Jupol se indigna con que un juez procese a tres de sus afiliados por homicidio: “Somos trabajadores, no asesinos”
El vigilante de seguridad del detector de metales de la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid esbozaba una sonrisa este mediodía. “Protestas suele haber, pero con este jaleo, no”, decía, mientras por las rendijas se colaba el estruendo del altavoz, el pandero y los silbatos de los cerca de 200 militantes del sindicato policial Jupol, que protestaban porque el juzgado de instrucción número 1 haya osado proponer que se procese por homicidio a los tres policías nacionales que mataron a tiros a un hombre el 26 de noviembre de 2021 en Vallecas. La audiencia preliminar, prevista para hoy, ha quedado finalmente suspendida hasta el 13 de enero porque había partes de la causa que aún no tenían toda la documentación, según el abogado de los acusados.
Un jurado deberá decidir, si prospera ese trámite, sobre la culpabilidad de los agentes, que acudieron a la llamada de la madre de Kebyn Peralta ante el comportamiento alterado y violento de este. La versión policial es que el joven, de 20 años, los recibió cuchillo en mano, en un estado de agitación violenta, intentando apuñalarlos reiteradamente, con intención de matarlos. Respondieron con 18 disparos, de los que impactaron seis.
Dudar de la versión policial y que sea el jurado el que decida es inadmisible para Jupol, que se presentó ante la sede judicial con tres maniquíes crucificados vestidos con uniforme. “Las cruces simbolizan la manera en que se nos pone en el ojo del huracán en vez de a los que alteran la paz”, clamó Aarón Rivero, secretario general del sindicato, que acostumbra promover manifestaciones marcadamente derechistas contra el Gobierno.
“La administración nos abandona y cuestiona”, reprochaba la pancarta de la concentración, abundando en el mensaje de que cuestionar actuaciones policiales está mal por sistema. Entre los concentrados había miembros de Jupol de Madrid y de otras provincias, como Sevilla, Cádiz, Valladolid o Huesca. Apenas corearon consignas, porque el ruido del altavoz, instalado en un carrito de bebé en el que había un muñeco del pájaro Piolín, repetía constantemente “somos trabajadores, no asesinos”, y habría ahogado las voces.
El abogado de los agentes, Marco Antonio Navarro, defendió que sus defendidos se merecen, por el contrario, una condecoración, y que debería aplicárseles las eximentes de legítima defensa y actuación en el ejercicio del deber. Reconoció que podría solicitarlo y argumentarlo durante el plenario, pero considera que sentarse en el banquillo ya es castigo excesivo. “Si son condenados por hacer uso del arma reglamentaria en un caso tan concreto con un peligro absoluto para sus vidas es que no pueden llevar armas”, dijo. La instrucción recogió que el arma blanca blandida por el fallecido no tenía huellas.
Rivero apuntó que el plan de tiro de la policía, que detalla cuándo cabe apretar el gatillo, data de 1986, cuando “no teníamos peleas a navajazos todos los fines de semana”, y que habría que actualizarlo. También cree que hay que aprobar un protocolo de uso de la fuerza y un servicio de asistencia psicológica para agentes.
Aunque el motivo de la concentración era muy específico, uno de los asistentes se hizo con el micrófono y empezó a cargar contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Esto es una causa justa, y no lo de los violadores y los malversadores”, cargó. Un hombre de edad avanzada, con sombrero y orejeras, se acercó cuando empezaba la algarabía para preguntar a qué se debía. Antes de que terminaran de explicárselo, interrumpió: “¡Encima! ¡Con el buen trabajo que hacen!”. Luego dio las gracias y se fue.
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