El Constitucional admite el recurso del PSOE contra el decreto andaluz que modificó de golpe 21 leyes sin debate parlamentario

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucional interpuesto por el PSOE de Andalucía contra la convalidación por la vía de urgencia, y en pleno estado de alarma, del decreto ley de simplificación administrativa del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, que modificó de una tacada 21 leyes, otros seis decretos de la etapa socialista. El decreto ley, aprobado con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, eliminó 100 trabas burocráticas con idea de agilizar el mercado laboral andaluz, suprimiendo permisos que hasta entonces eran obligatorios para impulsar ciertos negocios, entre ellos algunos que limitaban la voracidad urbanística y protegían el medio ambiente.

El objetivo de la norma, la de mayor peso político impulsada por el Ejecutivo andaluz de PP y Cs en lo que va de legislatura, era aligerar el aparato legal de la Administración autonómica, reducir tasas, liberalizar los horarios comerciales, eliminar permisos que ahora son obligatorios, muchos de ellos en materia de protección ambiental, que acompañan reformas en materia urbanística para fomentar la construcción de viviendas... La idea fundamental era desenredar la maraña burocrática de la Administración “para ganar en competitividad” y atraer más inversiones.

Los magistrados de la Sección Segunda del TC aprecian una “especial trascendencia de constitucionalidad” porque el recurso “plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal”, según la respuesta de la Sala hecha pública este miércoles por la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz.

Los socialistas andaluces presentaron el pasado junio un recurso contra este macrodecreto-ley, que el Consejo de Gobierno andaluz aprobó en marzo, a pocos días de que se decretase el estado de alarma, y que un Parlamento suspendido por la pandemia convalidó por la vía de urgencia, a través de la Diputación Permanente. Al no haber existido un debate previo en la Cámara legislativa sobre un asunto de “tanto peso político”, el principal líder de la oposición denunció ante el TC la vulneración del artículo 23 de la Constitución que regula los derechos de participación de los diputados. “Moreno Bonilla hurtó al Parlamento el debate sobre el decretazo”, ha escrito Díaz en su cuenta de Twitter.

El recurso impulsado por el PSOE andaluz venía avalado por la firma de 50 senadores socialistas, que denunciaron un grave “atropello democrático” por la aprobación de urgencia y sin debate de una norma que, decían, “sólo aporta inseguridad jurídica e incertidumbre económica y social” en momentos especialmente “delicados” para la comunidad por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. “Es una barbaridad jurídica sin precedentes”, anunció el diputado socialista y ex vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, tras subrayar que el decreto ley “destruye controles, merma a las instituciones, no vela por el interés público y degrada la función parlamentaria”. Sobre todo, añadió, “no cumplen los mínimos parámetros legales para la aprobación de este decreto por la vía urgente, como exige el Estatuto andaluz. ¿Es urgente abrir nuevos campos de golf ahora? Han metido de tapadillo modificaciones de leyes aprobadas por unanimidad y lo han hecho sin informe jurídico que lo sustente”.

En paralelo al recurso interpuesto por el PSOE, el decreto ley andaluz se topó con otro frente judicial cuando el Gobierno de Pedro Sánchez amagó con otro recurso de inconstitucional contra tres artículos de la norma que “invadían competencias del Estado”. Este pulso judicial no llegó a término, porque la Junta se avino a modificar la redacción de esos tres artículos, previa negociación bilateral con el Gobierno, que terminaría retirando el recurso. Eso no animó a los socialistas andaluces a dar marcha atrás en su ofensiva judicial, porque seguían pensando que “el fondo” del decreto vulneraba un derecho fundamental.“

El recurso del PSOE andaluz contó con el dictamen jurídico de la catedrática experta en Derecho Constitucional Ana Carmona, que advirtió sobre la “degradación clara de la función parlamentaria” y del “abuso jurídico”. Se trata de una “contrarreforma legislativa” al eliminar casi una treintena de normativas autonómicas “sin la participación de nadie” y sin urgencia “justificada”.

El pasado 9 de marzo de 2020, cinco días antes de que el presidente del Gobierno decretara el estado de alarma, lamitad de los miembros del Ejecutivo andaluz -seis de 11- comparecieron juntos para darle la mayor relevancia posible a la aprobación del decreto ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. El enemigo a derribar era la “montaña burocrática” que ralentizaba la inversión y el crecimiento económico de la región, en palabras del consejero de Economía, Rogelio Velasco. El titular de Hacienda, Juan Bravo, recalcó que las reformas se habían hecho “de la mano del sector privado”.

