Los testigos del juicio por el vertido de Aznalcóllar consideran “precisos” los trabajos de restauración de la Junta

Tras 25 años de peregrinaje por los tribunales, el juicio por la rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar ha comentado este martes en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla. Será este tribunal en manos del juez José Manuel Martínez el que determine si finalmente la multinacional sueca Boliden tiene que reembolsar los 89,8 millones de euros (más intereses) que reclama la Junta de Andalucía por haber reparado el daño medioambiental ocasionado en el entorno de la cuenca del río Guadiamar —próximo al parque nacional de Doñana—, como consecuencia del vertido tóxico de metales pesados que tuvo lugar en 1998, en el complejo minero que explotaba entonces Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

Con esta primera vista oral, encara su final uno de los litigios judiciales más largos del país, que ya ha pasado por las vías penal, civil y contencioso-administrativa en un verdadero vía crucis legal, que todavía tiene por delante, al menos, cuatro estaciones más en lo civil. A la de este martes, hay que sumar otras sesiones de juicio que se celebrarán los próximos días 6, 11 y 13, pero que se podrían prorrogar con otras dos más previstas para los días 18 y 20 de julio, en caso de necesitarse.

Por lo pronto, la primera jornada de juicio ha servido para reconstruir y evaluar el coste y la pertinencia de las actuaciones de limpieza y restauración de la zona que se acometieron tras el desastre ecológico por parte de la administración andaluza, a partir del testimonio de tres de los 12 testigos que van a desfilar por la sala de vistas durante las próximas semanas, apenas dos meses después de conmemorar el cuarto de siglo de la tragedia ecológica.

Gastos “precisos” para la restauración

De esta forma, los interrogatorios celebrados en primera instancia han servido para poner de manifiesto la postura que, durante todo el juicio civil, van a defender la demandante (la Junta) y las demandadas (la entonces titular de la mina Boliden Apirsa SL junto a las sociedades del mismo grupo Boliden AB y Boliden BV). De un lado, la representación jurídica de la administración andaluza se esfuerza por justificar las inversiones realizadas para restaurar la zona tras el desastre ecológico (cuyo coste reclama a la empresa en su demanda, amparada en el artículo 81 de la Ley de Minas); mientras que los representantes de la compañía minera tratan de evidenciar que tales actuaciones se engrosaron para acometer otros proyectos que trascendían el área afectada.

Todo ello es lo que se ha desprendido de las preguntas que han formulado ambas partes a los tres testigos iniciales, implicados en el proceso de restauración como funcionarios de la administración. Así pues, el primero en declarar ha sido Juan Antonio López Domecq, quien fue nombrado jefe de gabinete de la Consejería de Agricultura en el año 2000 y, cuatro años después, asumió el cargo de secretario general técnico en dicho departamento. Durante este periodo, López Domecq firmó un informe a instancias de la Junta de Andalucía en el que la oficina técnica del ramo recogía las labores de restauración que se habían emprendido hasta la fecha para la restauración de la zona.

A este respecto, el ex secretario de Agricultura ha señalado en su comparecencia que las labores de limpieza ejecutadas por Boliden “fueron cuestionadas como adecuadas” por la propia Consejería y, en cambio, ha manifestado que todos los trabajos y “gastos de control y seguimiento ambiental y de investigación” fueron “precisos” para la recuperación del entorno. Al hilo, ha señalado que el Corredor Verde del Guadiamar realizado a raíz del accidente minero “nace como proyecto unido a la restauración integral” del terreno afectado por los lodos tóxicos que se vertieron en las inmediaciones del río.

“Los técnicos de la oficina técnica y los científicos con los que se coordinó estimaron que era imprescindible y necesario para restaurar la zona”, así como para mitigar “el desastre social y económico” que se produjo, según ha añadido el ex funcionario de la Junta. En este sentido, ha defendido que los efectos “devastadores” del vertido exigían “mucho más que una actuación de retirada”. “Requería de un proyecto global para paliar el desastre económico de toda la zona”, ha insistido López Domecq, quien ha recordado “la tremenda alarma social” que se generó en el entorno damnificado.

Actuación rápida como prioridad

A continuación, ha declarado Javier Serrano Aguilar, ingeniero de montes que ostentaba el cargo de jefe de servicio de protección ambiental en la Consejería de Medio Ambiente en el momento de la rotura de la balsa minera y, hasta 2001, se encargó de dirigir las labores de limpieza como coordinador de la Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar, creada después de la catástrofe para “redactar todos los proyectos de restauración, dirigir las obras y supervisar los trabajos que realizaban otras administraciones y la propia empresa Boliden” contando con la coordinación y el asesoramiento “científico” de un equipo interdisciplinar, toda vez que “no había ninguna referencia mundial de una actuación semejante”, en palabras del propio Serrano Aguilar.

Este testigo ha esgrimido que, a diferencia de lo que sucedió con la catástrofe medioambiental del Prestige, en Aznalcóllar la prioridad de las administraciones fue actuar de forma rápida y después reclamar, pues limpiar los residuos antes del otoño era crucial para evitar que las lluvias arrastraran los metales pesados y terminaran afectando a la joya de la corona: Doñana.

