El caso del bebé arrojado al Besós: así aboca la reforma del aborto del PP a un callejón sin salida a menores vulnerables

La madre de 16 años del bebé que fue arrojado el pasado 24 de septiembre al río Besòs por parte del padre, también menor, había pedido ayuda para abortar, pero no le dieron la posibilidad. La adolescente se había dirigido en marzo al Punto de Información Salud Joven de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), pero allí le dijeron que no podía hacerlo sin el consentimiento paterno, tal y como exige la ley. Finalmente, la pareja mantuvo en secreto el embarazo y dio a luz en un hostal sin ninguna supervisión médica y sin que nadie lo supiera.

Las cosas acabaron de la peor manera posible: ya con el bebé, ambos fueron a Sant Adrià del Besòs, donde se separaron. Ella creía que él iba a darlo en adopción, como habían acordado, pero el padre se adentró en un cañaveral del río y salió sin el recién nacido. Aunque se desconoce si la adolescente estaba decidida a no tener el bebé, había tratado de eludir el requisito que impone la ley aduciendo que sus padres estaban en Bolivia, algo que no era cierto, según El Periódico.

El meollo del caso se ha hecho público este jueves, pero el marco legal que impidió a los profesionales que atendieron a la chica darle la posibilidad de interrumpir su embarazo está vigente en España desde 2015. Se trata de la reforma de la Ley del Aborto de 2010 que hizo el Partido Popular de Mariano Rajoy y que ya entonces asociaciones y expertas alertaron de que, “sin duda alguna”, conduciría a las menores más vulnerables “a un aborto inseguro, clandestino o a un embarazo no deseado que muy probablemente truncaría sus expectativas vitales”.

La reforma popular obliga a todas las menores de 16 y 17 años a que cuenten con el consentimiento de sus progenitores o representantes legales. La norma anterior establecía en su artículo 13.4 que el consentimiento les corresponde exclusivamente a ellas, aunque especificaba que los padres debían ser informados de la decisión. Un requisito del que la ley permitía prescindir cuando la adolescente alegara “fundadamente” que le provocaría “un conflicto grave”, peligro “de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos” o “una situación de desarraigo o desamparo”.

Los sectores más ultraconservadores y del PP iniciaron entonces una intensa campaña contra esta norma y, en concreto, contra lo que atañe a las menores. Los populares llegaron a recurrir ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado. Desde entonces, tanto PSOE como Unidas Podemos han llevado en sus programas la recuperación de este derecho, algo que sugiere también el acuerdo del Gobierno de coalición. Aunque no lo dice explícitamente, el texto garantiza el acceso al aborto “de todas las mujeres” en el marco de la ley aprobada por Zapatero en 2010, es decir, antes de la reforma.

Una excepción anulada

El PP cambió la ley como último recurso para contentar a los sectores más radicales después del fracaso del intento de reforma de Gallardón, que proponía la norma del aborto más restrictiva de la democracia y se vio obligado a dimitir tras la enorme presión social y feminista. En este proceso, la idea más expandida fue que supuestamente muchas adolescentes interrumpían su embarazo sin decírselo a madres o padres. Un argumento desmentido de forma reiterada por las asociaciones especializadas, clínicas y centros de planificación familiar que atienden a estas chicas.

“La realidad es que una inmensa mayoría de jóvenes acudían con sus padres a abortar y las que no les informaban era porque realmente no podían hacerlo. La norma estaba funcionando bien, así que no había motivo alguno para modificarla más allá de cuestiones ideológicas”, explica Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI).

Según un estudio elaborado por la asociación hace unos años, la proporción de jóvenes que acudió a abortar sin consentimiento entre enero y septiembre de 2014 fue del 12,38% y los motivos para hacerlo son variados: desde mujeres emancipadas de otros países que residen en España sin sus padres a jóvenes que viven en una situación de desamparo familiar. Otras alegaban riesgo a sufrir malos tratos o presentaban un “miedo patológico” a la respuesta paterna o materna debido a las creencias ultrarreligiosas de los progenitores.

Consecuencias dramáticas

Hoy, las chicas en esta situación ya no tienen la posibilidad de abortar sin consentimiento y las únicas opciones que les quedan son tres: continuar con el embarazo de una criatura no deseada; dar en adopción al bebé o que acudan a la vía judicial si sus progenitores se oponen y ellas quieren abortar. Esta última vía “apenas se da” porque “hay que entender que son chicas que no va na exponerse a eso. No puede ser su último recurso”, explica Jordi Baroja, director del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat, que gestiona l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius.

Pero, además, tal y como anunciaba ACAI en 2014, “no sabemos los abortos clandestinos que pueden estar dándose”, explica García, que asegura que hay chicas que pueden estar recurriendo a la compra de medicamentos por Internet para practicarse abortos farmacológicos sin ninguna supervisión –con los riesgos e inseguridades que ello conlleva–. “Que siga habiendo en nuestro país y en el contexto actual chicas que tienen que abortar clandestinamente porque el sistema no les da la seguridad que necesitan es un drama”, concluye Baroja.

Para el experto, la reforma “fue un cambio pequeño desde el punto de vista cuantitativo, en el sentido de que son pocas mujeres a las que afecta, pero muy significativo porque son chicas que están en una situación social muy vulnerable”. El centro que dirige le pone cifras a esta realidad: de las entre 50 o 60 menores de 16 y 17 años que acuden embarazadas cada año, más o menos 15 se encuentran en este tipo de situaciones.

Ser madres pero no tener capacidad de decidir

La mayoría de las chicas, dice el experto, en el momento en que saben que sus progenitores deben autorizar el aborto “nos dicen 'uff, me van a matar'. Nuestro trabajo es acompañarlas y saber qué hay detrás de eso porque, evidentemente, nosotros siempre preferimos que la familia se involucre. La mayoría de veces significa una bronca o un rato de mal gusto, pero otras veces es más literal”.

Con él coincide la coordinadora del área de intervención social de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Raquel Hurtado. La experta explica que, a pesar de que muchas familias, en un principio, puedan mostrarse “contrarias a la decisión”, al final “el bienestar y la seguridad de sus hijas acaba primando”. Sin embargo, otras situaciones son “insalvables” y aunque el caso de Besòs es “una situación extrema”, hay veces en que las jóvenes “no quieren, por miedo, compartirlo con nadie y la cosa tiene consecuencias mucho más dramáticas”.

Por eso, las expertas ponen en entredicho la ideología que hay detrás de “este tipo de posiciones que acaban transformándose en legislación”, señala Hurtado, porque “dan por hecho que estas jóvenes pueden y tienen la madurez suficiente para ser madres, pero luego se da la paradoja de que les niegan su capacidad de decidir sobre su maternidad”.