Todas las comunidades salvo Asturias tendrán que abaratar tasas universitarias hasta 700 euros el próximo curso

La Universidad será más barata el año que viene en la mitad de España. O al menos debería. Siete comunidades autónomas tienen que bajar los precios públicos de sus universidades en diferente cuantía para el próximo curso para los grados y, además, todas menos Asturias deben hacerlo varios cientos de euros también para los másteres habilitantes, según un análisis realizado por el Observatori del Sistema Universitario de Catalunya (OSU). El Principado es la única región que llegará a septiembre con todos los deberes hechos.

Así les obliga el acuerdo alcanzado hace dos cursos con el Ministerio de Universidades por el que se busca reducir y también armonizar los precios públicos universitarios en España, que se dispararon tras el cambio que introdujo el exministro José Ignacio Wert en 2012 por el que permitió a las comunidades subir las tasas. Algunos Gobiernos regionales, como los de Madrid o Catalunya, abrazaron la idea con entusiasmo y los precios públicos se dispararon, llegando a duplicarse en estas dos comunidades y provocando que estudiar un mismo grado cueste hasta el triple, en el caso más extremo, en algunas comunidades que en otras. Ahora los tendrán que bajar en consonancia.

Las siete comunidades que los tienen que bajar son Madrid, Baleares y Euskadi, que ni siquiera han empezado a hacerlo, y Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura y Navarra, que sí han reducido algo, pero les falta camino. Madrid tendrá que bajar sus precios de media hasta 290 euros por matrícula y año en el caso de los grados; Catalunya, un par de cientos de euros. Medio millón de estudiantes de centros públicos se verán beneficiados por la rebaja en estas siete comunidades.

La reducción no es igual en todas las comunidades porque partían de diferentes precios públicos y además el acuerdo, que es complejo y tiene varios matices, no obliga a llegar al mismo precio porque había autonomías que ya estaban por debajo de los 18,46 euros por crédito que fijó Universidades como tope. Las que estaban por debajo de esa cifra no pueden elevar sus precios. Además, hay que tener en cuenta que el coste de los estudios universitarios, tanto de grado como de máster, varía: en general, los de letras son más baratos que los de ciencias, que incluyen uso de laboratorios y maquinaria diversa. Por eso, las universidades tienen una horquilla de precios mínimos y máximos.

Con los másteres habilitantes –los que son obligatorios para ejercer una profesión, como por ejemplo la abogacía– la situación es más apremiante para las comunidades. Todas tenían que bajar el precio de estos posgrados, algunas varios cientos de euros, en virtud de una segunda parte de ese mismo acuerdo, para equipararlos a los estudios de grado por aquello de que son obligatorios, a diferencia de los másteres normales. Pero de momento solo Asturias ha cumplido en este apartado. El resto de Gobiernos regionales tienen deberes pendientes para septiembre: La Rioja tiene que reducir sus precios mínimos más de 700 euros y los máximos 543; Extremadura entre 203 y 697; Baleares entre 451 y 680; y Catalunya casi 600, por citar las que más rebaja deben hacer. Madrid, que suele aparecer en estas estadísticas entre las peores, tiene menos camino que recorrer con los másteres: tendrá que bajar el precio mínimo 347 euros, el máximo no necesita tocarlo. La rebaja beneficiará a unos 44.000 estudiantes, según datos del Ministerio, y costará a las comunidades autónomas 10 millones de euros, según Universidades.

“Ha tenido poca modificación de las conductas”

“El acuerdo realmente ha tenido relativamente pocos efectos prácticos, poca modificación de las conductas: las comunidades que estaban bajando los precios han seguido haciéndolo y las que no, no”, valora Vera Sacristán, responsable del OSU y del informe. “Las tendencias se mantienen, para bien o para mal, aunque hay comunidades que están bajando precios, y de manera sustancial”, añade pensando en Catalunya, que ha rebajado sus tasas en los dos últimos cursos, aunque aún le queda camino por recorrer.

Los Gobiernos regionales tenían tres cursos para reducir sus precios (las que tuvieran que hacerlo, algunas como Galicia no llegaron a subirlos y por tanto no tienen que bajarlos), pero no todos se han aplicado por igual y ahora están obligadas a hacerlo de cara al próximo año universitario. Y para algunas la rebaja es sustancial: Madrid tiene que reducir el precio medio de los estudios de grado 290 euros de golpe porque no ha hecho nada en dos cursos, y Catalunya, la que más tenía que recortarlos porque es la que más los subió, ya tiene parte de la faena encaminada de los pasados dos años, pero tiene que reducir el precio de media 843 euros y ha bajado los mínimos 455 y los máximos 712.

En cualquier caso, las diferencias de precios aún tras el cumplimiento de este acuerdo de armonización seguirán siendo notables según las comunidades autónomas. Estudiar un grado aún puede costar la mitad desde los 518 de precio mínimo de Asturias o los 757 máximos de Andalucía (aunque esta comunidad luego bonifica al 99% el coste) hasta los 1.283 mínimos madrileños o los 1.660 máximos catalanes. Con los másteres habilitantes sucede algo parecido: la horquilla entre 591 y 836 que cuesta uno en Galicia supone casi un tercio de la de 1.454 a 2.110 de Madrid.

