La Eurocámara respalda un impulso a la lucha contra la brecha digital

Bruselas, 11 feb (EFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) dio luz verde este jueves a una propuesta de resolución para reafirmar e impulsar la lucha europea contra la brecha digital, cuya existencia ha quedado patente durante la pandemia.

El texto, que recopila líneas de actuación y peticiones para garantizar el derecho a la formación en competencias digitales, salió adelante con 606 votos a favor, 12 en contra y 72 abstenciones.

“Esta agenda lo que busca es garantizar el aprendizaje de nuevas habilidades y también el aprendizaje a lo largo de toda la vida”, afirmó durante el debate de la propuesta la eurodiputada y autora del texto, la socialdemócrata lituana Vilija Blinkeviciute quien lamentó que la pandemia había “aumentado la brecha digital y las desigualdades preexistentes en educación”

Asegurar el acceso a la educación digital, garantizar el reciclaje profesional y dotar a la ciudadanía europea de capacidades digitales son los ejes principales a los que el texto hace referencia para paliar la brecha digital y las desigualdades sociales derivadas de la misma.

El comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit valoró positivamente la resolución y remarcó el deber de Europa de “empoderar” a las personas con educación y formación, y crear empleos de calidad y sentar las bases para un desarrollo sostenible e incluyente.

La crisis del coronavirus ha acelerado la necesidad de transformación, coincidieron la mayoría de los eurodiputados en el debate, en un contexto en el que el 42 % de los ciudadanos de la Unión carece de capacidades digitales básicas.

CAPACIDADES DIGITALES EN LA EDUCACIÓN

Además, los eurodiputados reclamaron medidas y recursos para “colocar las capacidades digitales en el centro de las políticas de la educación” y que éstas se alineen con las necesidades del mercado laboral.

La eurodiputada de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez, animó a la eurocámara a dar un paso más y a “pensar en el tipo de profesionales que queremos” y no solo en los que el mercado demanda.

Asimismo, subrayó que esta propuesta implica también a las empresas, las cuales deben “apostar por la cualificación de sus trabajadores, evitando favorecer a los de siempre”

La agenda recuerda, además, que “modernizar los sistemas de educación y formación profesional es clave para preparar a los jóvenes y los adultos de cara a las transiciones ecológica y digital” y hace un llamamiento a garantizar el reciclaje y la readaptación profesionales ante la digitalización del tejido empresarial.

“Necesitamos formación y educación incluyente y oportunidades para formación a lo largo de la vida para todo el mundo, centrándonos en los más vulnerables y en trabajadores de sectores que van a sufrir grandes cambios”, dijo el eurodiputado popular, Stelios Kympouropoulos.

EDUCACIÓN ACCESIBLE E INCLUSIVA

La mayoría de eurodiputados reconocen que la pandemia ha ahondado en las desigualdades preexistentes en el ámbito digital y reclama a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad a la reducción de la brecha de capacidades digitales.

Para ello, es necesario asegurar el acceso a los recursos educativos a todos, especialmente a los habitantes de regiones vulnerables y zonas rurales y a los grupos sociales más desfavorecidos, así como dotarlos de equipamientos suficientes, apunta la resolución.

En este sentido, la eurodiputada socialista, Lina Gálvez, hizo un llamamiento para que esos procesos de aprendizaje “estén libres de estereotipos”.

“La agenda tiene que dotar de competencias a aquellos que más lo necesitan, pensando en ellos y eliminando los sesgos de raza, clase y género que perpetúan la desigualdad”, dijo.

Los eurodiputados destacaron la importancia de la educación y el desarrollo de capacidades para abordar los sesgos de género e hicieron un llamamiento para garantizar el acceso a las mujeres a una formación y un aprendizaje permanente de calidad.

Finalmente, pidieron que se incluya un indicador sobre las brechas de capacidades en el cuadro de indicadores sociales, “en consonancia con los objetivos y la aplicación del pilar europeo de derechos sociales”.