En la 'zona cero' del caso Cifuentes un año después
El 21 de marzo la calma y la tranquilidad que reinaba en la primera planta del edificio departamental del campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos se quebraron. El estallido del caso Cifuentes se convirtió en el tema principal de conversación en cada uno de los espacios que compartían los docentes y los alumnos. Ese runrún fue aumentando con el paso de los días.
Las contradicciones de la universidad, el silencio de las profesoras implicadas y las incoherencias de Enrique Álvarez Conde contribuyeron a que aumentase la presencia de periodistas, cámaras de televisión y productores que reclamaban respuestas a las mentiras y vaguedades que aportaba la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Muy pocos trabajadores de la URJC atendían a estos profesionales. Muchos trataban de pulular lo menos posible por esos pasillos. Durante esos días, había más periodistas paseando por allí que docentes. Y cuando a los que acaparaban el protagonismo mediático no les quedaba otra que acercarse a alguna reunión del Instituto de Derecho Público (IDP), salían corriendo a la primera pregunta. “Parecemos paparazzis”, apuntaba alguna de las redactoras para intentar convencerles de que se parasen a atenderles.
“Nos pilló a casi todos por sorpresa”, recuerda sobre ese 21 de marzo el único docente que atiende a esta redacción en la zona cero un año después. Este profesor cree que este caso ha sido una “purga” para toda la universidad española y añade que una de las consecuencias que ha tenido en la URJC afecta a los estudiantes. “Ahora mismo aquí no cambia nadie una fecha de examen a ningún alumno bajo ningún motivo”, añade este docente, que lamenta que sus compañeros hayan optado por ser inflexibles con este asunto.
“Lo recuerdo con angustia”
El resto de profesores y trabajadores consultados mantienen el hermetismo que asumieron durante las semanas posteriores al estallido del caso. “Yo prefiero no hablar”, “no, lo siento”, “no podemos hablar de este tema”, “paso, paso”, son algunas de las respuestas aportadas por empleados de la URJC consultados sobre el mismo tema a eldiario.es. “Lo recuerdo con angustia. Los medios de comunicación no nos trataron bien”, se limita a plantear uno de los que amplía la contestación.
El IDP tenía una presencia destacada en ese edificio. Los carteles de algunos de sus cursos estaban pegados en las paredes de la primera planta. Así promocionaban sus títulos para especializarse en asuntos diversos como convertirse en detective privado, de especialista en seguridad o de peritaje informático.
Un año después no queda rastro del IDP en esos pasillos. Este organismo, que ha sido clausurado por la URJC, ha perdido sus despachos y toda la documentación con la que decoraban las paredes han desaparecido. Eso sí, los profesores involucrados en este caso, que continúa judicializado, mantienen sus despachos. Álvarez Conde es el único que cuenta con uno para él solo, aunque las fuentes consultadas por esta redacción aseguran que no le han visto desde hace meses por allí. La otra profesora que todavía está imputada en el procedimiento, Cecilia Rosado, comparte con tres compañeros más.
“Me recomendaron no venir a la URJC”
Frente al silencio que han adoptado los trabajadores de la URJC, los alumnos sí que responden. “Recuerdo mazo de polémica y mazo de manifestaciones”, apunta Almudena. Esta estudiante de Turismo atiende a eldiario.es mientras toma el sol en uno de los espacios verdes del campus junto a tres amigas más. “A mí me recomendaron no venir a la universidad”, añade Paula, que está sentada a su lado, y se ha incorporado este curso a la URJC. Al final se decantó por esta universidad porque está en su barrio.
Dos estudiantes de Derecho rememoran con un discurso más crítico esos días. “Tengo sentimientos contradictorios con los profesores porque entiendo que se cubran las espaldas, pero deberían dar la cara porque trabajan para una institución pública”, explica Carla. Un año después, con el caso judicializado, cuentan que muy pocos docentes abordan estos asuntos en sus clases.
Sin embargo, aunque dentro del aula no profundizan sobre este caso, estas alumnas explican que fuera otras personas vinculadas a su área sí les preguntan sobre el tema. Así les sucedió cuando acudieron a un juicio como oyentes. “El juez y la fiscal lo primero que nos preguntaron al saber que veníamos de esta universidad era cómo creíamos que iba a afectar esto a nuestros títulos”, reseña.
Para los alumnos ese 21 de marzo también fue un punto de inflexión: los memes, imágenes y mensajes con chistes sobre su universidad comenzaron a acumularse en sus perfiles en WhatsApp. “Recuerdo que me enviaron uno en el que aparecía todo el mundo gritando en un avión porque se enteraban que estaba construido por gente de la URJC”, explica Carmen.
Jose está cursando ADE y Derecho mientras trabaja en un restaurante de viernes a domingo. “Esta situación perjudica a los que tenemos menos dinero. Mi madre y mi novio me decían que me cambiase de universidad. Yo no me puedo permitir pagar la convalidación de créditos para estudiar en otro campus”, finaliza. Los alumnos insisten en aclarar que los tratos de favor son casos muy reducidos, inciden en que ellos se esfuerzan, se examinan e invierten tiempo para obtener su título.