Estas diferencias tienen un reflejo directo en el esfuerzo que han de hacer las familias para afrontar estos gastos. Según un estudio de la CRUE de hace dos cursos, estudiada la renta per cápita de cada región y el coste de los estudios superiores, un estudiante catalán dedicaba el 7% de su renta per cápita a la Universidad, mientras que uno vasco gastará el 3,18%. En esta estadística destacan casos como el de Extremadura, cuyos estudiantes gastan el 5,4% de su renta en la universidad cuando esta es la mitad que la de un vasco, por ejemplo (unos 16.000 euros anuales frente a 32.000).

El acuerdo de hace dos años no fue bien acogido por todas las comunidades. Las populares Andalucía, Madrid, Castilla y León y Murcia –que durante la legislatura han venido rechazando prácticamente cualquier medida que viniera del Ministerio de Educación o de Universidades– y Euskadi –que habitualmente vota “no” porque argumenta que invade sus competencias– rechazaron la medida por ser “impuesta (...) sin ninguna propuesta económica concreta” que compense a los campus de esa caída en los ingresos, que ahora deberán asumir (o no) los Ejecutivos autonómicos. Cuando hubo que hacer la operación inversa en 2012, las comunidades no pusieron tantas pegas: redujeron la financiación global en 1.500 millones de euros y obligaron a las familias a asumir parte de ese recorte subiendo el coste de las tasas.

Pero esta decisión, al ser aprobada por el Consejo General de Política Universitaria (CGPU), es de obligado cumplimiento porque remite en última instancia a la Ley Orgánica de Universidades. ¿Qué pasará si alguna no cumple? Nadie se atreve a responder. “Tienen que hacerlo”, se limitan a explicar desde el Ministerio.

El 90% de los másteres, fuera del acuerdo

El OSU recuerda que, pese a estas rebajas de precios, el 90% de los másteres se han quedado fuera del acuerdo y la única obligatoriedad es que no suba su precio. Sin embargo, como explicaba Sacristán, del OSU, las comunidades están aplicando aquí la misma política que a la generalidad de los precios universitarios, aunque no haya mandato. Así, Castilla y León ha bajado sus precios 430 euros por curso (un 18%); Catalunya, 1.106 (un 40%); y La Rioja, entre 221 y 270 (un 11,5%). Pese a ello, las diferencias entre comunidades se mantienen: el máster no habilitante más caro, en Murcia, cuesta 4,7 veces más que el más barato, en Galicia.

Y luego están los llamados másteres vinculados. Estos posgrados están a medio camino entre los habilitantes y no: hacen falta para determinadas profesiones, pero no son la única condición exigida (se puede hacer alguna otra prueba como un examen, como sucede por ejemplo para la marina mercante). La reforma de Wert posibilitó que las universidades pudieran ofrecer un tercer tipo de máster, aparte de los habilitantes y los ordinarios, en los que podían “modificar excepcionalmente las horquillas establecidas”. Dicho de otro modo, poner precios más caros “atendiendo a la singularidad de determinadas titulaciones”. En Madrid, “con mucha diferencia la comunidad con más másteres a precios diferenciados”, explica el OSU, estos pogrados alcanzan los 13.500 euros.

Pero el párrafo que los amparaba desapareció de la LOU con la reforma de los precios que realizó Castells el curso pasado. Y, sin embargo, ahí siguen estos másteres. El pasado curso se añadieron algunos, sin ir más lejos, en la Comunitat Valenciana y Murcia. Sacristán, del OSU, explica que tiene dudas de la legalidad de estos cursos una vez desaparecido el texto que los permitía en la LOU.

¿Y las segundas y terceras matrículas?

Otra cuestión que preocupa al OSU es la política española respecto a los precios de las segundas matrículas y en adelante. Es lo que Sacristán llama “incentivos al estudio”, y ha quedado fuera de los acuerdos entre el Ministerio y las universidades. En España, cuando se repite una asignatura por la razón que sea (suspensos o no presentarse), el coste de la matriculación se dispara. Con diferencias entre comunidades, pero la norma es que se duplica en la segunda matrícula y se multiplica por tres y hasta cuatro veces en la tercera. A partir de la cuarta matrícula el precio se llega a multiplicar hasta por 8,5 veces. “Repetir asignaturas no es para pobres”, dice la responsable del OSU.

“El castigo económico a la repetición es muy excepcional en Europa”, asegura la experta. “Como España, donde es más caro presentarse por segunda vez por lo que sea, no lo hace nadie. Hay países que aplican un castigo si se alargan demasiado los estudios, pero con carácter general. Por ejemplo, algunos te dan cuatro años para acabar un grado que sea de tres y si no lo has conseguido te castigan al quinto. Esto te permite adaptarte cuando vienes del instituto. En general el incentivo para seguir los estudios a buen ritmo, para que se haga un uso eficiente de los recursos públicos, suelen ser medidas académicas, explica la experta.