La Comunidad de Madrid destituye a los directores de las dos residencias denunciadas por la muerte de ancianos
Tras meses negando las deficiencias en la gestión de las residencias de mayores, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido cesar en el cargo a los responsables de los dos centros que más críticas han recibido y que están siendo investigados tras accidentes mortales de internos, la directora de Alcorcón y el de Arganda del Rey.
Desde el Ejecutivo de Cristina Cifuentes aseguran que han tomado esta decisión para “reorganizar el personal” y dar “un impulso” al plan de residencias que anunciaron este mes, en el que se limitaron a comprometerse a reforzar el personal en una nota de prensa. El responsable de Arganda volverá a su puesto como médico en esa residencia y la de Alcorcón será trasladada a otro centro, en el distrito madrileño de Carabanchel.
“Con estas decisiones el Gobierno regional reconoce que ha habido mala gestión en estos centros, ya que en los dos ha habido problemas serios. Así van intentando tapar algunas grietas”, apunta el diputado de Podemos, Raúl Camargo.
El equipo gestor del centro de Arganda fue llevado ante la Fiscalía por uno de sus trabajadores. Un enfermero del turno de noche aseguró que la falta de personal estaba relacionada con la muerte de una residente tras semiamputarse un pie al caer de una cama, un hecho sobre el que ya habían alertado sus compañeros años antes.
En el caso del centro de Alcorcón, los juzgados de primera instancia del municipio están investigando dos fallecimientos, el de una interna cuya familia entiende que se debió a la deficiente atención. También se está instruyendo el caso de un hombre que apareció muerto en el jardín de la residencia, su cuerpo permaneció allí hasta que los trabajadores se percataron.
Durante meses, el Gobierno de Cristina Cifuentes hizo oídos sordos a las quejas de trabajadores y familiares de residentes que denunciaron la “precaria” asistencia que se estaba prestando en estos centros. El consejero de Políticas Sociales llegó a despreciar a los profesionales cuando protestaron en la Asamblea de Madrid. “Ladran, luego cabalgamos”, respondió.
La postura oficial se limitó a asegurar que la calidad prestada en estos centros era la adecuada, que se cumplían las ratios establecidas y obviaban de esta forma que el cambio de perfil de los residentes, muchos ya no se valen por sí mismos, aumentaba la carga de trabajo.
Sin embargo, este último mes el Ejecutivo regional ha ido reculando en su política relativa a la atención al mayor. Hace dos semanas anunciaron una estrategia que admitía que los dos centros investigados tras accidentes mortales de internos precisan de una “actuación inmediata”.
Las medidas anunciadas recogieron algunas de las reclamaciones que trabajadores y familiares llevaban meses realizando, entre ellas un aumento de las plantillas y el reconocimiento de que los ancianos se habían convertido en grandes dependientes.
El Defensor del Pueblo también criticó la pérdida de calidad de las residencias, esta institución aseguró que “necesitan” adaptarse a las nuevas necesidades de los residentes de ancianos de la Comunidad de Madrid.
