¿Qué pasa después de un asesinato machista?: “Apenas podemos pagar el alquiler. Nos sentimos abandonados”

Solo ha pasado alrededor de un año desde que Lourdes (nombre ficticio) supo que su hija había sido asesinada por su pareja. La joven tenía 28 años y convivía junto al hombre y el hijo pequeño de ambos en una ciudad que podría ser cualquiera. La terapia psicológica durante todos estos meses intenta mitigar el desconsuelo ante una realidad para la que ninguna familia está preparada. “En nuestra familia lo cambió todo”, cuenta Lourdes, que prefiere mantener el anonimato. Desde el mismo día del asesinato, su nieto de ocho años, del que tiene la custodia provisional, se quedó a vivir con ella, y junto a él y su otra hija, de 20 años, pelea por salir adelante ante las enormes dificultades económicas que atraviesan.

“Cobramos algunas ayudas sociales del ayuntamiento y nos dieron una especie de indemnización de 1.600 euros tras la muerte de mi hija, pero apenas podemos pagar el alquiler y tres personas son muchos gastos. Nos sentimos muy abandonados”, explica Lourdes, que se quedó sin trabajo poco después del asesinato. Todos los miembros de la familia reciben la terapia psicológica que les ofrecieron desde un primer momento los servicios sociales especializados en violencia de género, pero es algo que depende de la comunidad autónoma. En su caso, hubo un acompañamiento permanente y desde el inicio por parte de las psicólogas. “Poco a poco estamos algo mejor, pero no es nada fácil...”.

Lucila y Félix recuerdan que fue a la 1 de la mañana cuando dos agentes les notificaron el asesinato de su hija Rocío López Agredano, de 25 años y deportista profesional. Ellos viven en Castellón y el asesinato había sido en Valencia. Era 2008 y cuentan que entonces les dieron un papel con un número de diligencia al que acudir y después pasaron la noche solos, “ni psicólogos, ni nadie”. Rocío ahora tendría 35. Lucila es ama de casa y Félix se ha jubilado a lo largo de estos años. En su caso, las únicas ayudas que han recibido han sido subvenciones como parte de la Fundación que crearon con el nombre de Rocío, AFAVIR (Asociación de Ayuda a Familiares y Víctimas Rocío López Agredano), pero nada como familiares de víctima.

Una década después la concienciación social e implementación de la Ley de Violencia de Género ha avanzado, pero ellos piensan que “cuando le pasa a una familia se tiene que espabilar. Nosotros no sabíamos qué hacer”. Meses después les sacudió otro caso, la desaparición de Marta del Castillo. Al verlo fue cuando decidieron que tenían que hacer algo y se dedican, con la colaboración de su otro hijo de 32 años desde Brighton, a orientar “como podemos” sobre asesoría legal y psicológica a supervivientes y familiares. Algo así “no se arregla en un día. Hace falta mucha terapia: para los familiares, para paliar o evitar depresiones severas”. También han organizado torneos y obras teatrales. Aunque lo que más disfrutan es de dar charlas en institutos contando su caso porque sienten que ponen su “granito de arena”.

Lo hacen por eso y para preservar la memoria de su hija: a ella le hacen un homenaje frente a la Delegación del Gobierno de Castellón cada mes. Saben que su posición tan activista es excepción: “A nosotros ver que ayudamos a una chica como nuestra hija a salir es lo único que nos mitiga algo la pena. Llevar el nombre de Rocío y comprobar que nuestra hija no es solo una cifra más. Pero sabemos que no todo el mundo es como nosotros y lo comprendemos”. Hace poco estuvieron en Sonseca (Toledo) con la madre de una víctima que no quería salir de casa. También conocen a una abuela que, como Lourdes, tuvo que luchar por sus nietos, en su caso para poder verlos en la residencia a la que tuvo que trasladarse.

La carga de la culpa

Las experiencias son diversas y dependen de cada familia, pero, según las expertas consultadas para este reportaje, hay un elemento que emerge casi siempre: la culpa. “Surge tanto en los familiares como en los hijos e hijas. Empiezan repasando la historia y se plantean qué podría haber hecho cada miembro de la familia por evitarlo, por ejemplo, si hubiera llamado a la Policía, si hubiera denunciado... Los niños pequeños, como están acostumbrados a ver y meterse en las peleas, piensan que si hubieran estado ahí, no hubiera ocurrido. Les pasa hasta con cinco años”, explica Itziar Fernández Cortés, psicóloga experta en este tipo de intervenciones.

Se trata de una “sensación muy perversa” porque los familiares conviven con la sensación de que el crimen se podría haber evitado –“pensar que era inevitable da mucho miedo...”, remarca la experta– y al mismo tiempo suelen asumir la carga y la responsabilidad de pensar que dependía de ellos. 

Lo mismo ha detectado Ángela Alemany, abogada de la Asociación Mujeres Juristas Themis, a la que recurren muchos familiares de mujeres asesinadas para que sus letradas ejerzan de acusación particular en el juicio. De hecho, Alemany acaba de recibir la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condena a un hombre a 22 años y medio de prisión por asesinar a su pareja el 31 de diciembre de 2016 en el municipio de Rivas Vaciamadrid en el que fue considerado por los medios de comunicación el primer asesinato por violencia machista de 2017.

