De la Casa a la calle: la Invisible reivindica el uso del edificio tras más de siete años en el limbo

La Casa Invisible se moviliza en las calles de Málaga, a las que sale este sábado para reivindicar su aspiración a seguir existiendo, y en las redes, donde ha lanzado una campaña para obtener el dinero con el que solventar los problemas de seguridad que motivaron su clausura. La policía cerró las puertas de La Casa Invisible la tarde anterior a Nochebuena, esgrimiendo un informe técnico que apuntaba deficiencias en la instalación eléctrica y carencias en las medidas anti-incendios. Al día siguiente las puertas se abrieron de nuevo, pero no para actividades públicas. La Invisible, un centro social y cultural autogestionado en un inmueble propiedad del Ayuntamiento ocupado desde marzo de 2007, ha pedido varias reuniones al Consistorio desde 2012 para trazar un plan de actuación sobre el edificio y regularizar su situación jurídica. No consta respuesta.

La campaña de micromecenazgo comenzó el jueves en Goteo.org. El objetivo inicial es reunir un mínimo de 10.000 euros para material eléctrico y 14 puertas ignífugas, o conseguir que alguien las done. Si alcanzan 20.000 euros, comprarán material eléctrico también para la primera y segunda planta. Se trata de sustituir parte del cableado. El viernes por la tarde las donaciones superaba los 8.000 euros. A la campaña de financiación se suma una manifestación por el centro de la ciudad para reclamar al Ayuntamiento la cesión del edificio. Está convocada a las 11.30 en calle Nosquera.

La Invisible tiene su sede en un edificio del que es propietario el Ayuntamiento. El inmueble fue expropiado a sus anteriores dueños por un coste que el Tribunal Supremo ha subido recientemente hasta casi 3,5 millones de euros. El Consistorio pretendía en 2007 constituir allí un centro de emprendedores, pero la okupación frustró el intento. En este tiempo, La Invisible se ha convertido en un centro cultural alternativo conocido dentro y fuera de la ciudad.

En su patio han celebrado charlas y conferencias Manuel Borja-Villel (director del Museo Reina Sofía), la escritora y activista feminista Silvia Federici, gurús del software libre como Richard Stallman, filósofos incómodos como Michael Hardt o Bifo y políticos antes de ser políticos, caso de Ada Colau o Pablo Iglesias. Acoge un festival anual de cultura libre, una veintena de talleres, jam sessions,  exposiciones, un mercadillo y representaciones teatrales. Hay un rocódromo, una cafetería y una barra en el exterior. También es el punto de encuentro de colectivos y organizaciones críticas con el gobierno municipal, donde se reúnen los grupos locales de Marea Verde, Yayoflautas, Marea Violeta, la PAH.

Del protocolo de intenciones…

Aunque en un principio la policía clausuró el edificio, el cierre afecta solo a las actividades públicas, como conferencias, talleres o conciertos, para las que el Ayuntamiento alega que existe un riesgo. Los activistas aseguran que el Consistorio es el responsable de ese riesgo, al no haber legalizado su situación. Al cabo, la manifestación y la campaña de financiación expresan un mismo problema: el limbo jurídico en el que se encuentra La Invisible desde enero de 2012, cuando expiró el protocolo de intenciones que firmaron tres asociaciones activas en La Invisible, el Ayuntamiento, la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, con la mediación del Museo Reina Sofía.

Aquel protocolo establecía la autorización temporal para usar “transitoriamente” el local de calle Nosquera para actividades culturales y sociales. Los activistas se comprometieron a desarrollar un programa de actividades, constituir una fundación y a asumir la responsabilidad “sobre el local facilitado y las personas que lo ocupan, así como sobre su mantenimiento y conservación”. Además, el acuerdo les comprometía a contratar y abonar los costes de los suministros básicos y a suscribir los “preceptivos seguros”.

Pero ese acuerdo valió por doce meses. Vencido el año, cabían dos opciones: si se cumplían los objetivos, “se celebrará un Convenio de colaboración entre las Administraciones Públicas y la Fundación constituida para el desarrollo de este proyecto cultural a medio plazo”; no cumplidos, “el colectivo desalojará voluntariamente el inmueble”.

No ocurrió ni una cosa ni la otra, pese a que activistas y Ayuntamiento negociaron un acuerdo de cesión que quedó listo para firmar en marzo de 2012, tras recibir el visto bueno de Cultura y Urbanismo. El acuerdo se estancó en la fase de aprobación definitiva. Según miembros de La Invisible, el alcalde adujo problemas legales, expresados en un informe que nunca se les mostró. En el acuerdo frustrado, el ayuntamiento cedía el inmueble por cinco años y la Fundación asumía la conservación del edificio en coordinación con técnicos municipales.

Entre tanto, la inspección técnica de edificios había emitido un informe desfavorable en octubre de 2011 (con el protocolo vigente). El informe instaba también a aclarar quién debía acometer las obras. Pero terminada la vigencia del protocolo, el único que puede acometerlas legalmente es el Consistorio. “Nosotros respondimos que no teníamos inconveniente en colaborar, pero como había cumplido la vigencia del protocolo, no podíamos comprometernos en nada”, explica Amanda Romero, abogada de La Invisible.

… al silencio

La Invisible se ha mantenido en el edificio en precario e imposibilitada legalmente para ejecutar obras. El alcalde, Francisco de la Torre (PP), dice ahora que desde 2012 el Ayuntamiento ha tolerado una situación “de hecho y no legal”, pero más que tolerarla, el Consistorio ha ignorado las peticiones de La Casa Invisible para solventar los problemas que ahora denuncia. El 11 de junio de 2012, La Invisible presentó el primer escrito en el registro general del Ayuntamiento solicitando una reunión con “carácter urgente”. Ni ese ni otros intentos recibieron respuesta, según Romero.

Tampoco respondió el Consistorio a los dos últimos documentos presentados poco antes de la clausura. En el primero, de 7 de noviembre, se acusa al Ayuntamiento, como propietario, de imposibilitar la ejecución de un proyecto de rehabilitación integral del edificio que, según los activistas, ya está redactado y es “imprescindible” para la conservación del inmueble. En el segundo, de 12 de diciembre, piden a la Gerencia de Urbanismo que requiera al Consistorio para que este “dé efectivo cumplimiento a su obligación de conservar el edificio” y reiteran “la urgencia” de una reunión.

El jueves, dos días antes de la manifestación, se produjo el primer encuentro, convocado la tarde anterior por el gabinete del propio alcalde, y al que acudieron De la Torre, la concejala de Cultura, Gemma del Corral, y el de Urbanismo, Francisco Pomares. Según Amanda Romero, “no se avanzó nada”, pero se recuperó el diálogo y se celebrará una nueva reunión próximamente.

Desde el Consistorio se desliza la idea de sacar la gestión del espacio a concurso, que los activistas rechazan porque entienden que el protocolo de 2011 y la gestión de los últimos años les legitima para la adjudicación directa. Se consideran “referente a nivel estatal e internacional de espacio de gestión ciudadana” y ejemplo de pluralismo: “No puede estar más rentabilizado social, cultural y económicamente”. Con la manifestación de este sábado y la campaña de financiación pretenden mostrar ante el Ayuntamiento la fuerza de una propuesta que lleva más de siete años en un limbo legal.