El presidente de Andalucía reprende a los consejeros de Salud y Educación por subestimar el diálogo social con los sindicatos

24 horas después de la investidura de Pedro Sánchez, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha reiniciado el curso político de la mano de los agentes sociales -patronal y sindicatos- con los que espera mantener un diálogo fluido para evitar que se quiebre la estabilidad de su Gobierno en esta legislatura. En su primera reunión desde septiembre, las secretarias generales de CCOO y UGT en Andalucía, Nuria López y Carmen Castilla, han trasladado al presidente su queja por la falta de interlocución con dos miembros de su gabinete, los consejeros de Salud y Educación, Jesús Aguirre y Javier Imbroda. Moreno ha admitido que existe ese déficit y ha anunciado que pedirá expresamente a sus consejeros que “mejoren” el diálogo y la negociación con los representantes de los trabajadores de los dos servicios públicos más soliviantados por los recortes.

El presidente de la Junta ha querido pilotar personalmente el diálogo con los agentes sociales, otorgando a estas reuniones una importancia de primer nivel. Moreno está convencido de que la interlocución permanente con los sindicatos y la patronal es necesaria para garantizarse la paz social, para no poner en peligro la estabilidad de su mandato, ni verse sorprendido por un estallido de protestas en las calles como el que golpeó mortalmente al anterior Gobierno de Susana Díaz. No es casual que el primer tropiezo en esta estrategia se haya dado en dos de los departamentos más sensibles de la Junta de Andalucía: Salud y Educación. Se trata de los dos servicios esenciales más dañados por los recortes en el gasto público que se iniciaron en 2011, en el fragor de la crisis, y que aún no se han recuperado.

El Presupuesto en vigor, recién aprobado, contempla una partida récord para la sanidad pública, pero la Junta admite que no es suficiente: hay un déficit arrastrado de 3.000 millones de euros, según cálculos de la Consejería de Hacienda, y existen problemas de gestión y coordinación que el nuevo gabinete no ha sabido aún corregir. La crisis de la listeriosis, que afectó a más de 200 personas y causó tres muertes y siete abortos, y las continuas protestas del personal sanitario en varias provincias andaluzas puso en tela de juicio la continuidad del consejero Aguirre y se llevó por delante al gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Moreno, a quien los sindicatos reprochaban “poca cintura para negociar”.

“El diálogo social no está llegando a todas las consejerías”

Las primeras manifestaciones de trabajadores públicos que se han alzado contra el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, con apenas un año de vida, las ha protagonizado el personal sanitario y el colectivo de profesores. La razón principal es la escasez de personal y la tardanza para cubrir las bajas médicas, que ha ahondado en el largo deterioro de la sanidad y la educación. Los sindicatos del sector han secundado esas protestas, pero no han encontrado interlocutor en las consejerías que gestionan dichas políticas. “El diálogo social es fundamental para la paz social, pero ese diálogo no está llegando a todas las consejerías. En algunos órganos no funciona con la eficacia que desearíamos”, ha admitido Moreno en una comparecencia en San Telmo junto a las líderes sindicales y el presidente de la Conferencia de Empresarios Andaluces (CEA), Javier González de Lara.

El presidente recogió el guante que le lanzaba, sobre todo, la dirigente de CCOO, que es quien ha puesto apellido a esas consejerías reacias al diálogo con los sindicatos. “Nos preocupa el deterioro de los servicios públicos. El Gobierno andaluz no ha explorado las vías que tiene en su mano en materia de presupuestos. Necesita hacer los deberes, y al diálogo social le está costando arrancar”, ha sentenciado López. Moreno se ha excusado en que este primer año de Gobierno, con cuatro procesos electorales y muchas reformas en ciernes, no ha facilitado el diálogo con los agentes sociales, pero se ha comprometido a dar un tirón de orejas a los titulares de Salud y Educación: “No hay fluidez en el diálogo entre los máximos titulares de algunas consejerías y los sindicatos. Pediré en el Consejo de Gobierno que se mejore esa interlocución y que sea horizontal”, ha subrayado el presidente, que espera que su propia implicación personal en este foro con sindicatos y patronal contagie al resto de miembros de su gabinete.

