La profesora ciega gana a la Comunidad de Madrid, que le tendrá que poner un docente auxiliar

Después de nueve años batallando, Inmaculada Mazón ha conseguido su objetivo. Esta profesora ciega, con una minusvalía valorada en un 83%, va a contar el próximo curso con un docente que le ayude en sus clases de inglés a corregir los exámenes y las redacciones de sus alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas. No es la primera vez que la justicia le da la razón, pero en esta ocasión la sentencia es firme y no se puede interponer recurso ordinario.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obliga a la Comunidad de Madrid a contratar a “un profesor de apoyo a media jornada para completar su labor docente”. Por lo tanto, en la decisión emitida el 17 de abril a la que ha tenido acceso eldiario.es, desestiman el recurso que presentó la Consejería de Educación el año pasado después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 19 ya diese la razón a la profesora.

Sienta jurisprudencia

“Es una decisión muy novedosa al reconocer el derecho de una persona con discapacidad a tener un profesional de apoyo en su puesto de trabajo”, apunta el letrado de la afectada, Javier Juez y miembro del sindicato CSIF. El abogado añade que este fallo sienta jurisprudencia, a partir de ahora cualquier funcionario con discapacidad podrá aferrarse a esta decisión para solicitar que su empleo se adapte a su minusvalía.

Durante estos nueve años el departamento que dirige Lucía Figar ha evitado que Mazón tenga un docente auxiliar permanente, argumentando que la profesora está ocupando un puesto de apoyo. Educación aceptó que se trasladase a un centro de la capital (EOI Jesús Maestro), más cercano a su casa, después de que en 2004 consiguiese plaza como profesora titular en Alcalá de Henares, a 30 kilómetros de su domicilio. Pero no reconocen que el puesto que ocupa ahora en comisión de servicios tiene la misma categoría que el que ganó por oposición. El tribunal no da la razón al gobierno regional aludiendo a un documento que emitieron ellos mismos, la Comunidad de Madrid señaló en un informe clínico que Mazón “debe de contar con un apoyo permanente, pues permanente es su minusvalía”.

Aunque en la legislación española el Real Decreto 2271/2004 prevé que “los empleados públicos con discapacidad puedan pedir la adaptación del puesto o de los puestos de trabajo correspondientes”, Mazón ha tenido que esperar a que la justicia le de la razón. El tribunal también ha hecho referencia a la normativa internacional para apoyar su decisión, han mencionado la Directiva 2000/78/CE del Consejo del 27 de noviembre de 2000 que “obliga a la no discriminación en el empleo por varios motivos, entre ellos la discapacidad”.

No adaptan el puesto de trabajo a su ceguera

El panorama que plantea la legislación es el opuesto al que esta docente ha tenido que hacer frente. “El único año en el que no he tenido problemas fue el que estuve de prácticas, el director de la escuela solicitó a la ONCE personal de apoyo”, comenta Mazón. Tras tomar posesión de su plaza comenzó a darse cuenta de que la administración regional no apostaba por la integración del personal con discapacidad: “Cada año me lo han ido poniendo más difícil, cada vez llegaba más tarde el profesor de apoyo. A partir del 2010 tuve que pedir ayuda al Defensor del Pueblo y el último año que enviaron al docente auxiliar, en el curso 2011-2012, fue gracias a la intervención de este organismo”. El curso siguiente la Consejería de Lucía Figar decidió relegarla a docente de apoyo, así entendieron que “no necesitaba ayuda para dar clase”.

El verano pasado su caso saltó a los medios de comunicación, después de que la justicia le diese la razón por primera vez. Tras el revuelo mediático, durante el periodo escolar 2014-2015, la Consejería de Educación le ha facilitado un auxiliar de conversación, una figura opuesta a la que ella requiere ya que el problema no reside en el oral sino en la parte escrita. “No necesito a una persona que nativa que hable inglés. Necesito un interino que me ayude en la corrección de documentos escritos y de exámenes, que me facilite los documentos digitalizados para prepararme las clases”, precisa la docente.

Temor a represalias

Tras casi una década esperando esta decisión, Mazón no quiere hacerse ilusiones. Se encuentra a la espera de que su abogado le confirme que la Consejería no va a iniciar otro proceso judicial. “No cabe recurso ordinario, la sentencia es firme. La única posibilidad que hay es un recurso extraordinario. Pero tiene pocas opciones de que prospere”, apunta el letrado.

“Ahora mi mayor miedo es que no me vayan a renovar la comisión de servicios y me manden a la escuela de Alcalá de Henares”, cuenta Mazón. Además, teme que por esta decisión el gobierno regional tome represalias después de una década de conflictos abiertos a los que esta sentencia pone fin. “El Real Decreto recoge claramente que las personas con discapacidad debemos de tener preferencia a la hora de elegir centro para evitar que por motivos de desplazamiento se produzca una baja laboral”, relata esta profesora que después de los años de batalla judicial se conoce la legislación al dedillo.