Ciudadanos gana el pulso al PP y liderará la investigación sobre el uso de fondos del Gobierno andaluz en prostíbulos

El Parlamento de Andalucía ha constituido una comisión para investigar a una fundación adscrita a la Consejería de Empleo durante los gobiernos del PSOE (Faffe) y el supuesto uso irregular de fondos públicos en prostíbulos, fiestas, joyas, regalos... La comisión de investigación de la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe) es uno de los puntos prioritarios del acuerdo de Gobierno firmado por PP y Ciudadanos. Pero es mucho más que eso. Representa una plataforma privilegiada para denunciar la corrupción en anteriores gobiernos socialistas y, de paso, para presentarse como adalid de la regeneración democrática. Ese papel lo ansían ambos grupos, de ahí que los socios de Gobierno hayan forcejeado hasta el último minuto para controlar la comisión y hacerse con su presidencia.

Finalmente los populares han cedido y será el diputado de Ciudadanos por Jaén, Enrique Moreno quien la dirija. Pero en el camino, los socios han vuelto a visibilizar su fricción interna dentro del Ejecutivo. Los dos han negociado a puerta cerrada, los dos han presentado a sus candidatos por separado y los dos han expresado, hasta el último minuto, su propósito “irrenunciable” a liderar la comisión que prevé depurar responsabilidades políticas de antiguos dirigentes del PSOE. PP y Cs gobiernan juntos, pero se separan cada vez que tienen que proteger intereses de partido. Son dos formaciones que compiten por el mismo espacio político y que se encuentran a un mes de unas elecciones generales decisivas, no sólo porque de ellas saldrá el Gobierno de España, sino porque van a redibujar el mapa de alianzas entre partidos en todo el país.

PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo a regañadientes. El PSOE -que será el principal investigado- se ha abstenido, y tanto Adelante Andalucía como Vox han votado a sus propios candidatos. El elegido para presidir la comisión es un diputado joven que se estrena en la Cámara esta legislatura. Enrique Moreno tiene 32 años, es abogado de profesión, y fue de número dos de Cs por Jaén. De su actividad parlamentaria todavía se conoce poco, pero tiene la peculiaridad de ser el hijo de Miguel Moreno, histórico alcalde del municipio jiennense de Porcuna y candidato crítico a liderar el PP de Jaén en las primarias de 2017, que terminaron en bronca orgánica, escisión, ruptura, denuncia de pucherazo en los tribunales y éxodo de concejales del PP a Ciudadanos.

El regidor de Porcuna está detrás de la mayor grieta orgánica que ha sufrido el PP andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla, incapaz de contener la sangría de cargos públicos en Jaén. Moreno ganó en votos de militantes, pero su rival -Juan Diego Requena, actual presidente- recibió más compromisarios de la dirección provincial, garantizándose la victoria en la segunda vuelta. El alcalde presentó una querella contra el ex presidente provincial del PP jiennense, José Enrique Fernández de Moya (ex secretario de Estado de Hacienda), principal valedor de su rival en las primarias, pero terminó perdiendo el congreso. Después de aquello, y tras 30 años de militancia en el PP, encabezó la plataforma Jaén Adelante, que aglutinó a críticos con la dirección provincial de 20 municipios, que terminaron integrándose en Ciudadanos.

El propio Albert Rivera vio la oportunidad de ganar implantación en la única provincia donde no había obtenido representación en las andaluzas de 2015, y se personó en Jaén para pilotar el trasvase de populares a su partido (bajo condición de que dejasen el acta). Aquel episodio fue el de mayor bronca política entre PP y Cs. Es paradójico que dos años después, ya como socios de Gobierno, hayan forcejeado por liderar una comisión de investigación que termina en manos de un diputado naranja, hijo de un tránsfuga del PP a Ciudadanos.

