El consejero de Educación de Cifuentes dio a dedo dos plazas en la Rey Juan Carlos cuando era vicerrector
“El gobierno no va a opinar en un asunto que no es un asunto de gobierno”. Son las primeras, últimas y únicas declaraciones del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, sobre el mayor caso de plagio conocido en una universidad, el del rector de la Rey Juan Carlos, un campus madrileño financiado por la Comunidad de Madrid con más de 120 millones al año.
El consejero de Cristina Cifuentes aducía el 15 de diciembre “autonomía universitaria” y no se pronunciaba directamente sobre Suárez o su posible dimisión, aunque aceptaba que el plagio está mal en general. La misma postura de la presidenta autonómica. Esa autonomía impide tomar decisiones aunque no impide hacer declaraciones.
Van Grieken conoce bien esta universidad: es catedrático de Ingeniería Química allí y además ha sido vicerrector durante diez años con el exrector Pedro González-Trevijano, actualmente miembro del Tribunal Constitucional. También conoce bien al actual rector, Fernando Suárez, porque ambos han sido colegas y este último también era vicerrector en el mismo periodo.
Además, ha dirigido la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), que es el organismo estatal dependiente del Ministerio de Educación encargado de dar los sexenios (pluses por investigación) y acreditar a los docentes.
Dos plazas de 50.000 euros al año
Siendo vicerrector de la Rey Juan Carlos (de 2003 a 2013), la actuación de Van Grieken en la concesión arbitraria y personal de dos puestos le valió a la universidad una condena de la justicia de Madrid. Era el encargado del área de Investigación y sacó en 2008 una convocatoria de dos plazas de “intensificación de la actividad investigadora”, es decir, reducir las horas de docencia a dos profesores para que se dedicaran a investigar. Esos puestos estaban dotados con 50.000 euros por profesor para un año y los financiaba el Ministerio y la Comunidad de Madrid.
Según la convocatoria que firmó Van Grieken, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la selección de los candidatos se haría “por la Universidad Rey Juan Carlos, que valorará los méritos presentados por los profesores/investigadores”. Lo que pasó en realidad, según sentenció el Juzgado Contencioso Administrativo 31 de Madrid, es que el vicerrector Van Grieken, y solo él, decidió los destinatarios de las plazas, sin más garantía que su criterio personal.
Sin comisión evaluadora y sin que ningún otro organismo o persona valorara a los candidatos o viera su documentación: “No existe en todo el expediente rastro de la intervención de otro órgano que el Vicerrector (...). Se ha producido una sustitución por parte del vicerrector (...) que debió realizarse en el seno de la Comisión de Investigación o subcomisión creada al respecto”, dice el fallo. El expediente, los candidatos, sus currículos, sus méritos, la documentación y la resolución pasó solo por él.
El demandante fue el profesor David Ríos, entonces también vicerrector, que se había presentado junto a los otros dos candidatos que fueron elegidos por Van Grieken. Ríos, que no fue seleccionado, le disputó más tarde a Suárez el rectorado y es el docente al que el actual rector amenazó. Ahora está en excedencia.
Ríos en su demanda también acusaba al vicerrector de manipular los expedientes e incluir documentación de esos dos candidatos a posteriori. La sentencia confirma que ese expediente no se trató por los cauces normales y que hay documentación que se aportó directamente al vicerrectorado en lugar de hacerse por administración.
También confirma el fallo que Van Grieken pidió al jefe de servicio de personal los datos de las horas docentes de los aspirantes pese a que eso no estaba entre los requisitos ni recogido en la convocatoria, como había denunciado también Ríos.
Por toda esa “sustitución” del proceso personificada en el vicerrector, el tribunal ordenó volver atrás la convocatoria en lo que se conoce como nulidad de acto administrativo, que se produce cuando hay un defecto administrativo tan grave que no se puede sanar y hay que volver a repetirlo como si nunca se hubiera producido.
Así, la sentencia conmina a “anular la resolución impugnada por no ser conforme a derecho y ordenar retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior” a la convocatoria. Es decir, repetir el proceso con las garantías administrativas y con un comité evaluador. La sentencia no fue recurrida por la Universidad Rey Juan Carlos, que asumió el fallo.
Se cumplió la sentencia, se nombró una subcomisión evaluadora y la presidió el vicerrector Van Grieken. La decisión de ese órgano fue otorgar esas plazas a los dos mismos candidatos tras una evaluación otra vez de las tres solicitudes. José Aguado y David Serrano fueron los seleccionados en 2012, cuatro años después de la primera selección personal hecha por Van Grieken.
Fuentes de la Consejería de Educación confirman todo este proceso judicial y puntualizan que “se corrigió la situación” y se da por zanjado, ya que este segundo procedimiento “nadie lo ha dado por erróneo”. Preguntadas las mismas fuentes sobre si puede influir en la gestión del caso del plagio que el consejero sea catedrático de la Rey Juan Carlos, desde Educación se muestran contundentes: “No tiene nada que ver, no influye, hay autonomía universitaria y la posición de la Consejería está en la línea de la Presidencia de la Comunidad de Madrid”.
