La empresa pública Canal de Isabel II paga la defensa de un imputado por corrupción y lo recoloca en la empresa

El Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid, paga la defensa de las personas acusadas de corrupción por su labor en su filial Hispanagua de Melilla. Lo ha confirmado el propio gerente de la compañía, Adrián Martín, en la Comisión de Estudio de la Deuda de la Asamblea de Madrid. Ya lo dejó caer en marzo del año pasado ante varios trabajadores. En aquel momento y a pesar de que eldiario.es contaba con la información, el Canal negó la mayor pese a la insistencia de las preguntas.

En concreto, las declaraciones de esta semana confirman públicamente cómo la considerada una de las joyas de la región madrileña está pagando a través de su seguro la defensa de Gerardo Díaz, exgerente de Hispanagua en Melilla y de Canal Gestión Lanzarote, de donde fue cesado en octubre de 2015. Ahora ha sido recolocado como personal adscrito a la Dirección Financiera y de Desarrollo Corporativo del Canal de Isabel II Gestión.

El propio Díaz ha comparecido ante la Asamblea madrileña, defendiendo ante propios y extraños que en todo caso él es el héroe y no el villano de la historia. Una argumentación que, según ha podido saber eldiario.es, ha levantado enfados tanto fuera como dentro de la compañía. Así argumentaba el acusado su extraña vuelta de tuerca: “Fui yo quien, sospechando que determinadas actividades realizadas por personal propio podían no ser absolutamente claras, inicié una investigación. Obtuve evidencias de que dos empresas subcontratistas estaban haciendo trabajos no bien realizados, o que no se habían llegado a realizar. Todo ello en connivencia absoluta con trabajadores de Hispanagua. Una vez investigado por mi parte, lo puse inmediatamente en conocimiento del Canal”.

Díaz está imputado en el marco de la Operación Tosca, que investiga amaños de contratos en la ciudad autónoma de Melilla y la supuesta comisión de delitos de prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capital.

En el mismo caso está  también involucrado el Gobierno de la Ciudad Autónoma, en manos del PP, y otras empresas como Eulen. Están acusados tres consejeros del Gobierno de Melilla en el momento de la detención: el actual consejero de  Hacienda y Administraciones Públicas, Daniel Conesa; Francisco Javier Calderón, consejero hasta el pasado mes de agosto y ahora presidente de la Fundación Melilla Monumental; y José Ángel Pérez Calabuig, exresponsable de Seguridad Ciudadana y de Medio Ambiente. Junto a ellos fueron arrestados y puestos en libertad los exconsejeros Ramón Antón y Ramón Gavilá, además de seis trabajadores de Hispanagua.

Hace ya casi un año el gerente Adrián Martín puso “la mano en el fuego” por sus trabajadores, asegurando que “si en el ejercicio de sus funciones son acusados de algo injustamente, debo defenderles”. Así lo recuerda alguno de los asistentes a una reunión interna de la empresa. Ante la Asamblea de Madrid, Martín dio la impresión de restar importancia al hecho de que Gerardo Díaz continúe en la empresa: “No forma parte del staff directivo”, aseguró antes de recordar la presunción de inocencia. “No sé si hay muchas irregularidades o no, pero siempre damos vueltas a las mismas”, añadió en un momento dado.

Investigación en el Parlamento madrileño

A instancias de Podemos, por la Comisión de Estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid acaban de pasar el gerente del Canal y el imputado y actual trabajador Gerardo Díaz. No serán los únicos, pues en la hoja de ruta ya están previstas dos nuevas sesiones, en febrero y marzo, respectivamente. “Llevaremos comparecencias muy espectaculares, en el sentido de que puede haber líos”, vaticina la formación morada.

Su diputado Eduardo Gutiérrez explica que “a partir de las primeras dos comparecencias ya se han puesto en contacto con nosotros diferentes personas, cargos medios, contratados y subdirectores, que piensan que han sido piezas secundarias y pueden ser llamados a la Comisión”. Este experito judicial y penal asegura además que están recibiendo documentación que hasta ahora no aparecía por ningún lado.

