La mujer víctima de malos tratos durante una detención: “Mi mayor terror fue cuando me montaron en el coche. Pensaba que me iban a matar”

“Mi mayor terror fue cuando me montaron en el coche, después de hartarme de hostias, cogerme de los pelos y golpearme contra la puerta… Yo pensaba que me iban a matar. Me dije: ”A estos tíos se les ha ido la olla“. No me explicaron nada”. Ana (nombre ficticio) cuenta así lo que le ocurrió hace casi siete años. Aquella medianoche varios policías le dieron el alto muy cerca de la estación de Córdoba. Media hora después tenía la nariz rota. Ella misma pidió una ambulancia, que la trasladó desde la misma puerta de la comisaría al hospital.

El Comité contra la Tortura de la ONU acaba de condenar a España porque cree que Ana sufrió, al menos, “tratos crueles, inhumanos o degradantes” por parte de los agentes, que tampoco cumplieron con su deber de solicitar asistencia médica.

Su historia comienza la tarde del domingo 27 de enero de 2013, cuando tenía 34 años. Ese día, salió. Comió y tomó algunas cervezas y un vino en un mercado medieval, y decidió acabar el día en una discoteca, la Posada de Babylonia. Alrededor de la medianoche emprendió el camino de regreso a su casa, a unos diez minutos del local. Al pasar cerca de la estación de trenes, junto al parque, cuatro agentes de paisano la interceptaron y comenzó su pesadilla de golpes, burlas y menosprecio.

“No me esperaba que me preguntaran dándome guantazos”

Según declaró ella en la denuncia que puso sólo dos días después, una agente la abofeteó mientras la interrogaban por unos hurtos cometidos en la discoteca. “Me pidieron mi bolso, se lo di y no me esperaba que me preguntaran dándome guantazos en la calle”, recuerda la mujer. Los agentes encontraron en el bolso un monedero que no era suyo: “¿Cómo le explicas eso a cuatro policías?”. Ana se quedó paralizada.

Así que deciden seguir adelante: la esposan, la golpean contra el canto de la puerta del coche policial, le tiran muy fuerte del pelo y la meten en el coche. En el trayecto hacia comisaría, aceleran y frenan para que se golpee contra la mampara separadora. Se ríen.

En comisaría comprueban su identidad y en quince minutos (según la declaración de un policía que ha podido consultar este medio) la ponen en la calle: “Me pegan una paliza a muerte y a la media hora de estar en comisaría me dicen que me vaya a mi casa”. Ella pide asistencia médica. “Me cogieron como con unas pinzas de ropa. El jefe a voces me dijo que iba a pasar toda la noche, que ni ambulancia ni mi puta madre. Desde la puerta, sentada en el suelo, llamé a la ambulancia”. Tampoco tuvo asistencia de un abogado, aunque por cuestiones técnicas el Comité ha pasado por alto esta cuestión en su resolución.

Ana insiste: la dejaron hecha un trapo. Y aclara que no robó nada. Esa noche hubo varios hurtos en la discoteca. Cuando los agentes la detuvieron ella no llevaba su propia documentación, que apareció después en la discoteca. Nunca fue condenada por el supuesto hurto. Ese procedimiento se acumuló al caso de las presuntas torturas y ambos fueron archivados por los jueces sin llegar ni siquiera a juicio.

Ella salió de la comisaría con una nariz rota, que necesitó de intervención quirúrgica y siete días de ingreso hospitalario. Tenía una “fractura de los huesos propios” y en el Hospital Reina Sofía llegaron a practicarle un TAC craneal urgente para descartar lesiones neurológicas. “Hay una declaración del médico de urgencias, un ingreso y una operación, es una evidencia”.

Una pregunta sin responder por los tribunales

A pesar de que Ana interpuso la denuncia apenas dos días después, las grabaciones de la comisaría se borraron y al juzgado sólo llegaron unos fotogramas insuficientes para apreciar nada. Un agente y el portero de la discoteca declararon ante la jueza que oyeron a Ana amenazar con autolesionarse para involucrar a los policías. De ser cierto, el portero habría escuchado esta amenaza antes de que se produjera cualquier incidente.

Siete años después, el Comité contra la Tortura para hacer hincapié en la pregunta que los tribunales ordinarios españoles dejaron en el aire: ¿cómo se rompió la nariz? Según consta en las declaraciones judiciales, un agente le dijo a la juez: “No se puede explicar las lesiones que esta señora presenta”. Sin embargo, el juzgado y la Audiencia Provincial de Córdoba archivaron la investigación sin dar respuesta. Prefirieron creer a los agentes a costa de ignorar la pregunta.

El Comité condena a España porque entiende que “no proporcionó información suficiente que permita concluir que las lesiones a la autora no fueron causadas durante su detención”. Sin embargo, en España nadie la creyó. Ni la jueza de instrucción, ni los magistrados de la Audiencia Provincial, ni la fiscal, que llegó a pedir que se la imputara por un delito de falso testimonio. Para ella, eso fue lo peor. “Yo lo que quería es que me escucharan. Ni siquiera tuve un juicio para defenderme…”, lamenta.

“Perdí la confianza”

Este episodio le creó un terrible “miedo interior”, y aún hoy toma pastillas contra la ansiedad. “Perdí la confianza hacia quienes se suponen que están para protegernos”, cuenta a eldiario.es/Andalucía. “Yo no sabía ni qué me estaba pasando. El que no te crean… Puse la denuncia y la jueza la archivó porque sólo creyó las declaraciones de la policía”. La mujer siente que la trataron como a una delincuente. “Yo no tengo antecedentes, ni soy una delincuente, y en todo caso, nadie se merece ese trato. Soy una ciudadana normal y corriente”.

Durante este tiempo ha batallado para que su caso no se cerrase. Como no tenía dinero para elevar el caso hasta el Tribunal Constitucional (que rechazó el recurso de amparo) y las instancias internacionales, acudió a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Para Valentín Aguilar, el abogado de APDHA que ha llevado el asunto, el caso demuestra que existe un problema: “En España siempre se ha negado que exista, pero los organismos internacionales sí denuncian que esto ocurre”. Según APDHA, España reconoció al comité que entre 2009 y 2012 se habían abierto 4211 procedimientos penales a funcionarios por torturas, de los que solo 29 fueron condenados. Menos del 1%. “Ese dato indica que algo ocurre: los ciudadanos no se ponen a denunciar porque sí”, apunta Aguilar.

Ante las dificultades para probar estos supuestos, los jueces optan por creer a los agentes, que alegan recurrentemente la voluntad de la víctima para autolesionarse. “Es la tendencia natural, pero los organismos internacionales dicen que en estas circunstancias hay que utilizar algo distinto que los principios habituales y tener en cuenta a la víctima”, explica el abogado.

Para Ana, la resolución del Comité contra la Tortura ha sido un alivio, aunque no le quita el “trauma” que le provocó aquella actuación policial y que nadie se sentara en el banquillo de acusados. “Estoy contenta porque alguien me ha escuchado. Hasta que no te pasan estas cosas no te puedes imaginar la cantidad de sinvergüenzas que llevan uniforme. Yo tengo familia que se dedica a esto y no quiero mirar a todos por igual, pero a algunos habría que quitarlos de ahí. Esto lo ha hecho mala gente”.