“Tienen la posibilidad de acudir a la justicia gratuita, como cualquier ciudadano, pero también les ofrecen desde servicios sociales a nuestra asistencia”, explica Alemany, que incide en que la personación se produce en algunos casos de forma inmediata y en otros, unos meses después. “Muchas veces se sienten culpables porque piensan que no supieron enterarse a tiempo y, aunque cada familia es muy diferente, suelen rechazar hablar del asunto incluso en el procedimiento judicial”. Según la letrada, el proceso dura de media unos dos años y los familiares habitualmente prefieren no estar presentes en las sesiones del juicio para no revivir lo que ha ocurrido, pero sí suelen acudir al veredicto final.

200 euros de pensión de orfandad

Los hijos e hijas de las víctimas viven su propio proceso. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género contabiliza en lo que va de año 35 menores que se han quedado huérfanos por violencia machista. A la dificultad de encajar emocionalmente que sea, en la mayoría de ocasiones, su propio padre el que acaba con la vida de su madre, se suman los obstáculos burocráticos que complican la obtención de la custodia por parte de otros familiares o el cobro de una pensión de orfandad suficiente. 

De hecho, el Congreso ha aprobado recientemente la ampliación de este tipo de prestaciones, cuya cuantía esta actualmente condicionada por una serie de requisitos que debía cumplir la madre. Entre otras cosas, se ha dado luz verde a que la norma sea aplicada de forma retroactiva, lo que hace previsible que niños como el nieto de Lourdes, que solo cobra 200 euros, pase a cobrar un mínimo de 600. Una situación similar han atravesado los sobrinos de Josean Picazo, de 16 y 10 años, cuya madre fue asesinada por su padre en 2013. Actualmente ambos residen en un pueblo de Cuenca con su abuela, la madre de Josean, quien se quedó con su custodia nada más producirse el crimen. “Llevamos cinco años pidiendo lo mismo, parece que estamos mendigando”, cuenta el hombre.

Cuando todo ocurrió, solicitaron la pensión de orfandad para sus sobrinos, pero la Seguridad Social se lo denegó porque la madre de los niños no cumplía con los requisitos –que estuviera dada de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada–. Por ello, desde entonces la madre de Josean solo ha estado cobrando “la miseria” de 72,75 euros trimestrales como prestación por hijo a cargo. Tras el recurso que interpuso la familia, el pasado febrero le reconocieron el cobro de 317 euros cada uno, pero la Seguridad Social ha vuelto a recurrir. “Por otro lado, los menores reciben terapia psicológica todas las semanas. Sigue siendo muy duro, pero están algo mejor”, comenta Josean.

Las consecuencias psicológicas de perder a tu madre a manos de tu padre las conocen bien en la Fundación ANAR, un teléfono de atención a menores víctimas de la violencia. Mediante un acuerdo con el Gobierno, todas las llamadas al 016 provenientes de niños, niñas y adolescentes se derivan ahí. “Hay muchas cosas que solo se atreven a pedir desde el anonimato”, dice Benjamín Ballesteros, psicólogo y director de programas de ANAR. Su actuación no se acaba ahí sino que hacen un seguimiento y cuentan con algunos recursos: en la Comunidad de Madrid, dos “hogares de acogida” para hijos de asesinadas.

Cuando un hijo o hija de una víctima de violencia machista queda huérfano hay un protocolo que detallan desde ANAR. El niño pasa a ser tutelado por Protección de Menores en cada Comunidad y puede ir a un centro durante unas horas. Su caso lo estudia un técnico y, si hay abuelos, tíos u otros parientes que se quieran hacer cargo en un entorno “no contaminado por el agresor”, se procura optar por esa opción. El proceso tiene vacíos legales. Empezando por que ANAR pide que sea inmediata la retirada de la patria potestad y no dependiente de la sentencia firme: se han encontrado con menores que por orden de un juez tienen que acudir a la cárcel a visitar al asesino de su madre.

En ANAR también dan asistencia psicológica. En los casos en los que el asesinato ha ocurrido delante de los hijos, la “violencia traumática” “no se va a borrar jamás. Hay que trabajarlo mucho y evitar el aprendizaje transgeneracional. Cuanto menos se interiorice una posible justificación a la violencia, menos posibilidades tienen cuando crezcan ellos de reproducirla y ellas de sufrirla”. Por otro lado, en los niños y niñas que han atravesado este proceso, emerge un sentimiento confuso de “amor-odio”, añade la psicóloga Fernández Cortés. “Es algo muy difícil de resolver que se suma también al sentimiento confuso de pensar que la rabia que tienen dentro es inherente a ellos mismos no por lo que ha pasado, si no por ser descendientes”, explica. “Hay que tener en cuenta que eso ha ocurrido en en el entorno en el que el afecto y la protección deberían marcar la pauta”.