Los obispos temen que un futuro Gobierno de izquierdas lamine sus privilegios fiscales y educativos
“Hemos jugado con fuego, y ahora podemos quemarnos”. Un obispo español resume de este modo la preocupación que se respira en la Conferencia Episcopal Española (CEE) ante el anuncio del preacuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE para formar un Gobierno progresista. Un Ejecutivo que, de llevarse a cabo la investidura, querrá imponer una agenda social y en las antípodas de una ultraderecha en ascenso. “Y en ese juego, la Iglesia tiene todas las de perder”, apunta el prelado.
La Asamblea Plenaria del Episcopado que arranca este lunes estará copada por el análisis del resultado electoral y las repercusiones que este podría tener para la Iglesia. Tanto es el miedo que, por primera vez en décadas, el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, no ha enviado la preceptiva felicitación al vencedor en las urnas, Pedro Sánchez.
Se espera que el lunes, durante el discurso inaugural, Blázquez sí felicite al líder del PSOE y apunte algunas de las claves de las relaciones entre la Iglesia y el futuro Gobierno que los expertos consultados resumen en dos: “Sana independencia y mutua colaboración”.
Otro prelado, esta vez de la línea moderada, calcula que en pocos meses, el nuevo Gobierno podría abordar algunos de los privilegios de la Iglesia. Desde las inmatriculaciones al pago del IBI, pasando por el futuro de la clase de Religión o la regulación de los conciertos educativos. E incluso la famosa casilla de la Iglesia en la declaración de la renta.
De hecho, en la sesión reservada del próximo miércoles, los obispos debatirán, a puerta cerrada, la estrategia que seguirán. De momento, continúan siendo mayoría los que apuestan por oponerse al Ejecutivo, frente a la línea francisquista que aboga por tender la mano, esperar acontecimientos y no mezclarse en política. Algo difícil de pensar en el caso de la Iglesia española.
Curiosamente, esto sucede tras una campaña electoral en la que no se habló para nada de la Iglesia –tan sólo el PSOE recuperó su histórica denuncia de los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado, y las inmatriculaciones–, ni de las cuestiones más polémicas: aborto, fiscalidad, educación, eutanasia... La asistencia en el fin de la vida ha sido el único punto, junto al de la Memoria Histórica, del preacuerdo PSOE-Unidas Podemos que afecta directamente a los “valores irrenunciables” de los que habla la ultraderecha eclesial.
Después de varias décadas de amagar sin dar, parece que en esta ocasión los socialistas sí parecen dispuestos a denunciar los Acuerdos Iglesia-Estado (negociados a la par que la Constitución), y cambiarlos por un convenio internacional con el Estado Vaticano, que regule las relaciones con la Iglesia católica, pero sin los privilegios actuales, siguiendo las pautas de una sociedad laica.
El modelo es Francia, aun siendo conscientes de que los vecinos galos llevan más de un siglo con una ley (1905) que consagra la laicidad, hasta el punto de que las iglesias son propiedad del Estado, como se ha comprobado en el reciente incendio de Notre Dame.
Privilegios en cuestión
Por el momento, y sin que se hayan formado las Cortes, la ministra de Educación en funciones, Isabel Celáa, ya prendió la mecha de los convenios de la enseñanza concertada y sus declaraciones sobre que la libre elección de centro, uno de los mantras de la concertada católica, no está amparado por la Constitución. También está pendiente de resolver el tema de la asignatura de Religión, que la LOMCE elevó a evaluable y cuya nota cuenta para el promedio, algo que podría cambiar con la anunciada modificación de la ley de José Ignacio Wert.
La publicación del esperado informe sobre las inmatriculaciones de la Iglesia durante la vigencia de la Ley Aznar (1998-2015) podría ser otra de las medidas de los primeros meses de Gobierno. Otra cuestión pendiente, y no menor, es la casilla de la Iglesia en la Renta, que podría ponerse en cuestión.
En un último término aparece la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, aunque en este punto el PSOE quiere hilar fino, pues el Vaticano es un Estado legítimo, uno de los más antiguos del mundo, con convenios diplomáticos con casi todos los países. Además, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias reconocen la capacidad de liderazgo internacional del Papa Francisco. El líder de Podemos incluso estuvo a punto de materializar una audiencia con Bergoglio hace un par de años, frustrada solo en el último momento.
Con la mirada puesta en la incertidumbre económica y en los ataques de Vox a los inmigrantes, el nuevo Ejecutivo quiere mantener los lazos con el tercer sector y las grandes organizaciones, muchas de ellas católicas, que lideran el trabajo de promoción social y la acogida a los refugiados y migrantes. La relación con la cúpula del clero es otra cosa, y también dependerá de qué mirada política acabe pesando más en el centro de poder de la iglesia española.
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