Moreno Bonilla ha retomado el curso político con una imagen muy potente, arrimado a los sindicatos y los empresarios bajo los techos del Palacio de San Telmo. Minutos antes, el presidente de la Junta se envolvía en la bandera del Estatuto de Autonomía, que el próximo 28 de febrero cumple 40 años, para lanzar un mensaje determinante al presidente Pedro Sánchez: si su pacto con ERC y PNV deriva en un modelo “asimétrico” de España, si se traduce en beneficios financieros para Catalunya y Euskadi en detrimento de Andalucía, usará todas las medidas “legales, políticas y sociales” para evitar que “pisoteen los intereses de los andaluces”. La advertencia la ha hecho en Canal Sur Radio, subrayando que será el quien encabece y llame a los andaluces a manifestarse en las calles.

Para reeditar ese espíritu del 28F, el Gobierno andaluz necesitaría contar con la connivencia de los sindicatos, pero ni la líder de CCOO ni la de UGT se ven compartiendo pancarta con Moreno en defensa del Estatuto andaluz, dadas las “contradicciones” que afronta su Ejecutivo, que depende del apoyo del grupo de extrema derecha Vox. Con todo, la intención del presidente de la Junta es reunirse personalmente con sus máximos dirigentes una vez al mes -así lo anunció en septiembre- aunque la agenda es tan frenética que difícilmente puede cumplir su propósito. Junto a él se sientan los consejeros de Economía, Empleo y Presidencia, Rogelio Velasco, Rocío Blanco y Elías Bendodo. En el centro de la reunión se sitúa el principal problema que lastra a una comunidad de 8,5 millones de habitantes y un PIB de 160.000 millones de euros: una tasa de paro “intolerable” -ahora se sitúa en el 21,8% de la población activa- y un diferencial crónico respecto a la media de España (ahora mismo está siete puntos por encima).

Las reformas de Sánchez

El escenario para preservar el diálogo social es complejo. El nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Podemos se ha comprometido a hacer reformas de calado que van a afectar a la economía del país, el modelo productivo y la política fiscal: el aumento del salario mínimo interprofesional, el aumento de las pensiones con carácter retroactivo desde el 1 de enero y su equiparación al incremento del IPC, la derogación parcial de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, que devolverá robustez a los convenios colectivos, o una subida del IRPF a las rentas superiores a los 130.000 euros anuales.

El presidente andaluz y la patronal han coincidido al hacer una valoración negativa de estas medidas, que sí han sido aplaudidas por CCOO y UGT. A González de Lara le preocupa que este nuevo marco de negociación laboral dispare la conflictividad y recuerda que el año pasado, gracias al diálogo de los agentes sociales, se han evitado en Andalucía el 40% de las desavenencias entre trabajadores y empresas y el 60% de las huelgas previstas. El presidente de la patronal recela de la subida impositiva anunciada por Sánchez, porque cargará “sobre las clases medias” y “penalizará a la ciudadanía”. En Andalucía, sin embargo, el aumento del IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros afectará al 0,33% de los contribuyentes, según datos de la Consejería de Hacienda.

Moreno Bonilla ha asegurado que las recetas de Sánchez y Pablo Iglesias “son lesivas para los intereses de España y de Andalucía”, y ha sugerido que las previsiones de crecimiento económico contempladas en el Presupuesto andaluz de 2020 podrían verse alteradas. “Con estas medidas no vamos a crecer más ni a crear más empleo. Y si a España le va mal, habrá un efecto contagio para Andalucía y nos va a perjudicar”. En el ámbito fiscal, el presidente de la Junta ha confiado en que el Gobierno central respete el “autogobierno andaluz” y no le imponga “un modelo fiscal contrario a nuestro pensamiento”.