha recibido una “auditoría” realizada por la propia Policía en sus bases de datos. El objetivo era encontrar las búsquedas que en esos archivos, de acceso restringido a miembros de las Fuerzas de Seguridad, se hubieran realizado de diputados de Podemos durante los años 2015 y 2016. El resultado ha sido escandaloso: 55 de los 69 diputados de Podemos sufrieron búsquedas aparentemente injustificadas durante esos dos años para conocer cuestiones de sus vidas como desplazamientos, alojamientos o antecedentes. 

Ahora toca al magistrado Santiago Pedraz determinar cuáles de esas miles de búsquedas suponen un delito de revelación de secretos, quizá de cohecho si se vendió la información. Pero también cuáles respondían a intereses espurios de policías nacionales, indignados por la irrupción de un nuevo partido de izquierdas llamado a sacudir el tablero político español y, sobre todo, qué búsquedas formaban parte de una investigación prospectiva, ilegal y coordinada contra cargos electos de un partido democrático. Los datos en bruto de la auditoría invitan a pensar que esa marea de datos esconde ambas motivaciones. Las búsquedas se realizaron desde ordenadores asociados a 57 comisarías de todo el país, desde oficinas de denuncias a unidades de investigación involucradas en episodios de guerra sucia. 

La admisión a trámite de una querella de Podemos por varias maniobras contra el partido supone la primera investigación de la guerra sucia contra la formación después de varias revelaciones periodísticas en ese sentido. El ataque a Podemos representa una de las tres grandes patas que sostuvieron la actividad parapolicial en aquel Ministerio del Interior. Las otras dos son el combate al procés y el intento de sabotear la causa judicial por la financiación ilegal del PP, el partido entonces en el Gobierno. 

El 9 de abril de 2016, hace más de ocho años, este periódico publicó el siguiente titular: “Interior reedita con Podemos los informes 'fantasma' utilizados contra los nacionalistas en Cataluña”. La guerra sucia al proceso soberanista comenzó al poco de que el Gobierno del PP eligiera a su cúpula policial en 2012. Las maniobras contra Podemos afloraron en los primeros días de 2016, coincidiendo con el arranque de las negociaciones con el PSOE para formar un gobierno de izquierdas, finalmente frustradas. 

“Pablo Iglesias Sociedad Limitada”, el conocido como Informe PISA, tenía su precedente en otro dosier contra Artur Mas y otros líderes del procés que igualmente ventiló determinada prensa. Sin firma ni sello pero reproducido por medios muy críticos con Podemos, la Policía asumió su confección e intentó que los tribunales lo investigaran. Fracasaron con esto último, pero como venía ocurriendo con Cataluña, el principal objetivo de su confección es que fuera reproducido de forma acrítica por la prensa, intoxicar a la opinión pública con datos erróneos, cuando no invenciones, y desterrar la posibilidad de que el PSOE se apoyara en Podemos para desalojar a la derecha de La Moncloa.

Okdiario y El Confidencial publicaron el contenido del Informe PISA el 12 de enero de 2016. Sin autor reconocido, la Policía acusaba a Podemos de estar financiado por Venezuela e Irán. Su contenido fue despreciado después por los tribunales. El Supremo tuvo que pronunciarse porque Manos Limpias –otra vez el pseudosindicato ultraderechista– lo había incorporado a una querella presentada contra Pablo Iglesias e Iñigo Errejón.

Durante años se han repetido los mismos protagonistas y el 'modus operandi'. Y no solo en la Policía. Una asociación desconocida de Zaragoza presentó una querella en un juzgado loca confeccionada con recortes de prensa que acabó en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Fue antes de que Manuel García Castellón regresara de su destino dorado en Italia para recuperar su plaza en precisamente en ese juzgado.

Cinco años después, en 2021, cuando parecía que el informe PISA no podía hacer más daño, alguien susurró a García Castellón que en un cajón de su juzgado había un auto con un archivo provisional –habitual en la mayoría de casos– sobre el informe PISA y que podía reabrirlo e introducir ahí las graves acusaciones que un ex general de Hugo Chávez había vertido contra el partido en su desesperada maniobra para evitar su extradición de España a Estados Unidos, país que le reclamaba por graves delitos de narcotráfico. Dicho y hecho.

