El difícil camino hacia la razón
“No nos metamos en disquisiciones que no llevan a parte alguna”
Mariano Rajoy
Hoy, que toca análisis urgente de los escritos de calificación conocidos ayer, no esperen que vuelva yo a entrar machaconamente en lo que tantas veces ya he explicado. Entrar en el bucle de si la rebelión o si la sedición, es volver la vista atrás a decenas de columnas en las que ya se plasmó lo que no ha variado: la Fiscalía General, representada por Maza, creó una ficción jurídico-factual por la cual lo que durante años o meses no había tenido un carácter penal, ni siquiera para el gobierno de Rajoy, se convertía por obra y gracia del escarmiento en un delito de rebelión.
Un delito que precisaba forzar los hechos hasta lo indecible y más para intentar que encajaran en un tipo, la rebelión, diseñado por el legislador para las intentonas militares. No hay más. Después, el fervor del bando mal considerado patriótico lo convirtió, a base de repetirlo, en un “golpe de Estado” -convenientemente jaleados por el magistrado instructor que lo comparó con el 23F- y en un paso más se condenó ya de hecho en el relato de la derecha a los “golpistas”. A la vez, se buscó silenciar a todos las voces jurídicas que se llevaban las manos a la cabeza. De catedráticos a jueces o fiscales, no militantes en otra patria que la de la ley. Con la espiral de silencio organizada, tocaba tachar de traidores o anti patriotas a las voces que aún intentaban denunciar los que sucedía.
Todo era perfecto. Los partidos de derechas, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía General en manos del PP, los medios afectos, los que no querían quedar como desafectos... Todo estaba atado y bien atado. Hasta la moción de censura. El nuevo gobierno sirvió para romper esa espiral de silencio por parte de muchos y para que comenzara a producirse un intento de distensión que todos preveíamos -con el PSOE en el poder durante todo el reto independentista no estaríamos en este punto, pensábamos muchos- y que fue dejando paso a voces que volvían a recordar que, como han visto los tribunales extranjeros, la desobediencia de los políticos catalanes no constituía un hecho criminal. Los de siempre llaman a esto peaje. Muchos consideramos que ya era llegada la hora de intentar arreglar el desaguisado de alguna forma.
Podría analizar ahora los escritos presentados ayer, pero analizar una acusación que afirma que “los elementos precisos incluían la violencia necesaria para conseguir el resultado criminal pretendiendo valerse de la fuerza intimidatoria que representaba por una parte, la actuación tumultuaria y, por otra, el uso de los Mossos de Escuadra (...) que podrían proteger coactivamente sus objetivos criminales” me parece entrar en un terreno que prefiero dejarle a Babelia. No es lo mío la crítica literaria y me parece que el papel timbrado aguanta mal las metáforas porque si pretender la independencia es en sí buscar “un resultado criminal” y si ahora el condicional “podrían proteger coactivamente” forma parte sustancial de los hechos que deben conformar un tipo penal, pues para qué vamos a meternos en disquisiciones que no llevan a parte alguna, que diría el bueno de Rajoy.
No voy a entrar de nuevo a ese trapo. Y miren que hay cosas jugosas como cuando dicen que Cuixart “apeló a la determinación mostrada en la guerra civil, empleando la expresión no pasarán”. Justifica así la violencia un guionista y le hunden la serie.
Voy, sin embargo a intentar aclarar las distintas posiciones procesales, qué aportan, a qué se deben, qué intereses representan, qué consecuencias pueden tener y a qué elementos externos se vinculan en muchos casos. Que la Fiscalía del Tribunal Supremo iba a mantener la acusación por rebelión sí o sí, es algo que yo ya les había vaticinado muchas veces. Desde El Supremo se hace bola vengo relatándoles que hace tiempo que el Tribunal Supremo se ha constituido en último baluarte de la unidad de España y que, haciéndose fuertes en la razón de Estado, presentan un frente único e inamovible.
Esto incluye a todos los que han visto recursos del instructor, que no han cedido ni un milímetro, y también a los cuatro fiscales de Sala que hace tiempo le plantaron cara también a Sánchez-Melgar. ¿Recuerdan? Éste quiso retirar la prisión sin fianza de Forn y permitirle salir y los cuatro jinetes del Ministerio Fiscal lo hicieron manifestando en el plenario que lo hacían únicamente por orden del FGE.
Lo mismo le dijeron a Segarra -La fiscal de Ikea-, así que díganme qué capacidad de actuación tenía una fiscal general en precario y qué consecuencias políticas hubiera tenido para el Gobierno, si lo hubiera deseado, el presionar para cambiar una calificación que técnicamente es perfectamente alterable. La Fiscalía no iba a moverse ni un milímetro antes del juicio, aunque no desestimen que esperen al trámite de conclusiones de la vista oral para bajarse ellos también del burro a la petición de sedición. El tiempo dirá.
Lo más novedoso del día es, sin duda, la postura de la Abogacía del Estado. Una postura que pretende -más allá del gesto, que no sé si lo es mucho, puesto que nunca iba a bastar a los independentistas- que una de las partes del proceso que, normalmente, no tiene ninguna relevancia y en los procesos penales es prácticamente ninguneada por las demás, ya que entre otras cosas suele andar al mismo paso que la Fiscalía, ahora obtenga una posición autónoma que, no lo duden, utilizarán en el juicio para intervenir con una línea jurídica propia.
Me consta que la posición ha incomodado en ambas orillas. En la de los independentistas, porque pensaban que los movimientos podían ir dirigidos a una retirada de la acusación de malversación, o bien ahora o bien en el juicio, que dejara caer con ella todas las demás. En el frente patriótico, porque consideran que es un claro beneficio para los acusados una vez el recurso llegue a Estrasburgo, si hay condena, dado que se verá palmariamente que no es unívoca la pretensión de que ha habido una rebelión y que la representación del gobierno ni siquiera mantuvo esa tesis en juicio. Eso es una baza para los recurrentes, dicen. Tampoco podía el Gobierno alterar o anular la postura de la Abogacía de forma absoluta, con las elecciones andaluzas a la vuelta y una oposición dispuesta a utilizar ese asunto como maza, con motivo o sin él. Y con un partido y un Gobierno que tampoco es uniforme en esta cuestión.
Lo único cierto es que, llegados a este punto, la vuelta a la razón precisa de movimientos lentos y precisos. Igual que cuando se somete a un músculo a estiramiento no es bueno hacerlo volver de golpe a su posición original. Así las cosas, el juicio va a resultar muy aclaratorio y solamente en él, y bien jugadas las bazas de las defensas ahora que además tienen a una parte que está dispuesta a escucharlas, se producirán movimientos que cambiarán el panorama. Al menos eso espera la razón. Todo se dirime ahora en un escenario nuevo. Los egos y las ambiciones que también empedran las salas de vistas estarán ya cumplidamente cubiertas por otros. Ya verán.