En cuanto a los trabajos realizados entonces, este experto ha explicado que la compañía sueca se encargó de retirar los lodos de mayor densidad acumulados en la zona más próxima a la mina, utilizando para ello maquinaria pesada que arrasó también con parte del suelo, lo cual obligó a “actuar sobre los restos que había dejado Boliden”. Preguntado por el letrado de la entonces titular de la mina si se consultaron con la compañía las posibles alternativas de restauración, el que fuera coordinador de la Oficina del Guadiamar ha contestado que no porque “ya no existía”. “Se habían quitado del medio, cómo íbamos a consultarlo”, ha zanjado, aludiendo a un “cambio importante” en la actitud de la empresa minera, desde el momento en que “vieron que la mina no era rentable, se fueron y lo dejaron bastante mal”.

Tanto es así que Serrano ha alertado de que tras la marcha de Boliden, “quedaron metros cúbicos de lodo, hicieron una barrera hidráulica subterránea que está rota y eso sigue filtrando contaminación al río agrio y seguirá filtrando para siempre, por todos lados”.

Corredor verde en tela de juicio

En cualquier caso, la representación legal de Boliden ha incidido en que la citada institución aprovechó el accidente para acometer otros proyectos que trascienden la zona afectada. No obstante, el segundo testigo ha señalado que el corredor verde “no se había previsto antes del vertido” y ha sostenido que “todas las actuaciones que se diseñaron fueron para paliar los efectos” del mismo, pues de no haberse derramado los dos millones de metros cúbicos de agua que había acumulado la balsa (equivalente a 1.600 piscinas olímpicas y que “nunca debería haber estado ahí”, según ha dicho), no se hubieran acometido semejantes actuaciones, de acuerdo con el testimonio del ingeniero.

Con todo, el letrado de Boliden Apirsa ha puesto el foco durante la primera sesión en desmontar el proyecto del corredor verde, insinuando que su construcción “va más allá del área afectada”. Si bien López Domenecq ha reconocido que así fue en cierto modo porque era “imposible” volver a su estado de cultivo agrícola, el tercero de los testigos, Javier María Arenas, ha señalado que el terreno que escapa de la zona afectada es ínfimo: inferior al 1,3% del terreno, según ha apuntado. “La situación anterior es una utopía, era irreversible”, ha defendido al hilo este funcionario de la Consejería de Agricultura, que fue sucesor de Serrano Aguilar como coordinador de la Oficina del Guadiamar entre 2001 y 2004.

De esta forma, ha aseverado que la mejora ambiental derivada de los trabajos de reforestación del territorio acometidos como medida de contención de los residuos contaminantes fue “consecuencia del vertido y no la causa”. De ahí que haya reiterado en línea similar a sus colegas que “todas las actuaciones que se han emprendido se han ceñido en revertir la situación provocada por el vertido”, por el “impacto” no solo medioambiental, sino también económico que sufrió la zona, que perdió su “vocación agrícola” a raíz del vertido, como han recordado los ex funcionarios de la Junta.

De hecho, Arenas ha argumentado que las cantidades demandadas que se abonaron hasta 2002 “se quedan cortas” porque “el seguimiento ambiental se continuó haciendo”. Y sigue haciéndose un cuarto de siglo después porque el entorno del Guadiamar es un “enfermo crónico que necesita medicación para muchos años”, como ha descrito el testigo, remarcando el “alcance” del vertido, cuyas consecuencias se siguen padeciendo hoy, según los testigos.

Sensación de optimismo

Así ha concluido la primera jornada de un juicio que ha contado con la presencia de representantes del área de minería de Ecologistas en Acción, que se han mostrado “optimistas” con el proceso que se inicia ahora. “Esperamos que haya una condena y que Boliden pague”, ha expresado antes del inicio de la sesión uno de sus responsables, Isidoro Albarreal, quien ha calificado de “moderadamente exitosos” los trabajos que se llevaron a cabo para restaurar la zona. Asimismo, ha recordado la posibilidad de “recurrir a la justicia sueca”, en la medida en que la legislación del país de origen de la multinacional minera contempla que la explotadora ha de hacerse cargo de los daños que genere “en cualquier parte del mundo”.  

Por su parte, Klas Nilsson, responsable de Comunicación de Boliden, ha trasladado a los medios de comunicación su “satisfacción” de que se celebre al fin este juicio, tras años de discusiones con la demandante sin alcanzar un acuerdo. Después de lamentar “profundamente” las consecuencias del “desafortunado accidente”, ha expuesto su disconformidad con tener que sufragar los gastos que le demanda la Junta, alegando que ya la empresa a la que representa ha invertido alrededor de 100 millones en reparar los daños. “Podamos asumir la responsabilidad de nuestra parte, pero no la de todo”, ha manifestado al término de la primera jornada.

El juicio se retomará el próximo jueves con nuevos interrogatorios. Todo ello mientras los habitantes de Aznalcóllar tienen la mirada (y la esperanza) puesta de nuevo en el yacimiento, pues su reapertura a cargo de Minera Los Frailes está prevista para este mismo año, el del 25 aniversario y el del juicio que la Junta de Andalucía espera ganar para que “se haga justicia”.