El abogado de Zarrías acusa a PP y Fiscalía de buscar de los peritos un veredicto sobre culpabilidad en los ERE

El abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, que defiende al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos durante una década, ha argumentado este martes su decisión de impugnar la prueba pericial practicada durante el juicio por considerarla judicial, al tiempo que ha reprochado al Ministerio Fiscal y al PP-A que hayan querido buscar de los nueve peritos, como si fuesen un jurado popular, un veredicto sobre la culpabilidad de los acusados.

Tras anunciar durante su escrito de conclusiones definitivas que impugnaba la prueba pericial, desarrollada durante más de seis semanas, adhiriéndose la mayoría de las defensas a esta impugnación, este martes el letrado defensor ha expuesto en su informe final los dos motivos que le llevan a pedir que la prueba sea eliminada.

Así, ha indicado que la Fiscalía y el PP-A han pretendido convertir la pericial en una prueba de cargo, “quizás la única”, sobre la participación de los acusados, interrogando a los tres peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la participación de los acusados en los hechos y qué tenían que haber hecho ante las irregularidades, buscando “lo que podemos calificar de un veredicto de un jurado”, con el fin de obtener “prueba de cargo contra Zarrías”, acusado en este juicio por un delito de prevaricación y por el que se solicita diez años de inhabilitación.

La segunda razón es, según el letrado de la defensa, por la influencia “negativa” que ha tenido la pericial en el objeto del procedimiento. Martinez-Fresneda ha realizado un recorrido desde el origen de la pericial para evidenciar la desviación en su objeto que ésta ha sufrido. Por auto de febrero de 2012, la juez instructora Mercedes Alaya acuerda solicitar a la IGAE una prueba pericial contable para analizar cuestiones económicas o financieras, extremos “necesarios” por aclarar para seguir “el destino del dinero” presuntamente defraudado.

Si bien, ya en ese escrito estaba el “germen de la desviación” del objeto de la pericial, pues Alaya pide que se analicen los expedientes de las ayudas concedidas y determinar la normativa aplicable, así como pronunciamientos sobre cuestiones legales como la idoneidad del procedimiento.

Cuando esta defensa tuvo conocimiento de la pericial --Zarrías fue imputado en 2014--, la pericial “ya se había desviado” a una pericial judicial, por lo que trasladó su queja en 2015 al instructor de la causa especial en el Tribunal Supremo, sobre todo, tras solicitar éste a la IGAE un informe sobre las cuestiones que se abordaban en el 'consejillo', que “no era objeto de investigación para un perito”, según el abogado. Ese informe nunca se aportó a la causa, según ha recordado el letrado, que ha apuntado que también pidió información al TS sobre las reuniones “privadas de trabajo” del magistrado con los peritos de la IGAE y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

“LECCIÓN DE DERECHO DE UN ECONOMISTA”

“Se abandonó la cuestión contable, sentido lógico de la pericial, y la búsqueda de dónde había ido el dinero, para convertirlo en una pretendida lección de derecho --durante el juicio-- a los letrados, al tribunal y a los fiscales por parte de un economista --Ángel Turrión, jefe de los peritos de la IGAE--”, ha criticado Martínez-Fresneda, quien también ha alertado de que se convirtió en una pericial sobre la responsabilidad penal de los acusados.

El abogado, que ha dejado claro que no busca la recusación de los peritos de la IGAE, ha explicado que la pericial consistió, como así insistió Turrión, en “respaldar sus afirmaciones en las normas y los documentos” que disponía. “Puso de relieve --Turrión-- que su trabajo era poner de relieve una legislación técnica y para eso se pidió el auxilio judicial, lo que hacía evidente la lección de derecho. Si no lo clarificaba --Turrión-- no lo entenderíamos”, ha afirmado el letrado de la defensa.

Para Martínez-Fresneda, el tribunal de la Sección Primera, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle, “no necesita que un perito clarifique lo que viene en la ley”. En esta línea, ha considerado que las acusaciones “han franqueado una línea roja” al convertir la pericial en una prueba sobre culpabilidad, recordando que el abogado del PP-A centró su interrogatorio a los peritos de la IGAE en la participación de los acusados “y no satisfecho, después sobre la conducta exigible” a cada uno.

“Con todos los respetos, esta forma de lleva la pericial por la Fiscalía y el PP-A supone una flagrante vulneración de la Constitución”, que señala que los encargados de juzgar son los tribunales. “Parecía que se pedía a los peritos, nueve como un jurado popular, un veredicto”, ha añadido el abogado.

De otro lado y con respecto a la jurisprudencia “clara” del Tribunal Supremo sobre las periciales judiciales, Martínez-Fresneda ha apuntado la reciente sentencia del Caso Nóos en la que se apunta que este tipo de periciales supone “un asesinato alevoso” del principio 'iura novit curia' (aforismo latino que significa 'el juez conoce derecho').

JURISPRUDENCIA DE LA PROPIA SALA

En este punto, ha aludido a dos autos de diciembre de 2017 de la propia Sección Primera de la Audiencia, en el caso derivado de los ERE que investiga los avales concedidos por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a empresas en crisis, en el que tras recursos de la Fiscalía y del PP-A rechaza la realización de una prueba pericial judicial, sosteniendo tanto Ministerio Público como PP-A “lo contrario que lo que sostienen aquí”, según Martínez-Fresneda.

Sobre el cambio de criterio del PP-A, que “no se conformaba con rechazar la pericial sino que recusaba a los peritos porque no eran los mismos” que en el caso ERE, Martínez-Fresneda ha indicado el “argumento brillante” usado entonces por el PP-A, que los interventores propuestos eran de la Intervención General de la Junta de Andalucía que “dependían del Gobierno andaluz y no son imparciales”. “Los peritos de la IGAE fueron nombrados por el interventor general del Estado nombrado por el Gobierno del PP”, ha apuntado el abogado, que no ha querido usar el mismo argumento: “Dejo sobre la mesa el brillante argumento, a cada uno lo suyo”.

A juicio del letrado de la defensa, toda la instrucción ha estado tramitada en paralelo a los informes de la IGAE, “columna vertebral” de la instrucción y que se ha aparatado de su función básica, el seguimiento de los fondos que se consideran fraudulentos “porque el procedimiento de concesión era fraudulento y fraudulentas las ayudas”, por ello se posterga el seguimiento de dinero.

“La hipérbole de los 800 millones malversados con la que nos han machacado las acusaciones ha dejado en un segundo plano las desviaciones puntuales”, ha señalado, precisando que ahora interesa el procedimiento “fraudulento”, empezando el proceso judicial “por arriba, por la cúpula de la Junta”, lo que considera “un éxito de la estrategia del PP”, en lugar de comenzar por abajo, el órgano concedente, y las desviaciones concretas.

Comienzan el procedimiento judicial por los 800 millones “malversados” que “se explica por el procedimiento específico fraudulento”, algo que es “falso”. La pericial, a juicio del abogado, ha hecho “mucho daño al procedimiento, porque ha desviado el objeto, el juicio y las piezas separadas, concluyendo que procedimiento fraudulento ergo todas las ayudas son fraudulentas y aquí se deja de investigar”. “Y luego se viene aquí a repartir culpas, afectando a todos los acusados”, ha añadido.