La crisis de España alcanza a Europa

La espiral de la grave crisis política a la que se ha visto arrastrada España a raíz del proceso independentista de Catalunya preocupa seriamente a la Unión Europea. En pocas semanas, el conflicto catalán se ha convertido en el principal problema de España y se está configurando como un amenazante peligro para Europa. Las agencias de calificación S&P y Fitch ya han advertido de los riesgos del contencioso para el crecimiento económico en la zona euro. Citigroup ha advertido de un riesgo “no despreciable de rebelión civil”.

En Europa está muy vivo el recuerdo de la crisis del euro desatada por Grecia, un país con un PIB de 175.888 millones de euros que significa menos del 2% de la economía de la zona euro. La desestabilización de Catalunya, con un PIB de 223.629 millones,  una quinta parte de la economía española, podría tener efectos catastróficos.

Las repercusiones que están generando los acontecimientos en Catalunya han tenido hasta ahora una respuesta muy tibia por parte de los líderes europeos. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se ha refugiado en que “es un asunto interno de España que se debe abordar en línea con el orden constitucional español”.

Esta crisis no empezó ayer. La escalada de tensión entre el Gobierno de la Generalitat, impulsor del secesionismo, y el Gobierno central experimentó un salto cualitativo a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010, que rebajó las competencias del Estatut de Catalunya. El texto había sido aprobado previamente por el Parlamento catalán en 2005 y posteriormente recortado por el Congreso de los Diputados y el Senado. A pesar de estas modificaciones a la baja, los ciudadanos de Catalunya aceptaron y votaron en referéndum esta versión limitada en 2006. La posterior decisión del Constitucional de anular parte de la ley institucional básica de Catalunya fue sentida como una vulneración de la voluntad popular, expresada legalmente.

La realidad es que el Estatuto catalán había nacido cojo al no haber podido contar con el apoyo inicial del Partido Popular. Un miembro del Gobierno tripartito catalán (socialistas, republicanos y ecosocialistas) ha reconocido estos días que “quizá fue un error no haber podido incluir al Partido Popular en los acuerdos para aprobar el Estatuto en 2006”.

La sentencia del Tribunal Constitucional propició el inicio de un período de creciente contestación política con masivas manifestaciones de protesta que empezaron en julio de 2010 y han continuado de manera sostenida cada año con ocasión de la Diada Nacional de Catalunya, el 11 de septiembre.

El clima de conflictividad política se agravó a partir de septiembre de 2012 tras la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a aceptar la negociación de un pacto fiscal propuesto por el presidente de la Generalitat, Artur Mas. A partir de 2013, el Parlamento catalán inició una serie de resoluciones que fueron marcando un distanciamiento cada vez mayor de las instituciones del Estado. La Cámara proclamó sucesivamente la soberanía de Catalunya, el derecho a decidir y el inicio de un proceso constituyente unilateral que tiene “como objetivo que Catalunya sea un Estado independiente”. 

La ruptura se materializó los pasados 6 y 7 de septiembre, cuando los independentistas de Junts pel Sí y la CUP aprobaron la Ley de Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundación de la República con 72 votos, que permite la declaración unilateral de independencia vulnerando las propias reglas de la Cámara. Es una mayoría insuficiente si se tiene en cuenta que la modificación del Estatuto requiere 90 escaños. Inmediatamente, el Gobierno catalán aprobó el decreto de convocatoria del referéndum para el 1 de octubre. Todas las resoluciones fueron anuladas por unanimidad por el Tribunal Constitucional.

La participación masiva en el referéndum ilegal el pasado 1 de octubre, a pesar de las extraordinarias medidas policiales, ha certificado el fracaso de la política de Mariano Rajoy, que aseguró que no se produciría. Los datos provisionales del resultado del referéndum divulgados por el Gobierno catalán indicaron que se depositaron 2.262.424 papeletas, lo que significa una participación del 42,5%, de los que el 90% fueron votos afirmativos y el 7,8%, negativos.

La parte más dramática de la jornada fue la durísima y desproporcionada represión policial que ha destrozado el clima social en Catalunya. Más de 800 ciudadanos y decenas de policías resultaron heridos en varios colegios electorales en donde se vivieron las horas más negras de nuestra democracia.

El empeño de los independentistas en conseguir sus objetivos al margen de la legalidad democrática establecida por la Constitución y el Estatuto ha devaluado seriamente sus argumentos. La Constitución española fue el resultado de muchos sacrificios y renuncias de todos los partidos, incluidos especialmente los de la izquierda, que junto a los sindicatos contribuyeron decisivamente a la recuperación de la democracia. Más de 80 diputados de las primeras Cortes habían pasado por las cárceles franquistas. La negativa de Rajoy a reformar la Constitución para adaptarla a la realidad actual  pone de manifiesto su incapacidad para resolver un conflicto político.

Los problemas territoriales son una realidad en muchos países. Los Estados democráticos se caracterizan por saber resolver este tipo de conflictos mediante estructuras federales o confederales para satisfacer las aspiraciones de sus ciudadanos. Un Estado de derecho no es sostenible si tiene que ampararse con una desproporcionada presencia policial. El conflicto ya está en la calle y cada día es más difícil su control. España y Europa están en juego.

[Este artículo es el editorial del número de octubre de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]