El Defensor del Pueblo critica la pérdida de calidad de las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid
Tras la batería de quejas presentadas durante los últimos meses por la situación en la que se encuentran las residencias públicas de la Comunidad de Madrid, el Defensor del Pueblo ha pedido mejoras al Gobierno de Cristina Cifuentes en estos centros de mayores. “Considera que los centros y su personal necesitan adaptarse a las nuevas necesidades estructurales y de carga de trabajo”, apunta esta institución en un comunicado.
“Las quejas recibidas en el último año trasladan una pérdida de calidad en la atención a los mayores y escasez de personal y medios para ofrecer una atención adecuada a personas con un grado de dependencia cada vez más elevado”, inciden. Además, en este escrito informan que la institución ha “transmitido también a la Consejería madrileña su preocupación por los graves sucesos acaecidos en los últimos meses en distintas residencias de la Comunidad”.
En relación a estos hechos, la Consejería de Políticas Sociales y Familia del Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene varias causas abiertas. Actualmente la justicia está investigando la muerte de una anciana en la residencia pública de Arganda después de que un enfermero llevase este caso ante la Fiscalía. El profesional sanitario entendió que ese fallecimiento podía estar relacionada con la escasa plantilla que estaba prestando servicio esa noche: un enfermero y diez auxiliares para atender a 343 residentes. Dos años antes los trabajadores de la residencia ya habían avisado al Ejecutivo regional por escrito de los riesgos derivados de la escasez de medios personales, sin recibir respuesta.
La asistencia a los mayores en esta residencia no es la única que se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para su presidenta Cristina Cifuentes (PP). La justicia está investigando dos muertes en el centro de Alcorcón, uno de los residentes apareció muerto en un jardín sin que los profesionales se percatasen durante horas de que estaba fuera. En el caso de la segunda anciana, la familia lo llevó ante los tribunales argumentando mala praxis profesional, escaso seguimiento sanitario y falta de personal médico durante los fines de semana.
Las protestas no han sido solo de familiares. Una doctora fue despedida de un centro, en este caso concertado, después de que denunciase la falta de personal. La sanitaria había denunciado en un escrito público que no podían prestar asistencia de calidad porque el interés de los gestores se centraba en “ganar dinero”.
Ante estas reiteradas quejas, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid para “interesarse por las medidas previstas para mejorar las condiciones de atención a los mayores” en estos emplazamientos públicos.
“El Defensor del Pueblo comparte con el resto de los agentes implicados su preocupación sobre la urgencia de que los centros y su personal se adapten a las nuevas necesidades estructurales y de carga de trabajo”, apuntan aludiendo así al cambio de perfil de los residentes. Actualmente, tal y como han reconocido profesionales veteranos de estos centros, los internos son más dependientes, requieren una atención personalizada y la situación actual de las plantillas no lo permite.
Por lo tanto, esta institución aprovecha la comunicación emitida este martes para recordar que “mantienen abiertas varias actuaciones motivadas por reclamaciones de usuarios y/o trabajadores de distintas residencias públicas dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS)”.
Para recoger más de casos de falta de personal en residencias, el sindicato de enfermería Satse ha instado a los profesionales a denunciar las carencias de personal para garantizar así una “correcta atención a los residentes”. Con esta nueva campaña, este colectivo pretende documentar la falta de personal ante la administración por si algún incidente llegase a los tribunales.
