La Guardia Civil requiere documentación en el Ayuntamiento de Madrid en una nueva fase de la Operación Púnica
Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se encuentran esta mañana en dependencias municipales de varias localidades de Madrid y Valencia, entre ellas el ayuntamiento de la capital en una nueva fase de investigación de la Operación Púnica que supervisa el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
La operación ha sorprendido a la plana mayor del Partido Popular en Madrid durante la constitución de la Asamblea. Mientras los agentes visitaban varios ayuntamientos gobernados por esta formación, los nuevos diputados juraban o prometían sus cargos pendientes del teléfono y de las noticias que llegaban de fuera.
En la bancada del PP, Ignacio García Vinuesa ha sido quien con mayor interés ha seguido las evoluciones de la segunda fase de la Operación Púnica. El número 27 de la lista de Cifuentes es, además, alcalde de Alcobendas, uno de los consistorios visitados por la UCO en la procura de contratos que vinculen la consistorio con la trama corrupta.
Además de Alcobendas, la Guardia Civil ha visitado los ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, y Coslada para requerir los contratos firmados por estos consistorios con las empresas de la trama. En la Comunidad Valenciana, las investigaciones se han trasladado a los consistorios de Valencia, Gandía y Denia.
Según fuentes de la investigación, los agentes han procedido al registro de varios despachos en los ayuntamientos de Valencia, Castellón y Moraleja. En Madrid han registrado el Consistorio de Moraleja de Enmedio.
Entre las empresas contratadas por estos ayuntamientos estarían las vinculadas a Alejandro de Pedro, el presunto conseguidor de la trama que, además, mejoraba la reputación en la red de los políticos y cobraba, según indicios presentes en la causa, con dinero negro.
La nueva fase de investigación de la Operación Púnica coincide con la jornada de constitución de la Asamblea de Madrid, marcada por el acuerdo al que han llegado Partido Popular y Ciudadanos para repartir los cargos de mando en el parlamento regional.
El partido de Albert Rivera expresó en las últimas semanas sus dificultades para pactar con el PP, tras las imputaciones de varios miembros del Gobierno de la comunidad. Las diferencias parecían superadas tras las dimisiones de Lucía Figar y Salvador Victoria.
Según han apuntado fuentes de la corporación en Majadahonda, los agentes se han interesado por los relativos al posicionamiento online que se encargaron a la empresa EICO, de Alejandro de Pedro Llorca. El PSOE ha solicitado esa documentación pero el PP, con mayoría absoluta en el el municipio que fue el epicentro de la Gürtel, lo ha rechazado.
Se trata de varios contratos menores que no están sujetos a publicidad. Los investigadores sospechan que, como en el caso de los consejeros de la Comunidad de Madrid, esos contratos escondían la mejora de la reputación online de los cargos del PP, en este caso del alcalde Narciso de Foxa.
La relación entre el hombre fuerte de Esperanza Aguirre en el municipio madrileño con el empresario imputado en la Púnica quedó patente en Twitter cuando De Pedro Llorca le dio la bienvenida a la red social. “Gracias”, le respondió el dirigente conservador el 14 de diciembre de 2010. Esos tuits han desparecido desde que en octubre estalló la operación y se puso el foco sobre EICO y sus contratos públicos. De Pedro Llorca ha borrado sus tuits en los últimos meses. El último usuario al que ha seguido es @TweetDeleter, una cuenta que explica cómo eliminar de manera masiva todos los comentarios.
90.000 euros en Gandía
El alcalde de Gandia (Valencia), Arturo Torró, ha entregado a la Guardia Civil diferentes facturas del Ayuntamiento desde el año 2008 con empresas de Alejandro de Pedro, que está actualmente en libertad bajo fianza. Torró ha comparecido en una rueda de prensa este martes después de que dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se hayan personado en el consistorio.
Según han señalado a Europa Press fuentes del consistorio, el juez ha requerido documentación tanto de esta legislatura como de la anterior, etapa gobernada por el PSPV, por lo que le han entregado facturas de esta etapa por valor de 17.500 euros con las empresas EICO y Madiva, ambas relacionadas con de Pedro, correspondientes a finales de 2011 y los años 2012-2013, pero también otras por 72.000 euros con la empresa Autoritas Consulting.
De acuerdo con estas fuentes, el valor de los facturado entre 2008 y 2011 asciende a 72.000 euros y la empresa está igualmente relacionada con la misma persona. El primer edil ha concretado que “lo que se ha producido” este martes ha sido un requerimiento judicial en el Ayuntamiento, “y no un registro”. “Se trata de un requerimiento que se ha realizado en todas las administraciones públicas relacionadas con el caso de ámbito estatal”, ha apostillado.
El Gobierno de Gandia, ha recordado Torró, ya hizo pública toda esa documentación “en un gesto de transparencia para demostrar la legalidad de su gestión”. Ahora, el juez instructor ha requerido “oficialmente” la documentación para añadirla al expediente, ha aseverado.
Durante su comparecencia, el alcalde ha insistido en la “transparencia en la gestión” realizada por su gobierno. Así mismo, ha lamentado la actitud y las declaraciones “injuriosas” del concejal socialista Vicent Mascarell, “quien ha mentido una vez más al asegurar que se estaba realizando un registro en el Ayuntamiento, cuando sabía perfectamente que se trataba de un requerimiento judicial”.
Torró ha indicado: “Siempre colaboraremos con la justicia, como no podía ser de otra manera; si éste gobierno se caracteriza por algo, es por la transparencia total, cosa que otros gobiernos anteriores no han podido demostrar”, según ha informado el consistorio en un comunicado.
