Una comisión orquestará el desalojo voluntario de las familias de la Corrala Utopía

Una comisión para orquestar el desalojo voluntario de las viviendas. Es el resultado de la reunión entre el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para encontrar una solución a la situación que atraviesan las familias que habitan los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', conocida como Corrala Utopía.

Durante el encuentro, como ha explicado Maeztu posteriormente a los medios, las partes han acordado crear inmediatamente la citada comisión, pues el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha ordenado ya tanto el desalojo forzoso como que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “den cumplimiento” a dicha orden. La reunión, de hecho, se ha celebrado después de que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmara el auto.

Maeztu ha comparecido ante los medios de comunicación flanqueado por la delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Granada Santos, y la concejal de Familia, Bienestar Social y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo-Blanco. A la hora de dar cuenta de lo acordado, Jesús Maeztu ha defendido “la firme resolución” del Ayuntamiento y la Administración andaluza de “intentar llegar a una solución que evite un desalojo no voluntario que traería consecuencias de todo tipo”. Por eso, en esta “primera reunión”, ambas partes han acordado crear “una comisión” que comenzará a funcionar este mismo jueves para “dar cumplimiento” al auto de desalojo, “atendiendo los derechos de los más vulnerables” a través de soluciones “factibles” y conforme a la Ley que “eviten llegar a una situación que nadie quiere”.

Mientras la Junta de Andalucía habría analizado la posibilidad de realojar a estas personas en unas viviendas protegidas de su titularidad, previo paso por unas VPO municipales porque las primeras esperan aún la conclusión de su construcción, Maeztu ha manifestado que todo debe estar sujeto a “un orden y un procedimiento” con el correspondiente cumplimiento de aspectos como la “acreditación de la necesidad de vivienda”. Ha mencionado, en ese sentido, la necesidad de evitar que se genere un “efecto llamada”.

Así, el Defensor ha anunciado que, inmediatamente, comunicará a la Fiscalía, el juzgado y la Delegación del Gobierno, de la que dependen las Fuerzas y Cuerpos de de Seguridad del Estado, “que vamos a llegar a una solución”, extremo que él mismo ha encuadrado en el cumplimiento efectivo del auto con visos a un desalojo “voluntario” de las viviendas. En ese sentido, ha señalado que la propia juez ha pedido que medien “garantías para los menores, personas mayores y personas en riesgo de exclusión social”.