La salud del futuro también estalla en Andalucía: “La Junta desprecia la investigación biosanitaria”

Los trabajadores de las cuatro fundaciones públicas dedicadas a la investigación biosanitaria (la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla -FISEVI-; en Málaga FIMABIS; en Almería, Granada, y Jaén, FIBAO; y Fundación Progreso y Salud con presencia en varias provincias) dicen que la Junta de Andalucía, de quien dependen, “desprecia” la investigación sanitaria. Después de casi cinco años de negociaciones para regular las condiciones laborales de casi 2.500 trabajadores, van a iniciar movilizaciones ante el “bloqueo” de su primer convenio colectivo por parte de la Junta y no descartan ir a la huelga si no se llega a un acuerdo. También quieren unificar las “enormes diferencias salariales” en cada categoría profesional “entre las distintas fundaciones e incluso dentro de una misma fundación”, según fuentes del comité de empresa. Así lo entienden los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SATSE y SMA que, además de la aprobación del convenio colectivo, exigen también una amplia estabilización de las plantillas, cuya “precariedad viene sufriendo más de un 90% del personal investigador” y aquel dedicado a la gestión de la investigación.

A juicio de los representantes de los trabajadores de las cuatro fundaciones, “se constata un desprecio de la Junta de Andalucía para solventar situaciones irregulares en el campo de la investigación biosanitaria, sector esencial en el actual contexto de crisis sanitaria”, en el que denuncian ciertas declaraciones “rimbombantes” desde la Junta o desde el propio Parlamento andaluz. En ese sentido recuerdan también el 'dictamen de la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia de la COVID-19', de septiembre de 2020, que, respecto a la “mejora de la investigación en nuestro sistema de salud”, disponía “aumentar la financiación de la investigación como piedra angular para adelantarnos a nuevas pandemias y como inversión en salud”, “potenciar los profesionales sanitarios investigadores y definir la carrera de investigación dentro del sistema de salud” o “aumento de las partidas destinadas a proyectos de investigación”, entre otras cuestiones. El consejero Aguirre, por ejemplo, dijo no hace mucho que la Junta quería convertir Andalucía en “un referente internacional en investigación” en el ámbito sanitario.

“Se trata de declaraciones que la dura realidad se encarga en desmentir: la Junta de Andalucía se niega a dar paso al convenio colectivo de esos investigadores y del personal de apoyo a la gestión de la investigación biomédica, personas técnico y de gestión, que ni siquiera supone subidas salariales para la mayoría, sino simplemente unificar un caos retributivo, y que supondría un coste de 95 euros al año por profesional que, encima, no pagaría la propia Junta de Andalucía”, explican fuentes del comité de empresa. El año pasado, CCOO Sevilla ya denunciaba ante el consejero Aguirre que se desbloqueara el convenio colectivo del personal investigador de la Fisevi.

Según detallan las fuentes del comité, el tema “se ha eternizado” después de que se optara por 'regionalizar' la cuestión al nivel de las cuatro fundaciones andaluzas. “Ya no nos valen las palmaditas en la espalda, porque hay que homogeneizar al personal según la categoría profesional. Hay muchos compañeros en fraude de ley, concatenando contratos de obras y servicios. El convenio está consensuado, también con los patronaros de las fundaciones, y solo tenemos el escollo de la Junta”, lamentan, haciendo hincapié en que la mayoría de los fondos privados son de concurrencia pública, a la Junta apenas le cuesta y “estamos hablando de negar un derecho a quienes nos están sacando de la pandemia”.

Una negociación “compleja”

Según detallan las fuentes, después de una compleja negociación entre las direcciones de las fundaciones y los comités y delegados de empresa, se alcanzó un acuerdo de convenio que fue remitido a la Junta para su aprobación, inciándose un largo peregrinaje del documento consensuado en distintos órganos de la administración autonómica. En primer término, según explican, las partes implicadas dieron una respuesta consensuada a más de 30 modificaciones y aclaraciones incluidas en un requerimiento de la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, que fueron validadas.

En último término, continuando con esa compleja tramitación, fue remitido a la Dirección General de Presupuestos, que ha rechazado la autorización del convenio colectivo alegando que supone un incremento de masa salarial de 237.587,99 euros, cuantía necesaria para unificar y regularizar la situación de un total de más de 2.500 personas con situaciones contractuales “precarias en muchos casos”. Las fuentes señalan que dicha cantidad no supondría ningún coste para las arcas de la Junta sino que se cubrirían con fondos propios de las respectivas fundaciones, una cuestión que se ha notificado de forma expresa por entenderse un aspecto crítico para conseguir la aprobación del convenio colectivo.

“Desprecio”

Los comités y delegados de empresa de las cuatro fundaciones solicitaron en junio de 2021 la intervención del presidente de la Junta de Andalucía para desbloquear esta situación, remitiéndole una carta informativa para que mediara en este proceso y que “desafortunadamente no ha sido atendida”, dicen las fuentes, que resaltan que “otras comunidades autónomas en la misma situación han solucionado este problema”. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, gobernada entonces por los mismos partidos que gobiernan la Junta ahora, “aprobó a comienzos de 2021 el convenio colectivo que regula las condiciones de trabajo en sus 13 fundaciones públicas de investigación, que tenían unas condiciones de desregulación y de disparidades salariales similares a las que se acontecen en las fundaciones públicas de Andalucía”.

Con sus movilizaciones, el personal de estas fundaciones quiere poner de manifiesto su “hartazgo” ante esta situación y denuncia “el contraste entre el enorme valor de la investigación biosanitaria, como demuestra su papel en la salida a la actual situación de pandemia, y el desprecio de los responsables de la Junta de Andalucía hacia ellas”. La primera de las movilizaciones en este sentido está prevista, a priori, el próximo miércoles 16 de febrero, con una concentración principal en la puerta del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y también en el resto de fundaciones.

Fisevi, por ejemplo, que es la que más trabajadores reúne de las cuatro fundaciones, tiene como misión promocionar y realizar investigaciones biomédicas de calidad en Andalucía, así como promover y desarrollar innovaciones en tecnologías sanitarias, en docencia y en la gestión de los servicios sanitarios, a través de la optimización de las actividades de gestión y fomento de la investigación en los centros y organismos del sistema público de salud de Andalucía a los que presta sus servicios. Según la última información difundida por la Fundación Progreso y Salud, algunos de sus investigadores están desarrollando un proyecto de investigación para obtener células sanas de la retina que puedan ser trasplantadas y reviertan determinadas patologías degenerativas del ojo, como la retinosis pigmentaria.

Este periódico ha querido conocer la posición de la Consejería de Salud y Familias respecto a las cuestiones que plantean las fundaciones públicas, sin obtener respuesta.