El debate sobre las incompatibilidades de los cargos públicos se cuela en la recta final de la campaña
El escándalo sobre los negocios privados del diputado y número dos del PP por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, y la dimisión anunciada este mismo domingo del embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui, después de conocerse que presuntamente cobraron comisiones millonarias por lograr contratos para empresas españolas en África y América Latina, ha reabierto el debate sobre la necesidad de endurecer las incompatibilidades de los cargos públicos.
Aunque el diplomático ha afirmado “de forma contundente” que las informaciones aparecidas sobre sus actividades privadas cuando era diputado, “son o falsas, o manipuladas o medias verdades”, el daño que le hace a Mariano Rajoy es ya irreversible estando como está la campaña electoral en su recta final. Y estando también en vísperas del esperado cara a cara de este lunes con el candidato del PSOE, Pedro Sánchez. Y es que todo apunta a que este escándalo será utilizado contra Rajoy tanto por el socialista (lo ha hecho en su mitin de este domingo), como por el resto de sus rivales, que ya acorralaron durante el debate a cuatro a su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, por la corrupción del PP.
De momento, varios candidatos han reclamado la necesidad de endurecer las incompatibilidades de los cargos públicos. Entre ellos, Alberto Garzón. El candidato de Unidad Popular ha recordado que su grupo parlamentario presentó varias iniciativas en el Congreso para reformar tanto la ley de Regimen Electoral General (LOREG) como el reglamento de la Cámara, pero en todas las ocasiones se encontró con el “bloqueo” del PP y el PSOE.
A su juicio, el actual reglamento del Congreso es “vacío, flexible y laxo” y permite que muchos diputados compatibilicen la labor parlamentaria con otras labores. “No nos parece ético y no debería estar permitido”, ha insistido. Garzón cree que los diputados deben estar al servicio de la ciudadanía. Y aunque puedan realizar otras labores, como escribir un libro, dar conferencias o acudir a la televisión, “no parece razonable” que sean comisionistas, trabajadores o accionistas de grandes empresas “que van a ser legisladas a través de la actividad parlamentaria”.
También Podemos ha incluido en su Plan Nacional contra la Corrupción y por la Transparencia Internacional medidas para endurecer las incompatibilidades de los parlamentarios. Entre ellas, la “prohibición de que los lobistas contraten a los diputados o a sus asistentes”. Además, apuestan por garantizar que las Comisiones del Congreso y el Senado encargadas de autorizar a los parlamentarios a que se dediquen a actividades privadas cumplan realmente la ley.
La realidad es que en el PP llueve sobre mojado. Porque a los nombres de De la Serna y Arístegui hay que sumar el del exportavoz económico, Vicente Martínez-Pujalte; el del exalcalde Toledo, Agustín Conde, o el del actual embajador en el Reino Unido, Federico Trillo, que también se han visto inmersos en situaciones parecidas. En todos estos casos, la dirección del PP o bien les ha echado un capote o, directamente, ha dejado que sus casos terminaran siendo olvidados.
Ejemplo de ello fue la defensa a ultranza que hizo el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernado, de Martínez-Pujalte, y del expresidente del Congreso y exministro de Defensa, Federico Trillo, cuando se destapó que cobraron por asesorar a una constructora especializada en obra pública a través de sus empresas de consultoría. Entonces, Hernando afirmó: “Se puede ser secretario general del PSOE y ser diputado” o “miembro destacado de una formación política y ser diputado o ser médico o abogado y ser diputado”. “Hay muchas compatibilidades, lo dice la LOREG y la Comisión del Diputado, que es la que autoriza los casos previstos en la Ley”.
Efectivamente, tanto la LOREG como el reglamento del Congreso establecen las incompatibilidades a las que están sometidos los miembros del Gobierno, los altos cargos y los senadores y diputados. Pero hay recovecos a los que pueden agarrarse para compatibilizar sus cargos públicos con ciertas actividades privadas, siempre que pidan autorización. De hecho, la propia Comisión del Estatuto ha demostrado tener mucha 'manga ancha' con la peticiones de sus señorías. Un ejemplo: El exalcalde de Toledo, Agustín Conde, miembro de la dirección del Grupo Popular, “olvidó” declarar que su bufete de abogados y su empresa de eficiencia energética asesoraban al Banco de Santander. La Comisión del Estatuto autorizó estas actividades “con efectos retroactivos”.
El artículo 159 de la LOREG -ley que fue reformada en marzo de este año-, establece que “de conformidad con lo establecido en el artículo 157, el mandato de los Diputados y Senadores es incompatible con el desempeño de actividades privadas”. Y, en particular, que lo es con “el desempeño de puestos o cargos que llevan anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en Empresas o Sociedades arrendatarias o administradoras de monopolios”. Y que una de las incompatibilidades es “la prestación de servicios de asesoramiento o de cualquier otra índole, con titularidad individual o compartida, en favor de Organismos o Empresas del sector público estatal, autonómico o local”.
La Oficina de Conflictos de Intereses es la encargada de dirimir si los altos cargos y públicos incumplen la ley. Así se precisa en el Portal de la Transparencia, que también especifica que está prohibido para los cargos públicos ejercer actividades privadas, salvo la docencia o dar conferencias, por ejemplo. Y deja claro un límite: “El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público” .Y se añade: “Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se está obligado a atender en el desempeño del puesto público”.
El Portal explica que “la autorización o denegación de la compatibilidad solicitada corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuya competencia se ha delegado en la Oficina de Conflictos de Intereses”. En el caso de Arístegui -aunque haya dimitido- , será este organismo el que dirimirá si su actividad está ajustada a la ley o no, tal y como ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se ha felicitado por la rapidez con la que ha tomado cartas en el asunto.
En el caso de De la Serna, Rajoy confesó estar “satisfecho” con las explicaciones dadas por el propio diputado, que asegura que todo lo que ha hecho es “lícito y legal”. “Por lo que he escuchado de lo que ha dicho es absolutamente normal”, comentó el presidente el jueves pasado en una conversación informal en Palma de Mallorca con los periodistas que cubren su campaña electoral. Veinticuatro horas después, Génova comunicaba que le habían apartado de la campaña. Ahora está a la espera de ver si renuncia voluntariamente al puesto.