Meses de titulares con Juan Carlos Monedero portando misteriosas maletas en hoteles de Caracas y relatos igual de incontrastables del 'Pollo' Carvajal abastecieron la artillería contra el partido, en ese momento ya en el Gobierno. García Castellón no dudó en dar la condición de testigo protegido a unos individuos que parecían apoyar las acusaciones con la misma inconsistencia que Carvajal. Para cuando la Sala de lo Penal corrigó, otra vez, a García Castellón y ordenó meter al 'Pollo' en un avión camino de Estados Unidos, el daño reputacional ya estaba hecho.

Primera evidencia de la guerra sucia: el diario de Villarejo

En enero de 2016, medios de la derecha habían publicado el contenido del informe PISA a 24 horas para la formación de las Cortes. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió a Podemos que colaborara con una investigación que no existía. 

Pero para conocer la historia de la guerra sucia contra Podemos hay viajar dos años atrás y regresar a 2014, el de su irrupción en la política española con cinco diputados en unas elecciones europeas, si es que el viejo militante comunista que aparecía en el arranque de esta información no tuviera razón y la Policía odiara a Podemos desde antes incluso de su nacimiento. 

El 17 de enero de 2014 Podemos se dio a conocer en un acto celebrado en el Teatro del Barrio, en el madrileño barrio de Lavapiés. Recogiendo el movimiento de indignación que se plasmó en el 15M, la nueva formación política consiguió 1,2 millones de votos en las elecciones al Parlamento europeo de mayo, tan solo cuatro meses después de su creación. El 29 de septiembre, dos periodistas de El Mundo propusieron a Villarejo reunirse al día siguiente. “Tema Podemos”, anota el comisario en unas agendas a las que que Asuntos Internos, la Fiscalía Anticorrupción y el juez del caso dan credibilidad.  

Un mes después, el 31 de octubre de 2014, Villarejo anotó una reunión con el secretario de Estado de Seguridad: “Chisco. Reunión hasta 14:30. Sobre riesgo de IB con PJ y reuniones Podemos y Verstrynge”. Chisco es uno de los apelativos con los que Villarejo y su grupo se refieren al número dos de Interior entonces, Francisco Martínez. Hoy, Martínez es el principal imputado en la causa de la Audiencia Nacional por la querella de Podemos, la misma a la que se ha incorporado la auditoría de las consultas en bases de datos. 

En otras anotaciones se desprende que Villarejo intenta obtener información del partido y que, por alguna razón, incluye en ese plan a Jorge Verstrynge. El entorno del que fuera profesor de Iglesias asegura que nunca ha tenido contacto con el polémico excomisario. 

El 11 de noviembre de 2014, Villarejo anota: “Igles Jav. Quiere saber novedades sobre LB. Ya le dije los últimos datos y que nadie controla a Verstringe ni a Podemos”. Javier Iglesias, El Largo, es el abogado que acudió a prisión a ofrecer un pacto a Luis Bárcenas en nombre del Gobierno y del PP para que no tirara de la manta de la financiación irregular del partido, según asegura el extesorero. El nombre de Iglesias es un habitual en las informaciones que permiten conocer algunos aspectos de la cara oculta del PP.

Ya entrado 2015 comienzan a aflorar en el diario del comisario acusaciones contra Podemos que con el tiempo se convertirían en recurrentes El 10 de febrero, Villarejo apunta una conversación con el número dos de Interior: “Chisco. Venezuela-Podemos. Varias gestiones. Quedamos en hablar”. 

La brigada política con “un mandato de Rajoy”

En el mes de abril de 2016, otro de los miembros de la brigada política, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, viaja a Nueva York con el jefe interino de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y otros dos mandos policiales para entrevistarse con Rafael Isea, ex ministro de Hugo Chávez. Ningún juez lo sabe. No participan en ninguna investigación. Solo buscan datos que perjudiquen a Podemos. En una grabación que publicó la web moncloa.com, Fuentes Gago pronuncia la frase que condensa la actuación político-policial contra la formación que dirigió Pablo Iglesias: “Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos [al Gobierno] mejor para todos”. 

