¿No era tan necesario vender el Canal Isabel II para mantener la calidad del agua?

Cuando el 30 de mayo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hizo público que suspendía la privatización del Canal de Isabel II (la empresa pública que se encarga de la gestión del agua en la región) porque no alcanzaría buen precio en la bolsa, el Ejecutivo creó la empresa Canal de Isabel II Gestión S.A. que pertenece al 80% a la Comunidad de Madrid y el resto a los Ayuntamientos madrileños que se adhieran a la sociedad. Con este movimiento, se abrió la puerta a repartirse los beneficios del Canal de Isabel II (para las exangües arcas de los gobiernos locales y regional).

¿Escenario improbable? En absoluto ya que la empresa de aguas empalma beneficios millonarios año tras año, En 2007 fueron 80 millones de euros. En 2009, 98,5 y en 2010, 61 millones (de los que el 51% se destinó a inversiones del Canal). El año pasado la cifra oficial ascendió a los 135 millones. La estructura del Canal de Isabel II hace que los beneficios se deban reinvertir en la empresa (sin ofrecer dividendo) pero con la sociedad recién creada eso cambia, como anunció el presidente del Canal y vicepresidente del Gobierno, Ignacio González, y remachó el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna: “El Canal de Isabel II es una sociedad bien gestionada, una sociedad que tiene beneficios, y por tanto, si se reparten dividendos, el 20% de esos dividendos irá a los ayuntamientos”. more

Pero la venta del Canal no estaba pensada para aportar liquidez a las entidades locales o al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta operación –que se valoró en unos 1.800 millones de euros-- no fue justificada en estos términos hace cuatro años cuando Esperanza Aguirre anunció la privatización del 49% de la empresa pública.

Fue en el debate de Estado de la Región de septiembre de 2008. La jefa del Ejecutivo anunció que el Canal necesitaba financiación privada para acometer inversiones en materia de abastecimiento, gestión y regeneración de aguas. Esa fórmula --dijo Aguirre en el debate-- era la que “garantizará la gestión más eficaz y eficiente de los recursos hídricos de la Comunidad de Madrid, garantizará todos los controles de la Comunidad de Madrid sobre los servicios públicos que gestiona, asegurará la transparencia y el control de los órganos de supervisión de los mercados cotizados y permitirá la participación de los madrileños en la propiedad de su empresa de agua, así como una financiación adicional a la de los recursos públicos y el mercado financiero suficiente para hacer frente a las extraordinarias inversiones que tenemos que abordar en los próximos años”.

Al mismo tiempo explicó que la región precisaba de la construcción de dos embalses, uno en la zona norte de la Comunidad y otra en el sur. Santiago Marín Barajas, de la Asociación Ecologistas en Acción, ha puesto sordina a esta “necesidad” que en teoría justificaba el movimiento privatizador: “La Comunidad de Madrid tiene infraestructuras para abastecer a nueve millones de habitantes y no se necesitan más embalses, como se ha visto con diferentes gobiernos centrales del PP o del PSOE”.

El caso es que en 2008 vender casi la mitad de el Canal de Isabel II era preciso para acometer inversiones, según contó Aguirre y luego mantuvo Ignacio González. De hecho, 20 días antes de suspenderse la salida a bolsa, González acudió al Parlamento regional a explicar la capitalización del Canal e insistió: “Es necesaria para mejorar las infraestructuras”.

Pero este año, al paralizar la venta, la presidenta madrileña no hizo mención alguna al supuesto menoscabo en la inversión en el sistema de aguas que pudiera suponer no obtener los millones de euros que se planteaba ingresar y que fueron la justificación para privatizar el Canal.

El servicio de aguas es competencia de los ayuntamientos. Por eso es necesario la firma de un convenio entre los consistorios y el Canal de Isabel II para ceder a la nueva empresa la gestión. Los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid han ido rubricando el acuerdo. Incluso las localidades no gobernadas por el Partido Popular (pocas), como son San Fernando de Henares (IU gobierna con el PSOE), Fuenlabrada (mayoría PSOE con IU), Parla (el PSOE en minoría) y Rivas Vaciamadrid (dirigida por IU) se han resignado a aceptarlo, a pesar de que ambas formaciones han criticado la capitalización de la empresa y han promovido una Iniciativa Legislativa Popular en contra de la salida a bolsa y un recurso ante el Tribunal Constitucional. El alcalde de Rivas, José Masa, ha denunciado presiones por parte de la Comunidad de Madrid para firmar el convenio pero el pleno de la Corporación ha terminado cediendo.

Algunas voces, como la de Antonio Embid Irujo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, advierten de que este acuerdo directo con una empresa ya no pública no puede realizarse porque al cederse la gestión de un servicio público a manos privadas debe convocarse un concurso público al que podrían acudir diferentes empresas en competencia.