La Faffe era una empresa pública andaluza orientada a la formación de parados, objeto de otra investigación por presuntas irregularidades en los contratos de formación. Era un órgano dependiente de la Consejería de Empleo del Gobierno andaluz que dispuso de un presupuesto de 828 millones de euros entre 2004 y 2010, periodo en el que se han detectado 32.000 euros de gastos irregulares en prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz, vinculados a la tarjeta de crédito de su ex director, Fernando Villén. La fundación quedó extinguida en 2011 y su personal se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La ex presidenta Susana Díaz ordenó paralizar las políticas activas de empleo en 2016, cuando salieron a la luz las primeras irregularidades en la contratación a empresas de cursos de formación a parados. El tema concreto de los fondos públicos en varios club de alterne es una pieza separada de dicha investigación pilotada por la jueza María Núñez Bolaños, que también instruyó el caso del fraude de los ERE en su fase final. 

Los hechos que se denuncian -el gasto en prostíbulos y fiestas- ocurrieron hace ocho años, pero recobraron actualidad cuando un juez reabrió la investigación. La Faffe es mucho más: el líder del PP andaluz y hoy presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, inició su campaña de las pasadas elecciones andaluzas a las puertas del prostíbulo de Sevilla donde supuestamente se usó la tarjeta de crédito de la Faffe y se gastó dinero destinado a la formación de parados. El presidente nacional de Ciudadanos, Juan Marín, ha esgrimido este asunto como en su día lo hizo con el fraude de los ERE, por el que pidió la cabeza política de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a cambio de apoyar la investidura de Susana Díaz.

El PP está personado como acusación particular en el caso ERE y en el caso Faffe, es quien difunde documentación del sumario, quien ha revelado las facturas en los prostíbulos y quien solicitó la creación de la comisión de investigación en el Parlamento, que fue respaldada por todos los grupos, incluido el PSOE. Por eso reivindica la presidencia, y porque es el único partido que no ha pilotado una investigación parlamentaria hasta la fecha. La comisión del caso ERE recayó en manos del ex diputado de IU Ignacio García; la comisión que investigó las irregularidades en las ayudas para cursos de formación a parados fue presidida por el diputado de Cs, Julio Díaz. La comisión de la Faffe que se constituyó en el tiempo de descuento de la pasada legislatura recayó, sorpresivamente, en manos de una diputada del PSOE -Marisa Bustinduy- porque el resto de grupos de la oposición fue incapaz de ponerse de acuerdo para elegir a un nombre alternativo, de un partido distinto al que está siendo investigado por dicha comisión.

Ciudadanos vuelve a reclamar la presidencia en este órgano porque suyo es el bloque de regeneración democrática del Gobierno andaluz -en manos del vicepresidente Juan Marín- y porque se reivindican, frente al PSOE pero también frente al PP, como el único partido que no ha sido investigado por financiación ilegal. La formación naranja no descarta llamar a declarar a Chaves, a Griñán y a Díaz, a pesar de que ésta última no formaba parte del Gobierno andaluz en la etapa que se investiga.

El informe de la Guardia Civil denuncia que entre finales de 2004 y mediados de 2010, el ex director de la Faffe, Fernando Villén, usó tres de las seis tarjetas de crédito en su poder vinculadas a la empresa pública para pagar “12 juergas o bacanales”, en palabras del PP, en los prostíbulos Don Angelo y Club Top Show (Sevilla); Sala Deluxe y La Casita (Córdoba) y Bahía Dos (Chiclana, Cádiz). La UCO confirma que hubo 43 cargos con estas tarjetas en estos clubs de alterne, y un otro gasto “en efectivo” de 306 euros. En total, se usaron 31.969 euros de dinero público en prostíbulos, y la Guardia Civil no puede acreditar que se devolviera. Aunque la contabilidad de las tarjetas recoge la devolución de estos gastos, “dicha devolución se apunta, pero el dinero no aparece”.

La Faffe dispuso de 13 cuentas corrientes y ocho tarjetas de crédito: dos Visa, cinco American Express y una Mastercard. La Guardia Civil ha rastreado el uso de más de 80.000 euros en “gastos personales” de Villén y su hermano (también empleado de la empresa pública), la mayoría en peajes de autovía, comilonas en grandes restaurantes y otros “gastos sin justificar”. No obstante, el informe subraya que “el mayor gasto” con estas tarjetas de crédito se ha localizado en los cinco prostíbulos.