“Nuestra primera idea es poner de manifiesto todas las conductas de gestión que apuntan clarísimamente a ilícitos legales… y que además muchas de ellas, en nuestra opinión, seguramente acaban en comisiones o donaciones en negro, ya sea en Melilla o en la Comunidad de Madrid. En la Comisión va a ser muy difícil probarlo porque no podemos requisar discos duros ni contabilidades, pero sí queremos al menos trasladar a todo el staff directivo del Canal que no puede seguir con esa conducta”, indica Gutiérrez, portavoz de Podemos en la Comisión.

Entre otros asuntos, en la Comisión del martes se preguntó por la información publicada por este diario de que el Canal conocía la manera de facturar de su filial Hispanagua que dejó un agujero de 700.000 euros. También estuvo sobre la mesa un encargo del Canal a la empresa Joca Ingeniería y Construcciones S.A., con hasta 1,4 millones de euros en facturas por “obras no ejecutadas” entre mayo y agosto de 2011, en Majadahonda. En este caso, el gerente de la compañía, Adrián Martín, recordó que el asunto fue judicializado por la Audiencia Provincial de Badajoz (sede de Joca) y que, tras una auditoría externa, se dedujo “que no había ninguna obra que tuviese un hecho relevante”.

Aumento del contrato un 40%

Detallado por el periódico La Luz de Melilla, el levantamiento de una pequeña parte del secreto de sumario de la Operación Tosca sacó a la luz los datos del contrato adjudicado a Hispanagua entre 2007 y 2009 por más de tres millones de euros. La investigación del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó un pago continuado de sobrecostes que llegan a incrementar fraudulentamente el precio del contrato en casi un 40%.

Los documentos de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso eldiario.es describen los registros realizados en febrero de 2014 en distintas Consejerías, en los que se recabaron “elementos probatorios que por entonces apuntaban a la adjudicación de contratos públicos –decidida de antemano- para beneficiar a empresas concretas y en las que habrían participado diferentes cargos públicos y funcionarios de Melilla, al objeto de controlar los procesos de adjudicación de los contratos, propiciar sobrecostes en la ejecución de los mismos, y conseguir beneficios particulares inherentes a los hechos descritos”.

¿Ilegal o inmoral?

A pesar de las evidencias registradas por la Guardia Civil, el Canal de Isabel II se está haciendo cargo de la defensa de las personas implicadas. ¿Es ilegal? No; pero despierta dudas sobre la moralidad, más si cabe en un contexto en el que esta compañía pública actúa como privada en otras ciudades, como Cáceres, donde es la concesionaria de la privatización del servicio y donde acaba de saltar una gran polémica por la salida a la luz el corte de agua a más de 400 familias. No hay que olvidar que el Tribunal Supremo acaba de sentenciar que el servicio de agua es una tasa, no una tarifa, por lo que el corte del servicio es ilegal.

“Lo público está parasitado por intereses bien privados que funcionan como mafias, apoyan y defienden a los componentes del grupo. No basta con defender lo público, hay que exigir también que las entidades públicas operen en beneficio del interés general y no de las mafias infiltradas”, reflexiona el economista José Manuel Naredo al ser preguntado por eldiario.es por este caso concreto.

El propio Naredo, en el libro Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II, escribe que esta compañía pública no es “una empresa cualquiera, sino la más importante de la Comunidad de Madrid en muchos aspectos, con un inmenso patrimonio en terrenos, inmuebles, infraestructuras, dotaciones y derechos que el Estado le fue otorgando o financiando para facilitar su labor”.

Bajo secreto de sumario

Regresando a uno de los dos protagonistas de la sesión del martes en la Comisión, entre otros posibles delitos, a Gerardo Díaz se le acusa de malversación de caudales públicos, misma situación en la que estarían el director de la delegación en Melilla de Hispanagua Javier Duarte, y el jefe de proyectos Luis Fernández. Por su parte, el directivo del departamento de producción de Hispanagua Jesús Eduardo Hernández y el asesor jurídico de la compañía Adolfo Pérez de la Cruz han sido acusados de fraude; y el responsable de contratación, Enrique Oliva, de violación de secretos.

El caso sigue bajo secreto de sumario y las últimas noticias que han visto la luz, correspondientes a principios de año, hablan de la detención y puesta en libertad de Francisco Díaz, viceconsejero de Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla. Quién habló esos días fue su compañero Daniel Conesa, también imputado y portavoz del Partido Popular, para insistir en la presunción de inocencia y en que sigue sin conocer con detalle su situación en la causa, pues el secreto de sumario está decretado sobre gran parte de las actuaciones.