El trabajo previo a la redacción del decreto ley implicó la revisión de 872 procedimientos administrativos que afectaban a la actividad empresarial, y que sirvió para concluir que “un 25% de los mismos podía simplificarse”. El resultado fue un vaciamiento normativo que pretende despejar el camino a empresas y futuros inversores en Andalucía. Un ejemplo: una empresa tarda ahora de media 162 días en obtener una licencia de obra o instalación (101 días en La Rioja, a región más ágil en tramitarlas); las pymes industriales tardan 168 días de media en comenzar su actividad, mientras que en Castilla y León el mismo procedimiento administrativo tarda 62 días. “Es 13 veces más costoso que una pyme industrial se instale en Andalucía que en otra comunidad autónoma”, advierte Velasco.

Las medidas acercan el modelo económico andaluz al de Madrid, por ejemplo, con la flexibilización de los horarios comerciales, aunque no se termina de aprobar una liberalización total: las empresas de más de 300 metros cuadrados -grandes superficies comerciales, incluidos supermercados- “podrán abrir en más días festivos para competir contra Amazon y Google”, explicó Velasco. Esto ejercerá más presión el pequeño mercado de proximidad, que representa a nueve de cada diez negocios en Andalucía. Hasta ahora, la legislación andaluza permitía a estas pequeñas tiendas abrir cualquier día del años, sin limitaciones. Las grandes superficies estaban limitadas a diez festivos al año. El decreto ley ampliará ese límite progresivamente, hasta los 12 festivos este año, hasta los 14 en 2021 y hasta los 16 festivos al año en 2022.

También se modificó la legislación andaluza que regula las zonas de gran afluencia turística, donde los comercios pueden permanecer abiertos cualquier día del año. Serán los ayuntamientos los que demanden la calificación de zona de gran afluencia turística para todo el municipio, no sólo para una parte como hasta ahora, y la autorización será más rápida, más ágil, y una vez conseguida no tendrá que someterse a renovación cada cuatro años, como establece ahora una ley de Consumo, sino que se considerará definitiva.

Estas dos modificaciones van a impactar directamente contra el pequeño comercio, aunque la Consejería de Economía descarta que la competencia con las grandes superficies les aplaste. Los sindicatos, con los que no se ha negociado este asunto, recuerdan que un pequeño comercio no puede competir en plantilla y salarios con una gran empresa para abrir 24 horas al días, siete días a la semana, 365 días al año.

La Junta estima que con esta jibarización legal y burocrática, el PIB per cápita de Andalucía crecerá el 2,5% en un plazo de cinco a diez años. La liberalización parcial de los horarios comerciales está ligada directamente con el repunte del turismo, que en 2019 registró 12 millones de turistas. “Con la modificación planteada, se prevé un incremento de la demanda de un 0,9%, que se traduciría en un volumen de negocio adicional de 321 millones, la generación de 937 nuevas empresas dedicadas al comercio minorista, la apertura de 1.086 nuevos locales y la creación de 3.000 empleos”, calculan desde el departamento de Economía.

La revolución verde

La eliminación de barreras burocráticas afecta a todas las consejerías que han participado en la presentación del decreto ley: Turismo, Presidencia, Hacienda, Agricultura y Medio Ambiente, Economía y Fomento. Pero de las 21 leyes que se van a derogar o modificar, ocho afectan a las políticas protección del medio ambiente.

El adelgazamiento de las normas medioambientales precede a la nueva ley andaluza del suelo que prepara la Consejería de Fomento, pero también acompaña a la reforma inminente de dos leyes de ordenación urbanística y calidad ambiental (así como a la regulación de vertidos contaminantes). Una de ellas “favorece la promoción de viviendas en Andalucía”, dice la titular del ramo, Marifrán Carazo. Por ejemplo, la sustitución de licencia de obras municipales por una declaración responsable (en obras menores). También se sustituye el trámite para lograr una licencia de ocupación por una declaración responsable, que afectará a nuevas construcciones con la licencia concedida por los ayuntamientos.