Rajoy anuncia otra vez la ley de cambio climático mientras crece el uso de carbón y se prevén más emisiones de CO2
Tras quedar en fuera de juego al no acudir a la cumbre de Bonn sobre el cambio climático del pasado noviembre, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy no ha podido eludir la reunión sobre financiación climática convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron este martes en París. Macron pedía “una lista de acciones y compromisos financieros concretos”, no más “declaraciones”.
Con todo, Mariano Rajoy ha esgrimido de nuevo el ya repetidamente anunciado proyecto de ley de cambio climático para resaltar que “España está comprometida” con el reto de frenar el calentamiento global. “Estamos trabajando en una ley de cambio climático que nos permitirá cumplir con nuestros compromisos de 2030”, ha dicho en París.
Pero, a ese avance de ley le cuesta materializarse. Por más que el presidente haya asegurado que España “ha asumido compromisos muy exigentes para 2020 que vamos a cumplir”, a Rajoy se le ha disparado la generación de energía a base de carbón, sus ministros opinan contradictoriamente sobre las centrales térmicas, las emisiones de gases de efecto invernadero están al albur de que llueva o no y, además, no abre la mano para que otras administraciones aceleren sus compromisos (acaba de recurrir la ley de cambio climático de Cataluña lo que la ha paralizado en la práctica).
En París, en Marrakech y vuelta a París
El Ejecutivo entiende que responde al reto que supone el cambio climático al haber incluido la ley de transición energética en sus prioridades legislativas para 2018. Según su visión, pretende establecer un marco normativo que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las metas en materia de energía.
Rajoy ya anunció la ley (como oferta electoral) en la cumbre de París de 2015. Repitió la jugada al acudir a Marrakech un año después (en un discurso que luego imitó su ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la Asamblea General de la cumbre).
Mientras, las emisiones de gases de efecto invernadero en España han ido por libre. Crecieron el 2011, bajaron en 2012, y volvieron a incrementarse en 2013, 2014 y 2015, según la serie del Instituto Nacional de Estadística. En 2016, un año húmedo, se pudo recurrir más a la generación hidroeléctrica y cayó la creación de CO2, de acuerdo con el avance de emisiones remitido por el Ejecutivo a la Unión Europea.
En ese informe del Ministerio de Medio Ambiente se destacaba “un descenso marcado en el uso de carbón” que pasó de suponer el 19,9% de la generación de electricidad al 14,5%, según Red Eléctrica Española. Pero, en lo que va de año, el carbón ha vuelto ganar peso lo que hará que la emisión de CO repunte de nuevo este curso, según las previsiones. Casi el 70% de la electricidad generada en España en 2017 ha provenido de fuentes de energía no renovable.
Sin adiós a las térmicas
La generación de electricidad es uno de los grandes emisores de gases, solo superado en España por el transporte y seguido por la industria. Sin embargo, la acción del Gobierno ni siquiera es unívoca. El Ministerio de Energía está lejos de considerar el abandono del carbón a la hora de generar electricidad.
El ministro Álvaro Nadal respondió en noviembre al anuncio de Iberdrola de que cerraría dos de sus plantas de carbón con la remisión de un proyecto de decreto que dificulta la clausura de estas instalaciones. Nadal cree que España no puede desengancharse del carbón, que haría más cara la luz y no se garantizaría el suministro. Una postura que no se ha visto respaldada por la Ministra de Medio Ambiente, García Tejerina, al decir que “el medio ambiente manda, no el precio”. Enfoques antagónicos. El propio Mariano Rajoy en la reunión de este martes ha insistido que la “la transición a una economía baja en carbono deben hacerse manera ordenada y con poco coste para el consumidor”.
En los mismo días, en la COP 23 de Bonn, España se apartó de la alianza de estados que se comprometieron a dejar de usar carbón en 2030 entre los que estaba Canadá, Gran Bretaña, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica o México. Alemania expresó que su desenganche es inevitable, pero más lejano. En España operan 15 centrales térmicas de las que cinco están consideradas entre las 30 más tóxicas de la Unión Europea, según el análisis de la coalición ecologista Europe beyond coal.
Subvenciones y tapón en el Consitucional
A pesar de que el Acuerdo de París establece que “los flujos financieros deben ser coherentes con un camino hacia bajas emisiones”, cada año, España gasta 1.000 millones de euros en sostener el uso de combustibles fósiles. Justo este martes, el Banco Mundial ha apuntado en la dirección contraria y ha anunciado que dejará de financiar proyectos para la extracción de gas y petróleo en 2018. En este sentido, la primera ministra de Islandia, Katrin Jakobsdottir, ha explicado en el foro que el año que viene su país “incrementará en un 50% el impuesto al carbono” que castiga las emisiones a la atmósfera y rebajará los que gravan a los coches eléctricos.
Desde la Moncloa “a pesar de las restricciones presupuestarias”, cifran la “contribución a la financiación climática” de España, es decir, el trasvase de recursos desde los países desarrollados hacia el sur global para proyectos de lucha y adaptación contra el cambio climático, en 596 millones para 2016.
Y además, Mariano Rajoy impide que otras administraciones avancen en sus objetivos climáticos a un ritmo más acelerado que el que marca el Ejecutivo central. Este mismo diciembre, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso prsentado por el Gobierno contra la ley catalana de cambio climático. De esta manera queda paralizada. El recurso se interpuso contra una veintena de preceptos entre los que están “Impulsar el cumplimiento de los compromisos internacionales con el cambio climático que vinculan a la Generalidad”, las “cantidades permitidas de emisiones de CO” o la creación “de inventarios de emisiones”.
