Con respecto a los primeros, y especialmente a lo largo de las últimas siete décadas, los sucesivos gobiernos israelíes no han dudado en emplear la fuerza cuando lo han considerado necesario, anexionando diversas zonas hasta contar hoy con un territorio propio que abarca el 78% de la Palestina histórica, cuando el Plan de Partición de la ONU (Resolución 181 del Consejo de Seguridad, 29 de noviembre de 1947) “solo” le concedía el 56%. A eso se une la ocupación permanente del Territorio Ocupado Palestino (TOP) desde 1967, en el que Israel ejerce un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida social, política, económica y de seguridad de los más de 4,6 millones de palestinos enclaustrados en Gaza y Cisjordania.
Para llegar hasta ahí, como bien han demostrado los llamados en su momento “nuevos historiadores israelíes”-echando mano de los documentos oficiales que corresponden a la etapa de creación del Estado-, fue fundamental tanto la muy planificada limpieza étnica inicial (1948), como la posterior marginación de los árabes-israelíes (hoy el 19% de la población israelí) y la sistemática presión y humillación de los habitantes del TOP.
Como resultado de todo ello, y aunque Israel sigue sosteniendo hoy que ningún palestino fue forzado a abandonar su hogar y sus tierras, de los algo más de 700.000 refugiados iniciales hemos pasado en la actualidad a los 5,4 millones de personas a las que la UNRWA ha registrado como refugiadas.
En paralelo -y con el apoyo explícito de Washington, la aquiescencia generalizada de los gobiernos europeos y la inoperancia generalizada de los países árabes- Israel viene desarrollando una estrategia de hechos consumados que se resume en hacer insoportable la vida a quienes no compartan su propia seña de identidad religioso-ideológica.
Desoyendo tanto las peticiones exteriores para que ajuste su comportamiento al derecho internacional y al respeto de los derechos humanos como las minoritarias llamadas internas para no destruir por completo sus propios referentes morales y éticos, los sucesivos gobiernos israelíes han ido perfeccionando un modelo que se centra en destruir todo aquello que sirva para mantener a los palestinos en pie.
Y en eso se incluye no solo el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, sino también la destrucción de cultivos, viviendas e infraestructuras básicas, así como el cierre arbitrario del TOP al resto del mundo. En última instancia, lo que Israel pretende es castigar a los palestinos que habitan la zona con la clara intención de quebrar su resistencia hasta que finalmente opten por abandonar esas tierras.
Por lo que respecta a la UNRWA
Su eliminación es ya una constante en la agenda israelí (y ahora también estadounidense) desde hace tiempo. Cabe recordar que la Agencia se creó el 8 de diciembre de 1949 por parte de la Asamblea General de la ONU (Resolución 302, con el voto positivo de Israel), con el mandato explícito de asistir y proteger a las ya citadas más de 700.000 personas que trataron de poner a salvo sus vidas como consecuencia de la primera guerra árabe-israelí (1948). Israel argumenta que la Agencia -con sus 58 campos de refugiados ubicados en Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria- perpetúa el conflicto, cuando en realidad es justamente al revés: es el conflicto el que perpetúa a la UNRWA.
En otras palabras, Tel Aviv pretende ahogar a la Agencia, impidiéndole por todos los medios que pueda cumplir con su mandato, convencido de que sin ese paraguas protector y asistencial terminará por diluirse el problema que representan los refugiados, con su pretensión de que les sea reconocido el derecho de retorno a su tierra.
Cuenta para ello con sus propias fuerzas, destruyendo físicamente infraestructuras de la Agencia en el marco de las innumerables operaciones de castigo que efectúa no solo en Gaza y Cisjordania sino también de manera menos frecuente en los países vecinos. Por otro lado, obstaculiza hasta hacerla imposible la labor de ayuda a los damnificados por la ocupación y las operaciones militares israelíes, como bien puede verse en la franja de Gaza, convertida desde hace más de una década en la mayor prisión del planeta a cielo abierto. Asimismo, se beneficia muy directamente del inequívoco respaldo que le presta Washington en el Consejo de Seguridad de la ONU, bloqueando cualquier intento de hacerle sentir las consecuencias de sus desproporcionados actos.
El apoyo de la Administración Trump
En esa misma línea, y ya con Donald Trump en la Casa Blanca, el golpe más reciente ha procedido precisamente de Washington al anunciar que recortaba drásticamente su ayuda habitual a la UNRWA. Así, de los 365 millones de dólares que el principal contribuyente a la Agencia entregaba anualmente, se ha pasado a tan solo 60. Esto ha colocado a la UNRWA ante la mayor crisis presupuestaria de su historia, obligando a implementar recortes en prácticamente todos sus programas y poniendo en duda su continuidad. Al tradicional déficit que arrastra la UNRWA desde hace años -derivado sobre todo de la falta de voluntad de algunos donantes para aportar realmente las contribuciones, siempre voluntarias, que anuncian- se une ahora un gesto que pretende ser definitivo.
Lo que está en juego no es solamente contar con medios suficientes para evitar el derrumbe definitivo de una población palestina en franco deterioro en sus niveles de bienestar y seguridad, mientras ven alejarse cada vez más su sueño político de disponer algún día de un Estado propio. Israel, con el respaldo de Estados Unidos, pretende neutralizar un proceso demográfico que evoluciona en contra de los judíos israelíes.
Ya desde este año los palestinos que habitan entre el Jordán y el Mediterráneo son el grupo más numeroso. En total -sumando los que residen en Gaza, en Cisjordania y en el propio Israel- ya superan levemente a los 6,4 millones de judíos israelíes. Eso supone que la idea de un único Estado en Palestina, judío por más señas, en el que convivan palestinos e israelíes, se hace inviable si se quiere mantener su condición democrática y mucho más aún si se reconoce, aunque sea de manera limitada, el derecho de retorno a muchos de los que ahora están en otros lugares.
Por eso, tanto Tel Aviv como Washington confluyen en la idea seguir vaciando ese territorio de palestinos, negándoles permisos de residencia y golpeándolos sin tregua, y de asfixiar a la UNRWA, no solo para que haya más palestinos indefensos y, por tanto, más dispuestos a marcharse de su tierra o a aceptar condiciones indignas para quedarse, sino también para reformular el concepto mismo de refugiado.
En este sentido, lo que ambos buscan es que solo sean definidos como personas refugiadas quienes aún sigan vivas de aquellas que constituyeron la primera oleada. De ese modo, absolutamente desprotegidos y desasistidos se evaporaría uno de los principales problemas que tiene el supuesto plan de paz que actualmente está diseñando la administración Trump.
Tampoco en este caso cabe despistarse: aceptar ese macabro juego, por acción o por omisión, significa convertirse en cómplice de una estrategia inmoral, injusta y, además, condenada al fracaso. UNRWA no es el representante político de los palestinos, no es parte del conflicto y no participa en ningún proceso de paz o negociación. Simplemente es un actor humanitario encargado de paliar el daño causado a los refugiados palestinos y de proteger los derechos humanos. Su desaparición, en resumen, no traería más que pésimas noticias.
Jesús A. Núñez Villaverde, Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)
Las opiniones expresadas en este artículo son las de la autora y no reflejan necesariamente la posición de UNRWA España.