En el momento que el inspector jefe hace esa afirmación faltaban dos meses para las elecciones de junio de 2016 y en las de diciembre anterior Podemos había obtenido 69 escaños. Los números daban para el acuerdo de coalición con el PSOE. 

Aunque cubierto por una mascarilla, aún con las restricciones de la pandemia vigentes, Fuentes Gago tuvo que dar la cara cinco años después de ese viaje. Compareció ante la comisión de investigación del espionaje a Luis Bárcenas y allí tuvo que escuchar al diputado Rafa Mayoral, portavoz de Podemos, la siguiente conclusión: “Fracasó Conesa, fracasó Billy el Niño y ustedes volvieron a fracasar. No se va a subvertir la democracia. Queremos reconocer el esfuerzo de todos estos elementos para intentarlo. Ustedes intentaron que no llegáramos al Gobierno y llegamos al Gobierno. Más tarde o más temprano habrá una policía democrática”.

En la grabación de la reunión a Isea, realizada por los propios policías, se produce otro hecho inédito. Por primera vez, un miembro de la brigada política menciona la implicación del presidente del Gobierno en las maniobras. “Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente [del Gobierno] español [le dice Fuentes Gago al ex ministro Isea]. Yo solo tengo un mandato aquí, o sea, acompañar a estas personas y decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que le demos una nueva identidad o una nueva vida, la que tienen ustedes y les protejamos. Eso es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos”, se oye en el audio.

El propio Isea revelaría después que la Policía española le mostró un documento para que acreditara su autenticidad, pero que solo era una copia y nunca vio el original. Se trataba de un supuesto pago de 7,1 millones de euros a la fundación CEPS [vinculada a fundadores de Podemos] en 2008 por el conjunto de los servicios de asesoramiento prestados en el país caribeño a diversos ministerios y organismos públicos. Isea señala que, efectivamente, CEPS y otras fundaciones o asociaciones de diferentes países trabajaron en procesos de formación de las nuevas estructuras que se estaban creando en el país. Los policías redactaron un atestado, jamás incorporado a ninguna causa judicial, pero que fue publicado en el diario Abc con gran despliegue. Isea había sido acusado de corrupción en su país y huyó. Acabo como colaborador de la DEA en Estados Unidos. 

La obsesión con Venezuela

El ofrecimiento que hace Fuentes Gago al ex ministro enlaza con otro asunto de máxima actualidad. Una de las patas de la investigación de Pedraz en la Audiencia Nacional es la concesión de la residencia en España a un ciudadano venezolano que se atribuyó el bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en un banco del Caribe. Este jueves debería haber declarado como testigo el comisario general de Extranjería y Documentación durante el Gobierno del PP, Emilio Baos, pero su familia ha aducido que no se encuentra en condiciones por su débil estado de salud. 

Okdiario había publicado el 6 de mayo de 2016 una información con el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”. 

En la querella que dio origen al caso, Podemos incorporó una conversación de whatsApp que Asuntos Internos y la Fiscalía encontraron en el móvil incautado a Francisco Martínez en la investigación del caso Kitchen, el sabotaje de la brigada política a la causa de la caja B del PP.

El 30 de enero de 2016, Martínez intercambia mensajes con el comisario Enrique García Castaño, histórico fontanero de la Policía y receptor de encargos delicados con gobiernos socialistas y del PP. “Aquellos de Podemos no tenían antecedentes. Me cagüen la puta”, dice el número dos de Interior. García Castaño le asegura que Germán [Rodríguez Castiñeira], entonces jefe de la Brigada Provincial de Información está en ello. “El cabrón de Germán me dice que esta tarde, porque mirar los 69 [diputados] se saca pero hay que mirar uno a uno y claro deja rastro”. Rodríguez Castiñeira también está imputado en la causa que instruye Pedraz.